Rechazo al informe de la comisi¨®n

Los actores del conflicto est¨¢n insatisfechos con el trabajo de la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n (CVR). Algunos sectores militares le acusan de exculpar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Por el contrario, los grupos alzados en armas consideran que el informe final es favorable a las Fuerzas Armadas. Tambi¨¦n el APRA, principal partido pol¨ªtico peruano, ha criticado a la CVR, a la que acusa de comprometer al ex presidente aprista y futuro candidato, Alan Garc¨ªa, con las violaciones de derechos humanos. La jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica, por su parte, no ha digerido bien la evaluaci¨®n negativa que la comisi¨®n hace del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, por dar la espalda a las denuncias de violaciones de derechos humanos, cuando el hoy cardenal era el jefe de la di¨®cesis de Ayacucho, la zona m¨¢s convulsionada. "No se aceptan denuncias", pod¨ªa leerse en un cartel colgado a la entrada del despacho de Cipriani, que en cierta ocasi¨®n declar¨® que los derechos humanos "son una cojudez".

Secuelas mentales

"Es natural que cada uno haga una lectura desde su ¨®ptica pol¨ªtica e ideol¨®gica", dice Francisco Sober¨®n. Ramiro Ni?o de Guzm¨¢n es el coordinador regional de organizaciones de v¨ªctimas y afectados por la violencia pol¨ªtica de Apur¨ªmac. Perdi¨® a tres hermanos, una cu?ada y una sobrina de seis meses tras una incursi¨®n de una columna del Ej¨¦rcito en su comunidad. Cuenta que en Abancay, capital de Apur¨ªmac, el 70% de los habitantes son desplazados por la violencia, que sufren secuelas mentales y f¨ªsicas, sin apenas acceso a la salud y a la justicia. "De los 650 casos de desaparecidos y ejecutados denunciados en Apur¨ªmac no hay uno solo que haya llegado a los tribunales". Dice Ramiro que el 95% de las autoridades pol¨ªticas, eclesi¨¢sticas, judiciales, sectores de servicios como educaci¨®n y salud, les han dado la espalda. "El poder en su conjunto no est¨¢ sensibilizado ni tiene voluntad de solidarizarse con las v¨ªctimas de la violencia. Esper¨¢bamos m¨¢s del presidente Toledo".

Sarita Garc¨ªa Pinchi, presidenta del comit¨¦ regional de mujeres afectadas por la violencia en la regi¨®n de San Mart¨ªn, pide "como v¨ªctima" una reparaci¨®n individual y no colectiva. "Muchos fueron torturados, muertos, desaparecidos, violadas. ?Qui¨¦n nos va a reparar si no lo hace el Estado? El presidente, como representante del Estado, tiene una deuda con nosotros". Juana Saboya P¨¦rez, del Alto Huallaga, madre de un desaparecido, se?ala que en su organizaci¨®n son 105 mujeres que buscan justicia. "No hemos logrado nada".