Blindajes prohibidos
El Gobierno catal¨¢n presidido por Jordi Pujol decidi¨® prohibir los contratos blindados para altos cargos de la Administraci¨®n catalana y tambi¨¦n para las empresas en las que el Ejecutivo fuera propietario del 50% o m¨¢s del capital. Es el caso de Ferrocarrils de la Generalitat, propiedad del Gobierno catal¨¢n en su totalidad. Pese a ese acuerdo, el consejero de Pol¨ªtica Territorial, Pere Macias, blind¨® en 1999 el contrato de Antonio Herce como presidente de Ferrocarrils. Su destituci¨®n por cualquier motivo implicaba el abono de dos anualidades (unos 360.000 euros).
El consejero de Pol¨ªtica Territorial, Joaquim Nadal, asegur¨® ayer que su departamento no tiene la menor intenci¨®n de abonar esta indemnizaci¨®n, claramente ilegal ya que vulnera de pleno el citado acuerdo del Consell Executiu.
Nadal cree que debe pag¨¢rsele lo que marque la ley por los a?os trabajados.
Herce "recibir¨¢ las indemnizaciones que le correspondan por su relaci¨®n laboral con la empresa", precis¨® Nadal, pero la compensaci¨®n que establec¨ªa su contrato "ser¨¢ objeto de un informe jur¨ªdico que acredite si es oportuno hacerle frente".
El cambio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, se mostr¨® a favor de indemnizar al directivo destituido. Duran Lleida sostuvo que es "normal y usual en las administraciones p¨²blicas" que se firmen contratos como el del reci¨¦n destituido presidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Antonio Herce.
Duran no cree que contratos como los firmados por Herce estuvieran prohibidos.
Herce no proced¨ªa de otra empresa, sino que trabajaba ya en Ferrocarrils como director financiero cuando Pere Macias decidi¨® promocionarle a la presidencia.
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