El fiscal pide dos a?os de c¨¢rcel por fraude para el due?o de Movilma

La fiscal¨ªa ha presentado escrito de acusaci¨®n en el que solicita dos penas de dos a?os de prisi¨®n para el que fue administrador de la empresa Movilma, Dagoberto Moreno, y para uno de sus socios, Jos¨¦ Ma?¨¦s Benedito. El fiscal sostiene que pudieron cometer un delito de fraude de subvenciones por cobrar 11,3 millones de pesetas (67.914 euros) de la Generalitat para realizar unos cursos de formaci¨®n que nunca se impartieron.

Los hechos arrancan el 29 de febrero de 1996, cuando Ma?¨¦s, en representaci¨®n de Movilma, solicit¨® del Departamento de Trabajo una subvenci¨®n de 54 millones de pesetas (324.546 euros) para 10 cursos destinados a parados. En esa solicitud se aseguraba que Movilma estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, pero la realidad era otra, seg¨²n el fiscal, pues el propio Dagoberto Moreno hab¨ªa solicitado tres meses antes la suspensi¨®n de pagos.

Adem¨¢s, recuerda el fiscal, con la solicitud de subvenci¨®n de Movilma se adjuntaba un certificado de solidez del inmueble en el que iban a impartirse los cursos, pero el documento correspond¨ªa en realidad a la empresa Canvi i Desenvolupament, una subcontratada. "Los acusados, adem¨¢s de falsear los datos requeridos para la concesi¨®n de la subvenci¨®n y ocultar los que la habr¨ªan impedido, eran plenamente conscientes de que Movilma ni siquiera ten¨ªa capacidad para asumir la actividad subvencionada", asegura .

Petici¨®n de devoluci¨®n

Finalmente, ante "la solicitud tan arteramente formulada", el Departamento de Trabajo concedi¨® a Movilma tres cursos de formaci¨®n el 12 de julio de 1996. El 75% de la subvenci¨®n (8,4 millones de pesetas) se pag¨® en agosto de 1997. Sin embargo, en diciembre de ese mismo a?o se requiri¨® a Movilma para que justificase la realizaci¨®n de los cursos y abonase el 25% restante. Fue entonces cuando la empresa comunic¨® que estaba en suspensi¨®n de pagos. Despu¨¦s se supo que los cursos hab¨ªan sido subcontratados. En julio de 1999, la Administraci¨®n catalana revoc¨® la subvenci¨®n y exigi¨® a Movilma que le abonase aquella la cantidad, cosa que nunca ocurri¨®.

El abogado defensor, Miguel Capuz, del despacho Piqu¨¦ Vidal, sostiene que no existe delito porque la cantidad que pag¨® la Generalitat no supera los 10 millones de pesetas que establece el C¨®digo Penal para que se produzca. La defensa tambi¨¦n entiende que el supuesto delito est¨¢ prescrito porque han pasado m¨¢s de cinco a?os entre el pago de la subvenci¨®n, en 1996, y el escrito de acusaci¨®n del fiscal, de 2003. El proceso penal arranca en 2000, cuando no hab¨ªa transcurrido ese plazo. La defensa afirma, adem¨¢s, que a su cliente se le acusa por un delito del que nunca fue imputado durante la instrucci¨®n de la causa. El caso s¨®lo est¨¢ pendiente de que se fije la fecha de la vista, despu¨¦s de que el juez abriese juicio oral.