El Consejo de Estado dictamina esta semana si la M-30 sigue siendo autov¨ªa o si ya es una calle
El cambio jur¨ªdico es clave para saber si Gallard¨®n est¨¢ obligado a hacer informe ambiental
El Consejo de Estado har¨¢ p¨²blico esta semana un informe encargado por el Gobierno regional para conocer si el cambio de titularidad de la M-30, que ha pasado del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento, se traduce en un cambio de naturaleza jur¨ªdica, de forma que pase de ser una v¨ªa r¨¢pida a ser una calle. En este ¨²ltimo caso no ser¨ªa necesario elaborar un informe de impacto medioambiental antes de acometer las obras proyectadas por el alcalde. Alberto Ruiz-Gallard¨®n ha advertido de que no cumplir¨¢ los plazos de la obra si debe hacer ese informe ambiental previo.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, declar¨® ayer a la agencia Europa Press que si el cambio de titularidad de la M-30 supone un cambio de naturaleza jur¨ªdica, "entonces no requiere en absoluto un informe de impacto medioambiental" para ejecutar las obras comprometidas por el Ayuntamiento. La Ley de Evaluaci¨®n Ambiental de la Comunidad impone ese informe previo a cualquier obra acometida en "carreteras".
No obstante, Aguirre -que es quien debe decidir en ¨²ltima instancia si exime o no al alcalde de elaborar ese estudio- admiti¨® que el cambio de naturaleza jur¨ªdica "no est¨¢ claro". Por eso, el Gobierno regional solicit¨® hace 15 d¨ªas al Consejo de Estado, ¨®rgano encargado de asesorar jur¨ªdicamente a las administraciones auton¨®mica y central, un informe para conocer las caracter¨ªsticas concretas de esta v¨ªa.
Aguirre encarg¨® este tr¨¢mite por el procedimiento de urgencia, de forma que tendr¨¢ en su poder, durante la presente semana, el informe del Consejo de Estado que aclarar¨¢ definitivamente cu¨¢l es la naturaleza jur¨ªdica de la M-30. En virtud de ello tomar¨¢ una decisi¨®n. "Si las leyes obligan a hacer informes de impacto ambiental, hay que cumplir con ellas", se?al¨®.
De todas formas, el Ayuntamiento est¨¢ a¨²n pendiente de otro dictamen imprescindible, el de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo, que debe pronunciarse sobre las condiciones en las que ejecutar las obras, "puesto que afectan a un tramo importante del r¨ªo Manzanares", seg¨²n admiti¨® la presidenta.
"Cumplir las leyes"
Aguirre se?al¨® que la reforma que pretende llevar a cabo el regidor "va a ser una mejora ambiental para los vecinos de la zona". Y agreg¨®: "Apoyaremos todo lo que es unir la Casa de Campo y la cornisa del Manzanares con una zona verde, pero eso no quiere decir que no haya que cumplir las leyes".
En caso de que el Consejo de Estado determine que la M-30 sigue siendo una v¨ªa r¨¢pida se har¨¢ necesario el informe de impacto medioambiental, y entonces se abrir¨¢ un periodo de alegaciones de un mes en el que grupos pol¨ªticos, vecinos y asociaciones presentar¨¢n sus aportaciones. ?stas podr¨ªan modificar el proyecto de obra inicial, y todo el proceso podr¨ªa retrasarse hasta dos a?os. Por eso, Ruiz-Gallard¨®n ya ha advertido de que no cumplir¨¢ su promesa electoral -terminar la reforma en 2007, a?o electoral- si tiene que esperar a la declaraci¨®n de impacto.
Fuentes del Gobierno regional manifestaron a mediados del pasado marzo que el Ejecutivo de Aguirre eximir¨ªa de la obligaci¨®n de ese tr¨¢mite el proyecto de soterramiento de la M-30, tras ped¨ªrselo el regidor. Oficialmente, Aguirre se mostr¨® remisa a eliminar este tr¨¢mite en un principio -"haremos lo que diga la ley", ha afirmado en repetidas ocasiones-, pero ha encontrado ya una manera de echar una mano a su compa?ero de partido. El pasado febrero, el Ministerio de Fomento cedi¨® la M-30 al Ayuntamiento, mediante la firma de un convenio.
En dicho convenio se describe esta autov¨ªa de circunvalaci¨®n como una v¨ªa urbana de la capital, por lo que supuestamente las obras no deben ser sometidas a la previa declaraci¨®n de impacto ambiental.
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