Egibar, Larreina y Morcillo declarar¨¢n el 19 como imputados en el 'caso Atutxa'

La magistrada instructora del caso Atutxa ha citado para el 19 de mayo como imputados a los parlamentarios y miembros de la Junta de Portavoces Joseba Egibar (PNV), Rafael Larreina (EA) y Antton Morcillo (Sozialista Abertzaleak). Se trata de la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco contra el presidente del Parlamento de Vitoria, Juan Mar¨ªa Atutxa (PNV), y otros dos miembros de la Mesa de la C¨¢mara, imputados por negarse a disolver el grupo parlamentario heredero de Batasuna (SA) .

La instructora del caso, Nekane Bolado, quiere investigar si "existe alguna relevancia penal entendida como presunta desobediencia a la autoridad judicial" por la actuaci¨®n de estos parlamentarios en la negativa del Parlamento a disolver SA.

La fiscal¨ªa hab¨ªa solicitado en un escrito fechado el 7 de abril y remitido a la instructora, que pertenece a la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco, que ampliara la querella inicial contra Atutxa, Gorka Kn?rr (EA) y Kontxi Bilbao (EB-IU) a los ahora imputados. Tras estudiar las declaraciones en calidad de testigos de los otros dos miembros de la Mesa del Parlamento -Manuel Huertas (PSE) y Carmelo Barrio (PP)-, la fiscal jefe, Mar¨ªa Angeles Montes, cree que hay indicios racionales de que los tres nuevos imputados han cometido un delito de desobediencia a la autoridad judicial "en concepto de colaboradores necesarios", al votar en contra de la resoluci¨®n de la presidencia de la C¨¢mara que abr¨ªa una v¨ªa para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.

La fiscal¨ªa siempre ha mantenido que la resoluci¨®n general de presidencia aprobada en la Mesa del Parlamento el 5 de junio de 2003, con los votos de PNV, EA, IU y PSE para dar cumplimiento a la disoluci¨®n de SA fue un mero "artificio" para dar la sensaci¨®n de que se pretend¨ªa cumplir la sentencia del Supremo por la que se acordaba la disoluci¨®n del grupo heredero de HB. Tanto Barrio como Huertas declararon que "los querellados nunca tuvieron la menor intenci¨®n de cumplir el mandato judicial".