Detenido un general tras la anulaci¨®n de los indultos de Menem a mandos militares
El general argentino retirado Jorge Olivera Rovere fue detenido ayer por delitos de lesa humanidad despu¨¦s de que el viernes el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dispusiera la inconstitucionalidad de dos de los 10 decretos de indulto que el ex presidente Carlos Menem firm¨® en 1989 y 1990. Los decretos permitieron la puesta en libertad de m¨¢s de 300 militares y jefes guerrilleros condenados o procesados por los cr¨ªmenes de la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983).
La decisi¨®n del magistrado, recibida con elogios por las organizaciones de derechos humanos y cr¨ªticas en algunos medios jur¨ªdicos, afecta a seis generales, de los que s¨®lo viven tres. Se trata del primer fallo judicial contra los indultos de Menem y sienta un precedente que podr¨ªa generar decisiones similares en otras causas. Habr¨¢ impugnaciones de las partes, y terminar¨¢ en la Corte Suprema.
Los seis militares pertenec¨ªan al Primer Cuerpo del Ej¨¦rcito, implicado en graves violaciones de derechos humanos, que estaba bajo el mando del general Guillermo Su¨¢rez Mason, actualmente procesado y detenido junto al general Juan Bautista Sasiai? en la causa que investiga el robo de hijos de detenidos-desaparecidos. La resoluci¨®n contra los indultos tiene un significado claramente pol¨ªtico. Apoyan la medida el Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria oficialista. En c¨ªrculos jur¨ªdicos las discrepancias son may¨²sculas. El constitucionalista Jorge Vanossi, ministro de Justicia en el Gobierno de Fernando de la R¨²a, sostiene que la atribuci¨®n de decretar un indulto s¨®lo compete al presidente de la Rep¨²blica y el Poder Judicial no puede inmiscuirse en este terreno. No opina lo mismo el tambi¨¦n constitucionalista Daniel Sabsay, que considera que el ex presidente Menem se excedi¨® al indultar delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles.
El juez Canicoba se ha basado en un dictamen presentado el pasado 3 de marzo por los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler, que recurre a disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) y subraya la preeminencia del Derecho Internacional sobre el interno en materia de derechos humanos. "Estamos aplicando normas de car¨¢cter superior, como es el sistema interamericano de derechos humanos", dijo el fiscal Delgado. En s¨ªntesis, los decretos de indulto son incompatibles con la Declaraci¨®n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos.
El dictamen recuerda que la Corte Interamericana ha se?alado que al aprobar los tratados sobre derechos humanos "los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien com¨²n, asumen varias obligaciones, no en relaci¨®n con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicci¨®n".
El ex presidente Menem firm¨® en octubre de 1989 cuatro decretos por los que fueron liberados 277 militares y civiles, entre los que se encontraban destacados jefes de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de derechos humanos, en la guerra de las Malvinas y en las intentonas golpistas durante el Gobierno democr¨¢tico de Ra¨²l Alfons¨ªn. Junto a ellos salieron en libertad varios dirigentes de la antigua guerrilla. En diciembre de 1990, Menem dio curso a otros seis decretos de indulto que afectaron a los nombres m¨¢s destacados de la dictadura, como los integrantes de las Juntas militares Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Eduardo Massera, Orlando Agosti y Armando Lambruschini, jefes de la polic¨ªa y el ministro de Econom¨ªa Jos¨¦ Alfredo Mart¨ªnez de Hoz. Tambi¨¦n fue indultado Mario Firmenich, considerado el m¨¢ximo l¨ªder de la organizaci¨®n guerrillera peronista Montoneros.
La decisi¨®n judicial se produce en v¨ªsperas del 24 de marzo, fecha en que se cumplir¨¢n 28 a?os del golpe militar de 1976. El Gobierno prepara un gran acto en la sede de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA), que durante la dictadura alberg¨® un centro clandestino de detenci¨®n y tortura de opositores. Cantantes como Joan Manuel Serrat y el cubano Silvio Rodr¨ªguez est¨¢n invitados al acto en el que Kirchner anunciar¨¢ la creaci¨®n en aquel recinto de un Museo de la Memoria. Una decisi¨®n que ha generado pol¨¦mica entre las organizaciones de derechos humanos y familiares de las v¨ªctimas. Kirchner recorri¨® el viernes las dependencias de la ESMA acompa?ado de antiguos detenidos, la primera visita que realizaban al siniestro lugar desde la dictadura.
El dictamen de los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler se?ala que los argumentos ofrecidos en su d¨ªa contra la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocidas como leyes de impunidad, "son extensibles a la inconstitucionalidad de los indultos". En agosto pasado el Congreso vot¨® la nulidad de dichas normas, que anteriormente hab¨ªan sido declaradas inconstitucionales por los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonad¨ªo y por la Corte Interamericana de la OEA. La decisi¨®n final est¨¢ en manos de la Corte Suprema.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas en 1986 y 1987 por el Gobierno de Alfons¨ªn, beneficiaron a oficiales jefes hasta personal de tropa, pero exclu¨ªan a los jefes militares. Estos ¨²ltimos quedaron amparados posteriormente con los indultos de Menem, que el viernes recibieron el primer mazazo de la justicia.
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