Por una segunda transici¨®n democr¨¢tica y plurinacional

Veinticinco a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la actual Constituci¨®n espa?ola, con la mayor¨ªa absoluta del Partido Popular hemos asistido a un momento que podemos calificar como de clara involuci¨®n en lo relativo al autogobierno para las comunidades aut¨®nomas, de restricci¨®n de libertades ciudadanas y de descr¨¦dito de las instituciones democr¨¢ticas, una triple amenaza al marco constitucional que nos debe conducir a todos a la reflexi¨®n y a la aportaci¨®n constructiva. En este contexto, los partidos pol¨ªticos que los firmantes tenemos el honor de dirigir, fuerzas que, desde la izquierda democr¨¢tica, representamos a nuestras nacionalidades, queremos trasladar a la sociedad un an¨¢lisis compartido y la esperanza de que en esta pr¨®xima legislatura general nuestra posici¨®n decisiva en el Congreso de los Diputados y la p¨¦rdida de la mayor¨ªa absoluta por los partidos mayoritarios en el Estado permitan la apertura de una nueva etapa que corrija los malos derroteros del ¨²ltimo periodo. Queremos expresar nuestra voluntad de participar en la que debe ser una segunda transici¨®n que refuerce las libertades y los derechos sociales, que regenere el sistema democr¨¢tico y que avance decididamente hacia el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado.

La reforma pol¨ªtica que dio a luz el actual marco constitucional, denominada transici¨®n democr¨¢tica, permiti¨®, en las circunstancias particulares del final de la dictadura, un desarrollo democr¨¢tico razonable respecto a los derechos y libertades individuales, pero no se pudo desvincular de las inercias y condicionantes del pasado. Un cuarto de siglo despu¨¦s, la derecha conservadora, retomando la tradici¨®n m¨¢s autoritaria y centralista, recuper¨® el Gobierno del Estado, democr¨¢tica y leg¨ªtimamente, eso s¨ª, lo que le permiti¨® aplicar de forma restrictiva el ya de por s¨ª limitado marco legal existente de libertades, derechos sociales y pluralidad nacional.

Si bien el bloque constituyente entend¨ªa Espa?a como un Estado plurinacional y compuesto, que permit¨ªa, aunque con limitaciones de partida, ejercer el derecho al autogobierno a sus componentes, la realidad no ha pasado de ser s¨®lo una descentralizaci¨®n administrativa y del gasto, al renunciarse a cualquier medida de acercamiento real a la estructura propia de los Estados federales o compuestos. Los sucesivos Gobiernos centrales han abusado de las leyes de bases y de la aplicaci¨®n de directivas europeas para invadir competencias auton¨®micas, con el respaldo de un Tribunal Constitucional que ha realizado habitualmente una relectura centralista, al igual que otros ¨®rganos generales del Estado cuya composici¨®n no refleja la realidad plural. La mayor¨ªa absoluta del Partido Popular en la pasada legislatura puso en marcha una febril actividad legislativa para recortar incluso, con la excusa de la coordinaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas y su tutela, las competencias que acababan de transferirse, a la vez que neg¨® furibundamente cualquier participaci¨®n auton¨®mica en las instituciones europeas, como vienen haciendo con toda naturalidad otros Estados compuestos. Todo ello, aderezado con un rancio discurso nacionalista espa?ol que, disfrazado de "patriotismo constitucional", ha pretendido fosilizar ese marco legal una vez vaciado de contenidos, vulnerando en la pr¨¢ctica, repetidamente, la letra y el esp¨ªritu m¨¢s progresista y plural del bloque constituyente.

De la misma forma, a pesar de que los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas est¨¢n razonablemente reconocidas, existen diversos ¨¢mbitos donde ¨¦stas se han venido restringiendo (menoscabo del papel del Parlamento en el control al Gobierno o en la entrada en una guerra, concentraci¨®n del poder medi¨¢tico y falta de pluralismo informativo en los medios p¨²blicos, negaci¨®n de libertades en la legislaci¨®n de extranjer¨ªa, mal funcionamiento y lentitud de la Administraci¨®n de justicia,...).

La obsesi¨®n por fortalecer a los partidos tras el franquismo justific¨® unas reglas de juego propias de una partitocracia bipolar e introdujo notables obst¨¢culos al ejercicio de la democracia participativa (refer¨¦ndum de ¨¢mbito local, nacional o estatal o diversas iniciativas ciudadanas), lo que contradice por cierto la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que consagra los derechos de petici¨®n, participaci¨®n activa, etc.

Por otra parte, frente a los derechos a la salud y a la educaci¨®n, que son universales y encabezan hoy los avances del Estado del bienestar, aunque a¨²n por debajo del nivel europeo de prestaciones, otros derechos sociales consagrados en la Constituci¨®n se han quedado en pura ret¨®rica. Son los llamados derechos de tercera generaci¨®n que necesitan un nuevo despliegue: el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a una protecci¨®n social y econ¨®mica de la familia, al medio ambiente, e incluso la libertad de empresa (cuando se favorece la concentraci¨®n, privatizaci¨®n y centralizaci¨®n de antiguas empresas p¨²blicas en detrimento de la libre competencia y del servicio de calidad a los usuarios). Ante estos d¨¦ficit sociales, la obsesi¨®n del PP por el d¨¦ficit cero y su pol¨ªtica fiscal basada en la imposici¨®n indirecta y regresiva ha puesto en riesgo el Estado del bienestar, encamin¨¢ndonos hacia una ruptura de la cohesi¨®n social y el aumento de la exclusi¨®n.

En cuanto a la credibilidad del sistema democr¨¢tico, los esc¨¢ndalos de transfuguismo y corrupci¨®n que involucran a cargos pol¨ªticos han venido a contribuir al creciente desprestigio de la actividad pol¨ªtica.

Por otro lado, en este contexto, las vacilaciones del PSOE, entre su tradici¨®n m¨¢s jacobina, que impone el seguidismo de las pol¨ªticas centralistas y autoritarias del PP, y la tradici¨®n democr¨¢tica federal, no ayudan a superar el anterior impasse. En este sentido, no es de recibo que se pretenda obstruir cualquier iniciativa surgida de los distintos Parlamentos destinada a reformar el marco legal existente para mejorar las cotas de autogobierno.

Despu¨¦s de veinticinco a?os de "transici¨®n democr¨¢tica" incompleta, es necesario sentar ahora las bases para una "segunda transici¨®n" que nos encamine hacia una democracia de calidad. Superadas muchas de las herencias y condicionantes de un pasado dictatorial, debemos afrontar con decisi¨®n renovada unos cambios que entonces resultaron imposibles pero que hoy son imprescindibles. Debemos exigir la regeneraci¨®n de las instituciones, abriendo espacios a la participaci¨®n democr¨¢tica; la profundizaci¨®n de los derechos sociales, con medidas que combatan la exclusi¨®n y garanticen una vida digna para todos y todas; y el reconocimiento de la pluralidad nacional, cultural y ling¨¹¨ªstica del Estado espa?ol, mediante la creaci¨®n de estructuras federales u otras formas de Estado compuesto que garanticen, en cada momento hist¨®rico, el papel al que tienen derecho nuestras naciones y que libremente decidan sus pueblos y sus Parlamentos.

Desde las izquierdas nacionales trabajaremos en todas las c¨¢maras de representaci¨®n para iniciar este proceso de democratizaci¨®n. Esperemos que el Gobierno del PSOE est¨¦ a la altura de las circunstancias en esa segunda oportunidad para el cambio que le ha dado el electorado.

Josep Llu¨ªs Carod Rovira, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya; Bego?a Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna, y Biz¨¦n Fuster, presidente de Chunta Aragonesista.