'S¨ª, pero' a la ley contra el maltrato

Las organizaciones de mujeres aplauden que el nuevo Gobierno vaya a enviar al Congreso antes del 30 de junio un proyecto de ley integral contra la violencia de g¨¦nero. Aunque no les faltan sus peros. Sobre todo, porque el informe sobre la futura ley que ha divulgado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales deja fuera dos de sus reivindicaciones m¨¢s importantes: la creaci¨®n de juzgados espec¨ªficos de Igualdad y Asuntos Familiares, que unificar¨ªan las jurisdicciones Civil y Penal en conflictos familiares, y el establecimiento de un Fondo de Garant¨ªa del Pago de Alimentos, por el que el Estado adelantar¨ªa las pensiones de los hijos en caso de impago del padre o de la madre tras la ruptura matrimonial y perseguir¨ªa al deudor.

"El impago de las pensiones tendr¨ªa que considerarse violencia econ¨®mica"

El Ejecutivo garantiza que habr¨¢ un amplio debate social y que la ley se har¨¢ con sosiego

"El juez deber¨ªa recibir formaci¨®n espec¨ªfica en problemas de g¨¦nero", afirma una experta

El primer Consejo de Ministros ordinario de esta legislatura estudi¨® el pasado viernes el informe sobre la futura ley integral contra la violencia de g¨¦nero, que Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero prometi¨® en campa?a electoral que ser¨ªa la primera ley que enviar¨ªa al Congreso. En ¨¦l se recogen b¨¢sicamente las l¨ªneas de la proposici¨®n de ley org¨¢nica integral que el PSOE ya llev¨® la legislatura pasada al Congreso, y que hab¨ªa sido consensuado con diversas organizaciones de mujeres de corte profesional y social.

Representantes de la Red de Mujeres contra la Violencia, que engloba a varias federaciones de organizaciones de mujeres, se reunieron el mismo viernes con la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera, tras el Consejo de Ministros. A la salida se mostraron satisfechas porque el Gobierno les ha garantizado que va a haber un "amplio debate social" y que la ley se har¨¢ de "forma sosegada".

Para ellas es bueno que no se haya presentado ya el borrador definitivo, o un calco del proyecto presentado la legislatura anterior, porque muchas cosas han cambiado desde entonces. Sobre todo, desde la entrada en vigor de la ley reguladora de la Orden de Protecci¨®n a las mujeres maltratadas, el pasado agosto. "Nos han dicho que se van a retocar cosas", dec¨ªa una asistente a la reuni¨®n.

Sin embargo, no deja de haber reticencias porque se hayan excluido dos de sus reivindicaciones. "Habr¨¢ que ver c¨®mo se elabora finalmente la ley integral", afirm¨® ?ngela Alemany, presidenta de la Asociaci¨®n de Juristas Themis. "Vamos a estar vigilantes", a?adi¨®.

Porque lo que se present¨® el pasado viernes no es un borrador definitivo. "Ahora va a cada departamento implicado", explic¨® un portavoz del ministerio. "Esto es un embri¨®n de lo que ser¨¢ la ley", a?adi¨®, tras explicar que cada ministerio afectado aportar¨¢ los cambios que considere necesarios y, sobre todo, presentar¨¢ una memoria de su coste econ¨®mico.

?Pero cu¨¢l es la importancia de los dos puntos que han quedado fuera?

El Gobierno ha decidido sustituir los juzgados espec¨ªficos por una "especializaci¨®n en los juzgados del orden penal" y, en principio, habr¨ªa al menos un juzgado especializado por provincia. De esta forma, dentro de la jurisdicci¨®n penal, los asuntos de maltrato recaer¨ªan por reparto siempre en el mismo juzgado, que es el que se especializa. Es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con los juzgados de familia.

La propuesta alternativa implicaba que los asuntos relacionados con una misma familia, ya fueran de la jurisdicci¨®n civil o de la penal, quedaran bajo la competencia de un juzgado espec¨ªfico creado para ello, el de Igualdad y Asuntos Familiares, que supervisar¨ªa todos los casos de conflictos familiares y de convivencia. Su creaci¨®n supone un coste mayor que la simple especializaci¨®n de los juzgados ya existentes.

"A nosotras nos parec¨ªa m¨¢s adecuada la posibilidad de crear unos juzgados unificados, porque deber¨ªa existir unidad de criterio en las resoluciones judiciales", asegura Alemany. Se refiere a que en la actualidad se podr¨ªa producir la paradoja de que un padre condenado por maltratar a su esposa pueda tener la guardia y custodia de los hijos. Esto se debe a que la condena por maltrato llega por la v¨ªa penal, mientras que la decisi¨®n sobre los hijos se produce en la jurisdicci¨®n civil. Aunque, desde que se ha regulado la orden de protecci¨®n, esa posibilidad se reduce.

"Ahora, cuando una v¨ªctima denuncia, hace una declaraci¨®n ante la polic¨ªa, otra ante el juzgado de instrucci¨®n, otra ante el m¨¦dico forense y otra ante el juez penal", cuenta la abogada Mar¨ªa Dur¨¢n, secretaria de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Europeas. "Si adem¨¢s quiere separarse, tiene que hacer otra ante el juez civil". La idea que se propon¨ªa con unificar juzgados implicaba que fuera la misma persona que recibe la denuncia quien dictase la sentencia de separaci¨®n.

"Eso evitar¨ªa la victimizaci¨®n secundaria, que se produce por ir de juzgado en juzgado, pero tambi¨¦n es por econom¨ªa judicial", agrega Dur¨¢n. Para ello, contin¨²a, ser¨ªa precisa una formaci¨®n especializada del juez desde la escuela judicial.

"Deber¨ªa ser formaci¨®n espec¨ªfica en problemas y perspectiva de g¨¦nero", apunta la abogada Carmen S¨¢nchez, especializada en violencia sexista. "Porque se da el caso de que en un juicio de maltrato se trata al agresor sin tener en cuenta las condiciones espec¨ªficas de que es la pareja de la v¨ªctima, y se le trata como si fuera el vecino el que est¨¢ maltratando, por lo que no se estudia la ra¨ªz del problema". En su opini¨®n, si se incluye esa formaci¨®n espec¨ªfica, la especializaci¨®n de los juzgados penales "no est¨¢ mal pensada".

Por otro lado, en esa formaci¨®n sobre los problemas del maltrato se deber¨ªan incluir otros conocimientos sobre la repercusi¨®n de la violencia en las familias. "El juez debe entender que lo peor que le puede suceder a un ni?o es tener a un padre maltratador como referente", apunta Ana Mar¨ªa P¨¦rez del Campo, presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, quien se queja de que en muchos casos de custodia esto no se tiene en cuenta. "No hay que sacralizar la paternidad por el hecho de que uno tenga un padre biol¨®gico, porque es un derecho del ni?o el vivir en un clima de calma, de di¨¢logo, de comunicaci¨®n y afecto".

Respecto al Fondo de Garant¨ªa del Pago de Alimentos, la tesis del ministro Jes¨²s Caldera es que ese fondo no debe entrar en una ley sobre violencia sexista, sino en otra ley diferente. Se trata de una cuesti¨®n que afecta a muchas m¨¢s familias y no s¨®lo a aquellas que padecen el maltrato.

"Nos hubiera gustado al menos una menci¨®n a ese fondo", alega Alemany. "Creemos que ese impago debe considerarse una violencia econ¨®mica y patrimonial".

Adem¨¢s, hay otras peticiones de las organizaciones de mujeres que no entraron en el primer proyecto, pero que ellas opinan que son relevantes para la lucha contra la violencia machista. Una de ellas es que la polic¨ªa dictara el alejamiento del agresor respecto de la v¨ªctima cuando ¨¦sta pusiera la denuncia por maltrato. Esta medida deber¨ªa ratificarla un juez al cabo de 72 horas. "Los expertos se?alan que esas 72 horas entre que hay denuncia y se produce la primera comparecencia ante el juez son de alto riesgo para la v¨ªctima", matiza Dur¨¢n.

Tambi¨¦n contemplan la posibilidad de incluir en el C¨®digo Penal una menci¨®n espec¨ªfica a la mujer como v¨ªctima, en el art¨ªculo que recoge como delito el uso de la violencia contra una persona.

"Esta ley se la debemos a las mujeres muertas", zanja Dur¨¢n.