Kirchner toma el control directo de una provincia de Argentina

El juez federal de la provincia argentina de Santiago del Estero, ?ngel Toledo, orden¨® la detenci¨®n de la gobernadora, Mercedes Aragon¨¦s de Ju¨¢rez, y de su esposo, el caudillo peronista Carlos Ju¨¢rez, despu¨¦s de que el Congreso Nacional aprobara la intervenci¨®n federal del Gobierno provincial por un plazo de 180 d¨ªas. El presidente, N¨¦stor Kirchner, design¨® al secretario de Justicia, el ex fiscal Pablo Lanusse, como interventor.

Lanusse, que en los ¨²ltimos meses fue enviado junto con el secretario de Derechos Humanos del Gobierno nacional a recabar las denuncias de las ONG, se hizo cargo de los tres poderes de la provincia de Santiago del Estero y prometi¨® una gesti¨®n "austera" para impedir la impunidad y restablecer la justicia. El juez Toledo imparti¨® la orden de detenci¨®n de los Ju¨¢rez, que reclamaba el fiscal Alberto Pravia, y les impidi¨® la salida del pa¨ªs despu¨¦s de que Carlos Ju¨¢rez iniciara el mi¨¦rcoles el tr¨¢mite formal para renovar su pasaporte. Esta madrugada ambos quedaron en arresto domiliciario.

Hace poco m¨¢s de un mes, la ya ex gobernadora nombr¨® ministro de Econom¨ªa a su marido para protejerlo con los fueros del cargo.Ju¨¢rez debe afrontar acusaciones por delitos de violaci¨®n de los derechos humanos y cr¨ªmenes cometidos en los a?os setenta. Nina, como llaman sus partidarios a la ex gobernadora, est¨¢ acusada de instigar a la violencia y de supuestos delitos de corrupci¨®n. El administrador de los fondos de jubilaciones y pensiones de la provincia comprob¨® que Aragon¨¦s cobraba fondos ilegales.

Los Ju¨¢rez se hab¨ªan despedido del Gobierno y de sus partidarios el martes desde los balcones de la casa de gobierno provincial. Los manifestantes, m¨¢s de 10.000, portaban pancartas de adhesi¨®n al Tata (padre, en lenguaje aborigen) y a Nina. En las pancartas se le¨ªan acusaciones contra el jefe del Estado. "Kirchner, traidor" y "A la Kaza de 600 millones", dec¨ªan algunas de ellas. El ministro Ju¨¢rez asegura que deja la provincia, una de las m¨¢s pobres del pa¨ªs, con un super¨¢vit de 500 millones de pesos, unos 200 millones de d¨®lares.

Uno de sus abogados defensores neg¨® que Ju¨¢rez piense salir de Santiago del Estero y dijo que el caudillo peronista espera con tranquilidad y con "marcada resignaci¨®n" las decisiones de la justicia. El Ejecutivo envi¨® al Congreso Nacional 13 cajas con denuncias y testimonios recogidos en Santiago del Estero para justificar la intervenci¨®n. El ministro de Interior, An¨ªbal Fern¨¢ndez, consider¨® "ampliamente probada" la dependencia absoluta del poder judicial del Ejecutivo provincial.

La intervenci¨®n federal de Santiago del Estero es la primera que ordena el Gobierno nacional desde que el presidente N¨¦stor Kirchner iniciara su mandato el pasado mayo, pero es la decimocuarta en la historia de Santiago del Estero desde que las provincias juraran la Constituci¨®n Nacional en 1853.

El caudillo territorial Carlos Ju¨¢rez, de 83 a?os, retiene el control pol¨ªtico de la provincia desde hace 50 a?os, cuando lleg¨® a la gobernaci¨®n de la mano del movimiento nacional fundado por el general Juan Per¨®n. La corrupci¨®n, la impunidad, los cr¨ªmenes nunca aclarados y la violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos y garant¨ªas de los ciudadanos hab¨ªan provocado ya en 1993 un alzamiento popular conocido como "el santiagazo". El Gobierno nacional que entonces presid¨ªa el tambi¨¦n peronista Carlos Menem decidi¨® la intervenci¨®n y design¨® para el cargo a Juan Schiaretti, un funcionario vinculado al ministro de Econom¨ªa Domingo Cavallo.

La gesti¨®n de Schiaretti fue denunciada tambi¨¦n por actos de corrupci¨®n y la gesti¨®n concluy¨® en un fracaso que contribuy¨® a fortalecer el poder de los Ju¨¢rez.