Escuela p¨²blica y pluralidad educativa

El 15 de abril se inicia el periodo de preinscripci¨®n en las escuelas catalanas para el pr¨®ximo curso. Como es evidente, en ese ¨¢mbito incluimos tanto las escuelas p¨²blicas como las escuelas de titularidad privada que forman parte, a trav¨¦s del concierto econ¨®mico que tienen establecido con la Generalitat, de la oferta p¨²blica de plazas escolares. Todos sabemos que la existencia de esa doble titularidad en la oferta educativa p¨²blica ha provocado una gran pol¨¦mica en los ¨²ltimos a?os. Sobre todo debido a que los sucesivos gobiernos de CiU fueron entendiendo de forma crecientemente abusiva el principio del concierto educativo, hasta el punto de que si comparamos su realidad actual con las previsiones normativas que justificaban la financiaci¨®n p¨²blica de las escuelas no p¨²blicas, todo parecido es pura coincidencia. La cosa se agrav¨® cuando en pleno proceso de diversificaci¨®n cultural y ¨¦tnica del pa¨ªs, y con los problemas que planteaba la puesta en pr¨¢ctica de la reforma educativa, se evidenci¨® que las escuelas concertadas acababan teniendo muchos menos alumnos con necesidades educativas espec¨ªficas que las escuelas p¨²blicas. Precisamente por todo ello, el cambio de Gobierno en diciembre abri¨® grandes expectativas por un lado y temores por el otro sobre qu¨¦ ocurrir¨ªa con relaci¨®n a este asunto. Si radical era la postura de quienes ped¨ªan sin m¨¢s la supresi¨®n de los conciertos educativos y la concentraci¨®n de esfuerzos en el sector p¨²blico, radical fue tambien la posici¨®n de aquellos sectores de la ense?anza privada que llegaron a publicar anuncios en la prensa pocos d¨ªas antes de las elecciones del 16 de noviembre amenazando con todo tipo de males a quienes se atrevieran a votar por las candidaturas de izquierda.

El acuerdo de gobierno entre socialistas, republicanos y ecosocialistas consagr¨® como una de sus prioridades a la pol¨ªtica educativa. Despu¨¦s del trasiego que supuso el trueque de Josep Bargall¨® por Marta Cid al frente del departamento, una de las primeras pruebas de fuego la hemos tenido en el intento de modificar los criterios clave por los que se proceder¨ªa a la matriculaci¨®n del alumnado en los centros financiados con fondos p¨²blicos para el pr¨®ximo curso acad¨¦mico. De hecho, si examinamos las medidas publicitadas estos d¨ªas que dan cuenta de la labor del Gobierno en estos primeros 100 d¨ªas, de las nueve medidas que afectan a educaci¨®n, las m¨¢s relevantes, al margen de la valiente proclamaci¨®n de la moratoria en la aplicaci¨®n de la pol¨¦mica Ley de Calidad y los muy significativos recursos destinados a la concertaci¨®n para P3, rehabilitar y construir nuevas escuelas o convocar nuevas plazas de docentes, son las que se refieren al nuevo decreto de matriculaci¨®n y la creaci¨®n de las oficinas municipales de escolarizaci¨®n. Y son precisamente estas dos ¨²ltimas medidas las que han provocado que la consejera haya tenido que responder con prontitud y diligencia y a trav¨¦s de una carta a la movilizaci¨®n de las fotocopiadoras de las dos patronales del sector privado que inund¨® de quejas la consejer¨ªa.

Nadie puede decir que se ha actuado por sorpresa. En el acuerdo ya mencionado del tripartito se afirmaba con claridad que se quer¨ªan revisar los conciertos educativos, que se quer¨ªan crear las oficinas municipales de matriculaci¨®n y que se quer¨ªa evitar la dualizaci¨®n del sistema educativo entre los que asum¨ªan la diversidad en todas sus vertientes, y los que o no lo hac¨ªan o lo hac¨ªan en mucha menor medida. Lo cierto es que hasta este mismo a?o la carga de la diversidad la soportaban de manera casi exclusiva las escuelas de titularidad p¨²blica. Por tanto, es evidente que algo se ten¨ªa que hacer al respecto. Se ha aplazado, esperamos que s¨®lo de momento, la cuesti¨®n de la revisi¨®n general de los conciertos educativos y de su inspecci¨®n, control y revisi¨®n o, en su caso, rescisi¨®n. Podr¨ªa haberse dejado para el curso siguiente la reforma del sistema de matriculaci¨®n, pero entonces las cr¨ªticas hubieran llovido del sector que m¨¢s esperanzas hab¨ªa puesto en que el nuevo Gobierno provocara un cambio significativo en la pol¨ªtica educativa y en la defensa de la escuela p¨²blica. El camino emprendido, decreto de matriculaci¨®n e implicaci¨®n mayor de los municipios (con las 12 oficinas de matriculaci¨®n creadas de forma experimental) va en la buena direcci¨®n, pero adolece de algunos problemas propios de la urgencia y presenta, desde mi punto de vista, ciertos riesgos que se deben corregir en el futuro. Entiendo que en el decreto, con el que coincido ampliamente, existe una cierta contradicci¨®n entre el reconocimiento al valor del proyecto educativo y al car¨¢cter de cada centro, y el hecho de que se haya suprimido la posibilidad de evaluar la continuidad en un mismo centro de hijos de ex alumnos del mismo. Probablemente ello priva, tanto en las escuelas p¨²blicas con un sello adquirido propio como en las escuelas concertadas bien asentadas en un territorio, de establecer ciertas dosis de continuidad-comunidad que deber¨ªan haber sido evaluadas adecuadamente, al margen de evitar que ello fuera una puerta de entrada de abusos o de selecci¨®n encubierta del alumnado.

De manera m¨¢s general, creo que la pluralidad de oferta educativa en Catalu?a no s¨®lo es un hecho dif¨ªcilmente soslayable a estas alturas, sino que adem¨¢s es un valor que conviene preservar y defender, siempre que se d¨¦ prioridad a la escuela p¨²blica y que su labor resulte acorde con un modelo social y educativo que vaya en la linea de la inclusi¨®n social y el respeto a la diversidad. Hemos de recordar que la fuerza de la oferta educativa no p¨²blica procede, al menos en parte, de la realidad diferencial de Catalu?a que supli¨® con iniciativas familiares y de entidades religiosas o laicas, la mala calidad o el autoritarismo de la oferta educativa p¨²blica del franquismo. Los abusos que ciertamente cometieron los gobiernos de CiU en la consideraci¨®n de los motivos por lo cuales, seg¨²n la normativa, se deb¨ªa proceder al establecimiento de los conciertos, no impiden considerar que la pluralidad sigue siendo un valor que preservar, si se sabe evitar la segmentaci¨®n social que ha producido y puede producir, o la falta de adecuaci¨®n a los criterios p¨²blicos en cuanto a matriculaci¨®n, contenidos, baremos y tasas. Por tanto, ser¨ªa conveniente en el futuro no considerar a todo el sector concertado de manera indiferenciada. De hacerlo, estamos arrojando en brazos del padre Riu y de las posiciones m¨¢s conservadoras a muchos sectores y colectivos que tampoco est¨¢n de acuerdo en la deriva segmentadora y elitista que amenaza al sector concertado. Ampliar las alianzas, concertando el modelo de sociedad y de educaci¨®n que queremos, puede ser la garant¨ªa de un imprescidible salto en la calidad educativa y social del pa¨ªs.