La inquisici¨®n sobre la habilitaci¨®n

Los estragos que viene produciendo la aplicaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n de Universidades (LOU), especialmente en la selecci¨®n de catedr¨¢ticos de Universidad, han sido puestos de relieve en muy distintas ocasiones en la prensa diaria. Por otra parte, la "experiencia" de su aplicaci¨®n en muy distintas ¨¢reas, ya sea la F¨ªsica Te¨®rica, la Gen¨¦tica, la Sociolog¨ªa, la Ciencia Pol¨ªtica o la Psicolog¨ªa, constituye ya un saber suficientemente fundado como para que se hubiera producido una urgente rectificaci¨®n legal.

En efecto, no s¨®lo los estragos institucionales que se han consolidado, o van a consolidarse, ser¨¢n de dif¨ªcil reparaci¨®n, sino que, adem¨¢s los da?os personales, por su volumen tomar¨¢n tambi¨¦n un car¨¢cter colectivo, da?ando la Universidad espa?ola como un todo.

En un sobrio y l¨²cido an¨¢lisis de la situaci¨®n creada por la Ley Org¨¢nica de Universidades, vista con la experiencia de la aplicaci¨®n pr¨¢ctica y de las dificultades de todo orden que se han de sortear para que esa pr¨¢ctica sea juiciosa, de Javier Tejada (EL PA?S, 12 enero 2004), se identificaban las luces y las sombras del sistema.

Bastaba la lectura atenta de este art¨ªculo para sacar inmediatas consecuencias pr¨¢cticas. Porque, desde luego, por m¨¢s optimista que uno sea, s¨®lo se ven sombras en ese art¨ªculo. La ¨²nica luz para Tejada era que se ten¨ªan delante todos los posibles candidatos de un ¨¢rea del saber. Todo lo dem¨¢s eran problemas. Y de envergadura may¨²scula.

La habilitaci¨®n nacional de catedr¨¢tico se lleva a cabo a partir de convocatorias o plazas de las universidades, m¨¢s un a?adido o "propina" del Ministerio de Educaci¨®n. Por tanto, toda esa movilizaci¨®n de personas, aspirantes y tribunales, tiene l¨ªmites, a veces rid¨ªculos: en su caso, 36 firmantes para dos plazas. En otros, la proporci¨®n no es muy distinta. Y a¨²n puede empeorar: ah¨ª se presentaron 16 personas. En otros hemos visto hasta veinte para tres plazas.

Primera reforma, por tanto imprescindible, es que se haga una convocatoria de habilitaci¨®n nacional sin otros l¨ªmites num¨¦ricos que la capacidad y val¨ªa de los candidatos, para cada ¨¢rea de conocimiento, y que se lleve a cabo luego, con regularidad, cada a?o, por ejemplo, una convocatoria similar, a la que pueda concurrir quien crea tener los m¨¦ritos suficientes.

De esas convocatorias saldr¨¢n los catedr¨¢ticos habilitados. La adscripci¨®n a una plaza concreta se hace, en un segundo momento, por convocatoria de cada universidad, en un concurso de adscripci¨®n.

Esta medida es la m¨¢s importante e inmediatamente necesaria. Si se toma, ya no estaremos ante la situaci¨®n actual en la que, como es sabido, todos los actuales catedr¨¢ticos de universidad pueden concurrir a una plaza convocada por una universidad. M¨¢s los escasos habilitados. As¨ª, lo que tenemos, de facto, es un concurso de traslado, restringido a los actuales catedr¨¢ticos, que puede provocar situaciones tales como la reciente convocatoria de una habilitaci¨®n en Ciencia Pol¨ªtica, donde un miembro del tribunal evaluador puede ser el primer interesado en no habilitar al mejor candidato, para aspirar luego m¨¢s "c¨®modamente" a la c¨¢tedra de Madrid cuando la convoque la Universidad Complutense. Es decir, es muy posible que los mejores sean los m¨¢s "enfilados" por estos nuevos mandarines, que son juez en la habilitaci¨®n general y parte en la oposici¨®n, luego, en cada universidad.

Mientras no se haga esta reforma, deber¨ªan modificarse las normas para que un miembro de un tribunal de habilitaci¨®n no pueda luego concursar a una de las plazas que han dado origen a la convocatoria de la misma.

Esta habilitaci¨®n general, de aquellos que tengan los m¨¦ritos para ello, incrementar¨¢ notablemente las posibilidades y opciones de las universidades, las cuales, de otro modo, con el sistema actual de habilitaci¨®n por goteo, tardar¨¢n a?os en poder reclamar para s¨ª a los mejores de una rama del saber.

La habilitaci¨®n en su forma actual de convocatoria ha acentuado las formas m¨¢s grotescas de la degradaci¨®n de unas normas en s¨ª mismas impecables, pero aplicadas con toda suerte de "alegr¨ªas". Tejada, y quienes queremos aplicar el sentido com¨²n a una norma que les fuerza a salirse de ¨¦l, dedicaron muchas horas y tiempo a la selecci¨®n. Hay que alabarles por ello. Pero, en tantos otros casos, algunos de los cuales he presenciado directamente, y otros me han sido narrados con todo lujo de detalles, se han podido ver: la valoraci¨®n de los candidatos a siete por d¨ªa, o sea, una hora de exposici¨®n, ning¨²n debate, o alg¨²n improperio; en otro caso, presentaci¨®n de una hora, comentarios lac¨®nicos, y generalmente "neutros", e incluso halag¨¹e?os para el candidato, pero breves, y luego, a la hora de publicar las calificaciones, escabechinas sin justificaci¨®n ni posibilidad de defensa de cada interesado.

En otros casos se ha visto que las "notas" se le¨ªan, a las dos de la tarde, y los comisionados, contrariamente a lo que dice la ley, que les obliga a escribir su valoraci¨®n y "anotar" sobre ella, han permanecido m¨¢s de ocho horas poni¨¦ndose de acuerdo para justificar la decisi¨®n que ya hab¨ªan tomado antes de iniciarse los ejercicios.

En suma, la penuria de plazas, convocadas con cuentagotas, y la necesariamente abundante cantidad de candidatos a ellas, fomenta y multiplica los peores rasgos de las viejas oposiciones franquistas. Porque se puede, para decirlo con Cernuda, "arrancar una sombra, olvidar un olvido", pero la inquisici¨®n, la pregunta mayor que debemos hacernos, es si la degradaci¨®n ¨¦tica, personal y cient¨ªfica que fomenta esta ley, este sistema de selecci¨®n de los maestros universitarios, es compatible ya no s¨®lo con la docencia y la creaci¨®n de saber en la Universidad, sino tan s¨®lo con la decencia. Si no estamos ante el fomento, no querido, claro est¨¢, de una nueva inquisici¨®n, esta vez en su acepci¨®n de tiran¨ªa o abuso de poder.

Juan Jos¨¦ Castillo es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.