La Generalitat prepara una ley para que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos
Bienestar y Familia proteger¨¢ con m¨¢s ayudas econ¨®micas a las unidades monoparentales
El Departamento de Bienestar y Familia quiere que la homosexualidad deje de ser una barrera para las parejas de gays o lesbianas que desean adoptar hijos. Para ello, la Generalitat revisar¨¢ la Ley de Uniones Estables de Pareja, seg¨²n asegur¨® ayer la consejera Anna Sim¨®, quien anunci¨®, adem¨¢s, que incrementar¨¢ las ayudas a las familias monoparentales, crear¨¢ 6.800 plazas de residencia para ancianos y ceder¨¢ m¨¢s competencias a los ayuntamientos.
La consejera Anna Sim¨® asegur¨® ayer en el Parlament, en la que era su primera comparecencia en la comisi¨®n de pol¨ªtica social, que su departamento ya tiene elaborado un borrador de la nueva Ley de Uniones Estables de Pareja, en cuya exposici¨®n de motivos argumenta que en toda adopci¨®n "el criterio que ha de prevalecer es el derecho del ni?o a tener unos padres, as¨ª como la idoneidad de los solicitantes para adoptar, sea cual sea la orientaci¨®n sexual de ¨¦stos".
Catalu?a se convertir¨¢ en la cuarta comunidad aut¨®noma en impulsar una legislaci¨®n para que la homosexualidad deje de ser una barrera para las parejas que desean adoptar hijos. Navarra y el Pa¨ªs Vasco ya han elaborado leyes que recogen el derecho de las parejas de gays o lesbianas a adoptar, pero ambas est¨¢n suspendidas porque el PP recurri¨® contra ellas ante el Tribunal Constitucional. La comunidad de Arag¨®n aprob¨® tambi¨¦n una normativa similar en diciembre del a?o pasado, pero est¨¢ pendiente de su aprobaci¨®n definitiva. El PP ya ha anunciado que recurrir¨¢ tambi¨¦n contra esta ley aragonesa.
El nuevo Gobierno catal¨¢n quiere equiparar tambi¨¦n las parejas homosexuales con las heterosexuales en el derecho al matrimonio y por ello ha anunciado que impulsar¨¢ medidas legislativas en el Congreso destinadas a alcanzar este objetivo, ya que es una competencia estatal.
?stas son otras de las actuaciones previstas por el Departamento de Bienestar anunciadas ayer por la consejera:
- Familias monoparentales. El Gobierno ampliar¨¢ las ayudas a las familias monoparentales (formadas por un solo progenitor) dado que sufren "mayor riesgo de exclusi¨®n" que las familias convencionales. Este tipo de unidades familiares (m¨¢s de 14.000 en Catalu?a) se equiparar¨¢n a las familias numerosas y recibir¨¢n una paga anual de 625 euros
por cada hijo menor de seis a?os. El a?o pasado esta ayuda (que era de 600 euros) fue concedida a 105.000 familias numerosas. Al margen de estas ayudas, la Generalitat seguir¨¢ pagando al resto de las familias 525 euros por cada hijo menor de tres a?os.- Adopciones nacionales.
Bienestar Social quiere dar prioridad a la adopci¨®n nacional sobre la internacional, y muy especialmente a la acogida profesional (es decir, la de familias que reciben ayudas econ¨®micas para acoger temporalmente a ni?os desamparados). "En los centros de la Direcci¨®n General de Atenci¨®n a la Infancia, hay muchos ni?os susceptibles de ser adoptados o acogidos", afirm¨® ayer Anna Sim¨®. La consejera tambi¨¦n anunci¨® que a m¨¢s largo plazo los t¨¦cnicos del departamento asumir¨¢n las tareas de gesti¨®n y tramitaci¨®n de las adopciones internacionales, que ahora se delegan en entidades externas, con lo que tanto la Administraci¨®n auton¨®mica como los adoptantes "se ahorrar¨¢n muchos gastos".
- Ancianos. Hasta 2006, el nuevo Gobierno de izquierdas crear¨¢ 6.800 plazas financiadas p¨²blicamente para alcanzar la cobertura del 2%. Seg¨²n c¨¢lculos provisionales del Ejecutivo, casi 800 ancianos est¨¢n en lista de espera para una plaza p¨²blica en una residencia. Bienestar y Familia quiere, sin embargo, que los ancianos que lo deseen (la gran mayor¨ªa) puedan envejecer en casa, por lo que ampliar¨¢ del 1% al 4% la cobertura en atenci¨®n domiciliaria.
- Discapacitados. Se modificar¨¢ la normativa para derogar la obligaci¨®n actual de los padres de contribuir a financiar la acogida de los discapacitados en residencias (actual decreto de precios p¨²blicos).
- Complementos a las pensiones. Pese a la ley estatal que proh¨ªbe complementar pensiones a las comunidades aut¨®nomas, Bienestar y Familia seguir¨¢ con su "firme compromiso" de ayudar a las personas con menos recursos. El departamento ya ha abierto la convocatoria de ayudas para complementar la pensi¨®n de viudedad a 135.000 personas. La consejera anunci¨® ayer que se establecer¨¢n ayudas anuales para conseguir en ocho a?os que todas las personas beneficiarias de pensiones contributivas y no contributivas lleguen como m¨ªnimo al 100% del salario m¨ªnimo interprofesional.
- Cesi¨®n de competencias a los ayuntamientos. Sim¨® quiere reforzar el papel de los ayuntamientos en la prestaci¨®n de servicios sociales, algo a lo que, seg¨²n denunci¨® ayer, el anterior Gobierno se mostr¨® excesivamente reacio. En un plazo de entre cuatro y seis a?os, las oficinas que Bienestar Social tiene en casi todas las poblaciones pasar¨¢n a manos "del mundo local". La gesti¨®n de equipamientos c¨ªvicos, como casals u hoteles de entidades, tambi¨¦n se ceder¨¢ a los ayuntamientos en un plazo de seis a?os.
?ste es uno de los pocos anuncios de Anna Sim¨® que generaron ayer las suspicacias de la oposici¨®n. La ex consejera de Bienestar Social Irene Rigau apunt¨® que su sucesora pretende "adelgazar" el departamento despoj¨¢ndose de sus responsabilidades, a lo que Anna Sim¨® respondi¨® que la Generalitat seguir¨¢ coordinando, coplanificando e inspeccionando todos los servicios sociales
- M¨¢s gasto en pol¨ªtica social. Ante las preguntas del PP y CiU sobre c¨®mo piensa financiar las medidas anunciadas, Sim¨® explic¨® que su departamento cumplir¨¢ el mandato del Parlament -"nunca cumplido por CiU", dijo- de destinar al menos el 4% del presupuesto de la Generalitat a pol¨ªticas y servicios sociales. Bienestar y Familia tambi¨¦n quiere reducir gastos con la supresi¨®n de cargos y con la asunci¨®n de labores que hasta ahora estaban delegadas en entidades privadas externas.
- Servicios universales. Universalizar el acceso a los servicios sociales, al igual que a la sanidad y la ense?anza, es el objetivo principal de la ley de servicios sociales que se redactar¨¢.
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