Espa?a ya ha propuesto el reconocimiento europeo del catal¨¢n, euskera y gallego
El Gobierno espa?ol ha utilizado la primera oportunidad para presentar su propuesta de que las lenguas cooficiales tengan un reconocimiento espec¨ªfico en Europa. A trav¨¦s del embajador de la representaci¨®n permanente ante la UE, Carlos Bastarreche, ha solicitado que la futura Constituci¨®n europea sea traducida oficialmente a esas lenguas y que los ciudadanos tengan el derecho a dirigirse a las instituciones comunes y a recibir la respuesta en esos idiomas.
La solicitud fue presentada por escrito en Dubl¨ªn el pasado d¨ªa 4, en la reuni¨®n que mantuvieron representantes de los Gobiernos de los Veinticinco para avanzar en las negociaciones sobre la Carta Magna.
El escrito consta de tres partes y su contenido es aplicable a todos los Estados de la Uni¨®n, no s¨®lo a Espa?a. La primera parte afecta al art¨ªculo octavo de la primera parte del proyecto, relativo a la "ciudadan¨ªa de la Uni¨®n". Tras se?alar que quien tenga la nacionalidad de un Estado de la UE posee tambi¨¦n la ciudadan¨ªa de la Uni¨®n, ese art¨ªculo enumera los derechos de los ciudadanos europeos, entre los que figura el de dirigirse a las instituciones y organismos de la UE "en una de las lenguas de la Constituci¨®n", es decir, las oficiales de trabajo de la Uni¨®n, que ahora son 20: alem¨¢n, franc¨¦s, ingl¨¦s, italiano, espa?ol, polaco, holand¨¦s, griego, portugu¨¦s, checo, h¨²ngaro, sueco, eslovaco, dan¨¦s, finland¨¦s, lituano, let¨®n, esloveno, estonio y malt¨¦s. El Gobierno espa?ol propone que se a?ada un p¨¢rrafo para permitir "el uso de cualquier otra lengua que los Estados miembros determinen entre aquellas que gocen de reconocimiento oficial en todo o parte de su territorio".
Espa?a tambi¨¦n propone modificar el art¨ªculo d¨¦cimo de la parte cuarta, para que la Constituci¨®n sea traducida a esas lenguas. Una copia certificada se depositar¨ªa en la Secretar¨ªa General del Consejo, "por lo que se considerar¨¢n esas traducciones como oficiales". Cada Estado tendr¨¢ que especificar cu¨¢les son esas lenguas en un plazo de seis meses una vez firmada la Constituci¨®n. Por ¨²ltimo, Espa?a propone que se incluya un protocolo por el que los pa¨ªses afectados se comprometen a sufragar los gastos de esas traducciones.
En cierto modo, el catal¨¢n, el gallego o el euskera se equiparar¨¢n as¨ª en parte al ga¨¦lico. La gran diferencia consistir¨¢ en que esa lengua es oficial, por encima del ingl¨¦s, en todo el territorio de Irlanda y, como tal, un idioma oficial de la UE, aunque no lengua de trabajo.
La propuesta espa?ola no fue debatida en la reuni¨®n de Dubl¨ªn. Ahora es analizada por los Estados y por los servicios jur¨ªdicos del Consejo de la Uni¨®n. T¨¦cnica y legalmente, seg¨²n fuentes oficiales consultadas en Bruselas, no hay problema. Puede haber dificultades por dos v¨ªas: el Gobierno irland¨¦s, que hoy preside la UE, exigi¨® a todos los pa¨ªses que no introdujeran temas nuevos al debatir el proyecto constitucional que ahora se pretende cerrar los pr¨®ximos 17 y 18 de junio; algunos pa¨ªses, como Francia o Estonia, quiz¨¢ se opongan porque no tienen reconocidos como cooficiales idiomas minoritarios en sus territorios.
En la misma reuni¨®n, el embajador Bastarreche present¨® otra propuesta para que la Constituci¨®n incluya un anexo sobre la violencia contra las mujeres. Seg¨²n esa declaraci¨®n, todos los Gobiernos europeos se comprometer¨ªan a adoptar medidas legales para combatir con m¨¢s eficacia esa lacra, que anualmente se cobra la vida de centenares de mujeres en la UE. Los pa¨ªses m¨¢s afectados son, por este orden, Alemania, Reino Unido, Polonia, Espa?a e Italia.
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