El Gobierno en funciones encarga un informe jur¨ªdico sobre la renovaci¨®n del Constitucional

El Gobierno en funciones del PP ha decidido solicitar un informe a la Abogac¨ªa del Estado para que le asesore si puede renovar antes del traspaso de poderes los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Ejecutivo a partir del 8 de abril. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda confirmaron ayer que ¨¦sta es la respuesta de su titular, Javier Arenas, al portavoz socialista, Jes¨²s Caldera, quien el mi¨¦rcoles pasado, en la primera reuni¨®n de gesti¨®n del traspaso de poderes, plante¨® que el actual Ejecutivo deb¨ªa paralizar los nombramientos discrecionales en esta etapa de transici¨®n.

En las filas socialistas existe cierta inquietud ante lo que interpretan como una postura de conflicto por parte del Ejecutivo en el traspaso de poderes, y que tendr¨ªa ya dos precedentes inmediatos. Uno, la sorprendente desclasificaci¨®n de dos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), referentes a la matanza de Madrid, en el Consejo de Ministros en funciones del pasado jueves, de la que el vicepresidente segundo en funciones, Javier Arenas, s¨®lo inform¨® al portavoz socialista tras la celebraci¨®n de la reuni¨®n plenaria del Gobierno.

El otro precedente es la aprobaci¨®n de un macroplan de seguridad que el Gobierno de Aznar aprob¨® la pasada semana, tras el atentado terrorista de Madrid, tambi¨¦n sin consultar al PSOE. Simplemente le comunic¨® la medida, una vez tomada la decisi¨®n.

El anuncio de Arenas de pedir un informe jur¨ªdico sobre la posibilidad de nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional en pleno traspaso de poderes ha vuelto a encender la alarma en el PSOE. El portavoz socialista, Jes¨²s Caldera, pidi¨®, el mi¨¦rcoles, a Javier Arenas que no procediera a estos nombramientos y se ampar¨® en el art¨ªculo 21 de la Ley de Gobierno, de 1999, que establece que los Ejecutivos en funciones s¨®lo podr¨¢n resolver asuntos ordinarios. El mismo art¨ªculo precisa que los Gobiernos en funciones deber¨¢n "abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia o por razones de inter¨¦s general, cualesquiera otras medidas".

Arenas, tras mostrar "extra?eza" por la reclamaci¨®n de Caldera, avanz¨® que solicitar¨ªa un informe de la Abogac¨ªa del Estado para aclararlo. Ayer, fuentes de la Vicepresidencia Segunda confirmaron que se producir¨¢ la consulta. El PSOE interpreta, con ello, que el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar quiere nombrar a esos dos miembros del Constitucional y que opta por elevar la tensi¨®n en el traspaso de poderes.

Caldera insiste en que la designaci¨®n de esos dos magistrados y de la decena de fiscales que anunci¨® recientemente el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, debe paralizarse.

A su vez, Jos¨¦ Antonio Alonso, diputado socialista por Le¨®n y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, manifest¨® que "el Gobierno en funciones bajo ning¨²n concepto puede realizar estos nombramientos", porque son discrecionales yporque "tras las elecciones se ha producido una nueva legitimaci¨®n democr¨¢tica". "Si el Gobierno en funciones realizara tales nombramientos, incurrir¨ªa no s¨®lo en ilegalidad sino en ilegitimidad", advirti¨® Alonso.

Adem¨¢s de la paralizaci¨®n de los nombramientos del Constitucional y de los fiscales, el PSOE reclama al Gobierno en funciones la paralizaci¨®n de las licitaciones de todas las obras del trasvase del Ebro, incluidas en el Plan Hidrol¨®gico Nacional, a la espera de las decisiones del nuevo Ejecutivo socialista.

El relevo de las tropas espa?olas en Irak, previsto para el mes de abril, se abordar¨¢ en un pr¨®ximo encuentro, esta misma semana.

Frente a estos indicios de traspaso conflictivo, en el ¨²nico encuentro celebrado por la comisi¨®n de traspasos, la noche del mi¨¦rcoles, el Gobierno en funciones s¨ª se comprometi¨® con el PSOE a concertar la posici¨®n de Espa?a ante la pr¨®xima cumbre europea, los pr¨®ximos d¨ªas 25 y 26, que tendr¨¢ como prioridad la pol¨ªtica de seguridad.