La juez admite a la Uni¨®n de Consumidores como acusaci¨®n popular en el 'caso Fabra'

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Nules, Fernanda Lorite, ha admitido la personaci¨®n de la Uni¨®n de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana como acci¨®n popular en la investigaci¨®n al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y l¨ªder del PP provincial, Carlos Fabra, por la posible comisi¨®n de uno o varios delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica. La juez ha exigido a la UCE una fianza de 600 euros. La organizaci¨®n imputa a varios altos cargos, se?ala en su querella seis supuestos delitos y quiere que se llame a declarar a dos ex ministros, un ministro en funciones y dos diputados.

La juez se?ala a la UCE que, en el caso de que quiera personarse en el otro procedimiento, por un presunto delito contra la salud p¨²blica, deber¨¢ formular de nuevo la solicitud de forma separada y espec¨ªfica ya que, de momento, no acumular¨¢ las causas en un solo procedimiento. La UCE no ha

logrado su personaci¨®n en el llamado caso Fabra como acusaci¨®n particular sino como acci¨®n popular, con lo que queda la puerta abierta para que otros colectivos y asociaciones se sumen a la causa de "luchar por los derechos de los consumidores y usuarios, tambi¨¦n en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n". Con la admisi¨®n de la querella presentada por la Uni¨®n de Consumidores, la acusaci¨®n ya no recaer¨¢ ¨²nicamente en el fiscal jefe de Castell¨®n, Javier Arias, que hab¨ªa asumido el caso y que fue criticado, incluso por sus propios compa?eros, por mantener una actitud ben¨¦vola en sus interrogatorios a Carlos Fabra, a su esposa, Amparo Fern¨¢ndez, y a Monserrat Vives, ex esposa del empresario Vicente Vilar, que origin¨® el caso y que tambi¨¦n est¨¢ imputado.

Vilar present¨® dos querellas contra Fabra que fueron desestimadas. Sin embargo, la juez abri¨® dos procedimientos de oficio al entender que, del relato de las mismas y de los documentos aportados, se sosten¨ªa la sospecha de la posible comisi¨®n de un delito contra la salud p¨²blica y uno o varios contra la administraci¨®n p¨²blica. Vilar apunt¨® a Carlos Fabra como ¨²nico cargo institucional responsable de la comisi¨®n de los presuntos delitos, consistentes en cobrar por gestiones pol¨ªticas para favorecer la autorizaci¨®n de productos fitosanitarios. Sin embargo, la querella de la UCE se?ala como acusados a otros cargos, todos ellos no aforados, entre los que se encuentran los entonces director general de Agricultura, Rafael Mil¨¢n, la directora general de Sanidad, Dolores Flores, y el subdelegado del Gobierno en Castell¨®n, Vicente S¨¢nchez Peral. Adem¨¢s, la UCE quiere que se llame a declarar, de momento en calidad de testigos, al ex ministro de Agricultura, Jes¨²s Posada, a la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, al ministro en funciones de Ciencia y Tecnolog¨ªa, Juan Costa, y a los diputados del PP Juan Jos¨¦ Ortiz y Miguel Prim.

La querella presentada por la UCE se?ala la comisi¨®n de hasta seis presuntos delitos.

Tr¨¢fico de influencias. La Uni¨®n de Consumidores considera que Carlos Fabra, desde su posici¨®n de privilegio como autoridad institucional, utiliz¨® su cargo para reunirse con ministros con el fin de acelerar la concesi¨®n de autorizaciones para la fabricaci¨®n de productos fitosanitarios tanto para Artemis 2000, la empresa que comparten su esposa y la ex esposa de Vilar, como para Naranjax, firma que mantiene el empresario.

Cohecho. La querella recoge la acusaci¨®n de Vicente Vilar, quien asegura que Carlos Fabra le cobr¨® por las gestiones pol¨ªticas realizadas. Los trabajos que present¨® Fabra para justificar las facturas emitidas al empresario, por valor de 140.000 euros, transcriben parte de la gu¨ªa de una mutua, intercalados con partes de la ponencia, accesible en Internet, de la directora de una auditora.

Prevaricaci¨®n. El documento indica que pese a que Fabra no dispon¨ªa de competencias para dictar resoluciones injustas, s¨ª inst¨® a otros a que lo hicieran. En este caso, el supuesto delito recaer¨ªa en aquellos funcionarios que las hubieran dictado.

Malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. La UCE entiende que Fabra utiliz¨® la sede y algunos medios de la Diputaci¨®n de Castell¨®n en beneficio propio. Y se?ala las visitas que algunos empresarios del sector fitosanitario hicieron al presidente de la Corporaci¨®n y el uso de medios t¨¦cnicos.

Abusos de los funcionarios en el ejercicio de su funci¨®n. El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n habr¨ªa abusado de su cargo para tener acceso a informaciones que, de otra manera, no hubiera obtenido. Adem¨¢s ese abuso se habr¨ªa ejercido tambi¨¦n para obtener beneficios propios.

Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. La denuncia sostiene que el l¨ªder del PP en Castell¨®n no s¨®lo ejerci¨® su cargo como presidente de la Diputaci¨®n sin haber declarado todas sus actividades sino que adem¨¢s pudo cometer un delito por su condici¨®n de "socio encubierto" en Naranjax, la empresa que fabrica los productos para los que se lograron las autorizaciones.