Una red falseaba papeles oficiales para regular a inmigrantes

El grupo encargado de los asuntos de la Seguridad Social en el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa investiga a m¨¢s de cien personas, casi todas latinoamericanas, que han aportado imitaciones de documentos de organismos p¨²blicos, como la Delegaci¨®n del Gobierno y la Direcci¨®n General de Migraciones, con los que se obtiene el permiso de residencia y trabajo. Todos fueron contratados en diferentes empresas gracias a los papeles fraudulentos. Al menos quince de estas personas han sido detenidas e interrogadas para que expliquen la procedencia de los documentos falsos.

Los investigadores sospechan que detr¨¢s de estas falsificaciones hay una o dos redes que se lucran cobrando hasta 2.000 euros a los inmigrantes por facilitarles documentaci¨®n ilegal con la que enga?ar a empresas para que les contraten creyendo que son residentes legales.

La investigaci¨®n es fruto de las denuncias interpuestas por la Direcci¨®n General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y por la Delegaci¨®n del Gobierno. Ambos organismos detectaron la proliferaci¨®n de documentos, que ellos no hab¨ªan emitido.

El C¨®digo Penal castiga con sanciones de dos a cinco a?os de c¨¢rcel a quienes trafiquen con mano de obra sin papeles. Por eso, lo que hac¨ªa esta red es falsificar no los permisos de trabajo y residencia, sino documentos p¨²blicos, con sellos oficiales que eran burdas imitaciones, aparentando que la Delegaci¨®n del Gobierno hab¨ªa estudiado ya un caso determinado y decidido conceder el permiso de residencia y trabajo.

Fuentes cercanas a las pesquisas ignoran cu¨¢ntas personas trabajan en la actualidad merced a estos falsos documentos, si bien precisan que la polic¨ªa ha descubierto, al menos hasta el momento, en torno a cien casos. "Pero puede haber muchos cientos, se est¨¢ trabajando en ello", se?alan fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n.

Los citados medios creen que en Madrid operan dos o tres bandas organizadas que se dedican a cometer fechor¨ªas de este tipo "y a robar bajo enga?o" los ahorros de decenas de inmigrantes que caen en sus redes. Fuentes jur¨ªdicas explican que las personas enga?adas proceden de Am¨¦rica Latina, y que los falsificadores tambi¨¦n son de origen extranjero, aunque pudieran tener contactos espa?oles que les asesoran.

No todos los inmigrantes que adquir¨ªan estos documentos de imitaci¨®n eran conscientes de su falsedad. Unos s¨ª y otros no. Pero unos y otros los presentaban en las empresas y ¨¦stas los contrataban tras remitir tales papeles a la Seguridad Social con vistas a que ¨¦sta les asignase un n¨²mero de alta y pudieran trabajar legalmente.

Fue precisamente la Seguridad Social la que descubri¨® los chanchullos y dio la voz de alarma: cotej¨® nombres con la Delegaci¨®n del Gobierno y el Ministerio de Trabajo, y comprob¨® que muchos documentos eran falsos. Es entonces cuando la polic¨ªa abre una investigaci¨®n y comienza a preguntar a los trabajadores de d¨®nde hab¨ªan sacado tales papeles.

Algunos trabajadores extranjeros se enteraron de que hab¨ªan pagado dinero por un documento falso tras acudir a la Delegaci¨®n del Gobierno y a la Direcci¨®n General de Ordenaci¨®n de las Migraciones para pedir el permiso de residencia y trabajo. All¨ª supieron, por los funcionarios, que ni sus nombres ni el n¨²mero de expediente que figuraba en esos papeles ten¨ªan que ver con la realidad.

Pago de 2.000 euros

Las v¨ªctimas de estas redes aseguran haber pagado por los documentos hasta 2.000 euros a personas que, a trav¨¦s de intermediarios, hab¨ªan contactado con ellos ofreci¨¦ndoles una v¨ªa f¨¢cil y r¨¢pida de obtener el permiso para trabajar y residir legalmente en Espa?a.

Uno de los inmigrantes damnificados por esta banda es Javier B. M., cuya empresa, Se?or¨ªo de Vergara, SL, pidi¨® su alta en la Seguridad Social y fue en ese momento cuando descubri¨® que los papeles eran de imitaci¨®n y que el sello, aunque parecido, no pertenec¨ªa al organismo que hab¨ªa emitido tal resoluci¨®n.

Las v¨ªctimas de esta banda son en su mayor¨ªa ciudadanos ecuatorianos que viven en Espa?a en situaci¨®n irregular desde hace mucho tiempo. Casi todos han sido despedidos de los trabajos obtenidos mediante la documentaci¨®n falsa, ya que contratar a extranjeros sin la preceptiva autorizaci¨®n constituye una infracci¨®n muy grave sancionada por la Ley de Extranjer¨ªa con multas de hasta 60.000 euros. De momento, la polic¨ªa ha detenido a unos quince inmigrantes, aquellos que admitieron haber pagado dinero por los documentos a sabiendas de que estaban falsificados.