Orden de campa?a

El Parlamento catal¨¢n constituy¨® el pasado lunes la comisi¨®n que debe redactar el proyecto de reforma del Estatuto de Catalu?a. Se cumpl¨ªa as¨ª un compromiso electoral de todos los partidos con representaci¨®n en la C¨¢mara catalana, salvo el PP. El Gobierno catal¨¢n ha incluido esta reforma entre sus prioridades legislativas, en consonancia con los programas electorales de los tres partidos de la mayor¨ªa gubernamental.

La comisi¨®n parlamentaria establecer¨¢ ahora la metodolog¨ªa de redacci¨®n del nuevo Estatuto. Es de subrayar el impecable procedimiento escogido por los partidos catalanes, que contrasta con la propuesta unilateral del plan Ibarretxe en Euskadi. Los partidos catalanes llegan a la comisi¨®n sin un documento previo. Cada cual aportar¨¢ sus ideas y propuestas, pero nadie intenta imponer a los dem¨¢s un texto de partida. El trabajo se har¨¢ buscando el consenso sobre la base de las aspiraciones formuladas por cada uno de los partidos y con el objetivo de que el documento final tenga el m¨¢ximo apoyo parlamentario posible.

Los partidos catalanes saben perfectamente que tienen escasa viabilidad aquellas propuestas de cambio del marco institucional que no cuenten con el respaldo de unas mayor¨ªas muy amplias y que la reforma debe ser capaz de suscitar, adem¨¢s, un consenso equivalente en las Cortes espa?olas.

De momento, el PP ha sido el ¨²nico partido que se ha marginado voluntariamente de la comisi¨®n, aunque ha dejado la puerta abierta a su incorporaci¨®n al grupo de trabajo despu¨¦s de las elecciones del 14-M. Por m¨¢s que los dirigentes del PP catal¨¢n intenten justificar su ausencia por razones de oportunidad, es indudable que es el cumplimiento de una orden de campa?a de la direcci¨®n nacional del PP. En el mismo momento, Gabriel Elorriaga, jefe de campa?a de Rajoy, ha advertido de que el PP rechazar¨¢ de plano cualquier reforma del Estatuto de Catalu?a que no cuente con el apoyo de su grupo parlamentario catal¨¢n.

Resulta obvio que la reforma del Estatuto necesita para su tramitaci¨®n en las Cortes Generales el voto favorable del PP (y del PSOE) para conseguir la mayor¨ªa requerida. De ah¨ª que las palabras de Elorriaga tengan un cierto aroma de amenaza. Una amenaza electoral, para ser m¨¢s precisos. Lo cual no hace sino confirmar que el Partido Popular no est¨¢ dispuesto a hacer la m¨¢s m¨ªnima concesi¨®n, siquiera gestual, en un asunto que ha convertido en eje de su campa?a: el rechazo de cualquier reforma estatutaria que suponga un cambio sustancial en el modelo existente.

Al PP no parece importarle que el Gobierno de Catalu?a siga un procedimiento que pone en evidencia el que ha seguido Ibarretxe. Y tampoco que su negativa pueda desembocar en una confrontaci¨®n preocupante. Podr¨ªa darse el caso de un Estatuto aprobado por el 88% del Parlamento de Catalu?a al que no da entrada el Congreso de los Diputados por la oposici¨®n del PP.

No hay duda de que no se puede reformar el Estatuto catal¨¢n sin el acuerdo de los dos mayores partidos en las Cortes, pero ello dif¨ªcilmente ocurrir¨¢ si el PP catal¨¢n no participa desde el principio en la gestaci¨®n de la reforma. Si se inhibe y no corrige su actitud despu¨¦s de las elecciones, dar¨¢ a entender que prefiere el conflicto -entre dos legitimidades- al acuerdo razonable. Asumir¨¢ as¨ª una pesada responsabilidad.