El laberinto de los contratos argentinos

En poco m¨¢s de un mes deber¨ªan sellarse los m¨¢s de sesenta contratos de servicios p¨²blicos que Argentina negocia con las empresas privatizadas y concesionarias, dado que el Gobierno de N¨¦stor Kirchner pretende cumplir con este compromiso asumido con el FMI. Pese a que las negociaciones han marchado lentamente, todos conf¨ªan en que en la mayor¨ªa de los casos se lograr¨¢n acuerdos, al menos transitorios.

Algunas empresas han llegado a pedir subidas del 300%, tanto como el d¨®lar se hab¨ªa apreciado respecto del peso

La Unidad de Renegociaci¨®n (Uniren) de los contratos fue creada por el Gobierno de Eduardo Duhalde, poco despu¨¦s de que en enero de 2002 se devaluara el peso, se desdolarizaran las tarifas y se las congelaran. A mediados de aquel a?o, las empresas fueron invitadas a expresar el nivel de precios que deseaban, y la mayor¨ªa reclam¨® alzas de m¨¢s del 30%, acorde con el nivel de inflaci¨®n de ese momento de crisis descontrolada, y algunas llegaron a pedir subidas del 300%, tanto como el d¨®lar se hab¨ªa apreciado respecto al peso. De ah¨ª en adelante se estancaron las negociaciones hasta que Duhalde traspas¨® el poder a su correligionario Kirchner, hace casi un a?o, cuando la econom¨ªa hab¨ªa comenzado a reactivarse.

El ministro de Econom¨ªa de Duhalde y de Kirchner, Roberto Lavagna, hab¨ªa dirigido la Uniren en tiempos del primero, pero debi¨® compartir su potestad en el nuevo Gobierno con el ministro de Planificaci¨®n Federal, Julio de Vido. Las negociaciones comenzaron pr¨¢cticamente otra vez. El Congreso autoriz¨® por ley al poder Ejecutivo a revisar los servicios p¨²blicos hasta diciembre de 2004 y a elevar, en caso de emergencia, las tarifas. M¨¢s adelante, Lavagna prometi¨® al FMI que en junio, seis meses antes de lo previsto por ley, se llegar¨ªa a acuerdos con las compa?¨ªas, la mayor¨ªa de ellas en manos de multinacionales.

Aguas Argentinas, controlada y gestionada por la francesa Suez, era uno de los servicios m¨¢s cuestionados por incumplimientos contractuales, al igual que el Correo Argentino, al que se le rescindi¨® el convenio, y los ferrocarriles de cercan¨ªas de Buenos Aires, tambi¨¦n bajo amenaza. Sin embargo, la concesionaria de la red de agua potable de la capital argentina fue la primera en sellar un acuerdo con el Gobierno. Ante la advertencia oficial de que perder¨ªa la concesi¨®n, Aguas Argentinas acept¨® invertir este a?o en obras de expansi¨®n unos 70,5 millones de euros, que obtendr¨¢ de sus ventas.

Hasta diciembre

El acuerdo transitorio que se firm¨® el martes pasado regir¨¢ hasta diciembre pr¨®ximo, cuando deber¨ªa sellarse un contrato definitivo. Hasta entonces no se producir¨¢n aumentos de tarifas, y Suez congelar¨¢ su demanda contra Argentina por la ruptura del contrato en 2002 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. Tambi¨¦n se suspenden las multas por 43,7 millones de euros del ente regulador del sector contra Aguas Argentinas, en suspensi¨®n de pagos desde 2002.

Despu¨¦s de negar la crisis energ¨¦tica durante meses, Kirchner y sus funcionarios han tomado conciencia de ella, a fuerza de cortes puntuales del suministro de gas a industrias y centrales el¨¦ctricas, y han manifestado la voluntad de resolverla. En un nuevo paquete de medidas contra la crisis, Kirchner decidi¨® esta semana la formaci¨®n de la empresa estatal Energ¨ªa Argentina, SA (Enarsa), que cotizar¨¢ en Bolsa e invertir¨¢ en exploraci¨®n petrolera en alta mar y gasoductos, y elev¨® los impuestos a la exportaci¨®n de petr¨®leo y sus derivados para financiar parte de las obras en infraestructura energ¨¦tica por 3.250,4 millones de euros, proyectadas hasta 2009. La sede porte?a de Repsol YPF, una de las afectadas por la medida y la m¨¢s criticada por Kirchner por la insuficiente inversi¨®n en gas, fue atacada el mi¨¦rcoles con dos bombas molotov en una protesta de parados piqueteros.

Altas fuentes oficiales admiten que los contratos de transporte y distribuci¨®n de electricidad y gas, que suponen un tercio del total, caminan hacia una resoluci¨®n. En esta discusi¨®n participa Edesur, la controlada por Endesa que distribuye electricidad a la mitad de la ciudad de Buenos Aires, y que el jueves pasado sufri¨® en una estaci¨®n transformadora la explosi¨®n de una bomba casera. Tambi¨¦n intervienen Gas Natural BAN, distribuidora de la provincia de Buenos Aires, y Metrogas, controlada por la brit¨¢nica BG y 30% de Repsol YPF, que provee a la capital argentina.

El Uniren analiza la informaci¨®n b¨¢sica del negocio energ¨¦tico, su historia y sus proyecciones. El Gobierno considera que debe definirse un nuevo marco de derechos y obligaciones de las partes, y por eso ha acercado a las compa?¨ªas un proyecto de acuerdo parcial, que a¨²n debe negociarse, similar al alcanzado con Aguas Argentinas. Este tratado probablemente implique la suspensi¨®n de acciones judiciales de los accionistas de las compa?¨ªas, como Endesa, en el Ciadi, y compromisos de inversi¨®n. Las empresas de electricidad y gas tuvieron exigencias de inversi¨®n desde su privatizaci¨®n, en 1993, hasta 1997. A partir de entonces s¨®lo debieron cumplir con requisitos de calidad del servicio. Los entes reguladores de ambos sectores opinaron que, m¨¢s all¨¢ de algunas excepciones, las compa?¨ªas hab¨ªan cumplido en general con esas exigencias, pese a algunas multas impuestas por fallos espec¨ªficos. La Uniren critic¨® a los entes por limitarse a ese an¨¢lisis, y expres¨® en informes que deber¨ªan controlarse tambi¨¦n las inversiones necesarias para cumplir con la calidad comprometida.

Los acuerdos transitorios con las compa?¨ªas de energ¨ªa posiblemente lleven al Estado a suspender sus demandas por multas impagadas, a revisar el r¨¦gimen de calidad del servicio y a aumentar las tarifas de electricidad -las empresas piden un 35%- y de gas -un 10%-, pero sin afectar a los hogares pobres. De momento s¨®lo se produjeron este a?o alzas para grandes usuarios en el precio de gas a boca de pozo, lo que elev¨® la tarifa final hasta un 25%, y del de la electricidad mayorista, lo que impact¨® a los clientes hasta en un 35%. Los pactos en negociaci¨®n, a diferencia del de Aguas Argentinas, tal vez revistan un car¨¢cter de mediano plazo, hasta fines de 2006, cuando deber¨ªa estabilizarse la situaci¨®n socioecon¨®mica, seg¨²n los c¨¢lculos del Gobierno.

El Ejecutivo ya pact¨® con las petroleras que los precios del gas a boca de pozo vuelvan a liberarse gradualmente, tras el congelamiento impuesto en 2002, a cambio de que aseguren un aprovisionamiento m¨ªnimo por tres a?os. En julio de 2005 habr¨¢ precio libre para los grandes usuarios, y en diciembre de 2006 para los peque?os. La Secretar¨ªa de Energ¨ªa tambi¨¦n ha iniciado negociaciones con los generadores el¨¦ctricos para regresar en etapas a un valor mayorista libre, objetivo tambi¨¦n planteado para las postrimer¨ªas de 2006. En este negocio, del que participa Endesa, el Gobierno corre con menos prisa porque la crisis el¨¦ctrica no es inminente. Por lo pronto, el Ejecutivo se ha comprometido a subvencionar los 166 millones de euros que le costar¨¢ a las centrales termoel¨¦ctricas la sustituci¨®n del escaso gas por el fuel comprado en cuotas a la Venezuela de Hugo Ch¨¢vez.