El Gobierno rechaza regular por ley el acompa?amiento a sus proyectos

Los grupos del tripartito derribaron ayer en el Parlamento una proposici¨®n de ley socialista que pretend¨ªa incorporar a la Ley de Gobierno la relaci¨®n de documentos que deben acompa?ar a los proyectos de ley dentro de lo que esa norma denomina gen¨¦ricamente "antecedentes necesarios". El argumento para el rechazo, expresado ya por el Ejecutivo en su oposici¨®n a la toma en consideraci¨®n de la propuesta, es que la incorporaci¨®n a una norma legal de esos requisitos dar¨ªa lugar a "una rigidez inconveniente". El Gobierno pone por delante la necesidad de "flexiblidad y adaptabilidad a las circunstancias".

El socialista V¨ªctor Garc¨ªa ofreci¨® suprimir la enumeraci¨®n exhaustiva de los documentos exigibles y acordar una menci¨®n gen¨¦rica a la obligaci¨®n del Gabinete de acompa?ar los proyectos de ley con toda la documentaci¨®n de que el Ejecutivo disponga en relaci¨®n con cada uno de ellos. El tripartito no acept¨® y derrot¨® la propuesta.

Entre sus argumentos estuvo tambi¨¦n el de que los requisitos exigidos en la iniciativa del PSE est¨¢n ya recogidos en un acuerdo de Gobierno del pasado 3 de febrero. En efecto, ese d¨ªa el Consejo aprob¨® un acuerdo, que no se comunic¨® en la referencia que se hace p¨²blica cada martes, que establece que los proyectos de ley se enviar¨¢n al Parlamento acompa?ados de una exposici¨®n de motivos, una memoria explicativa en el que se rese?ar¨¢n antecedentes, tr¨¢mites y resultado de ¨¦stos, as¨ª como modificaciones aconsejadas por los informes solicitados o, en su caso, la motivaci¨®n para no seguir sus indicaciones. Tambi¨¦n se debe enviar una memoria econ¨®mica con estimacion de costes, para la Administraci¨®n general y para cualquier otra, si la nueva ley los origina, el modo de financiaci¨®n, los informes y dict¨¢menes que sean obligatorios por ley, el dictamen de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora y la lista de disposiciones afectadas por la norma que se desea aprobar.

Estas exigencias son coincidentes con las de la proposici¨®n socialista rechazada. Garc¨ªa, con todo, insisti¨® en que la no incorporaci¨®n de esas exigencias al texto legal dejan al arbitrio del Gobierno su cumplimiento y a la oposici¨®n sin posiblidades de recurrir, ni ante la Mesa del Parlamento ni ante los tribunales si se incumple. "Un acuerdo de Gobierno no obliga, no tiene naturaleza jur¨ªdica, no es una norma. Si el Gobierno no cumple, ?a qui¨¦n reclamo yo sin poder decir que se ha infringido la ley?", se pregunt¨®.