Es necesario el debate educativo

Paralizar la aplicaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Calidad en la Educaci¨®n (LOCE), tal como han anunciado el presidente del gobierno de Espa?a y la ministra de Educaci¨®n y Ciencia, es una medida adecuada y necesaria. En primer lugar porque es un compromiso adquirido en la campa?a electoral, y es bueno que las promesas contra¨ªdas con la ciudadan¨ªa contin¨²en cumpli¨¦ndose. En segundo, porque la LOCE careci¨® del debate y el consenso entre la comunidad educativa, las comunidades aut¨®nomas y el ministerio que una reforma educativa que se pretenda de todos y con vocaci¨®n de estabilidad y futuro precisa. En tercer lugar, por las graves consecuencias educativas y sociales que tendr¨ªa la aplicaci¨®n de esta ley, pues no s¨®lo genera desigualdades en el alumnado o merma la participaci¨®n de padres y madres, sino que, adem¨¢s, carece del sentido estrat¨¦gico y de los instrumentos necesarios que requiere la educaci¨®n en la Espa?a de hoy.

Por ello, y dado que la mayor parte de la ley -la que afecta a los itinerarios, el desarrollo del curr¨ªculum, la revalida, etc.- a¨²n no ha entrado en vigor, es prudente y acertado paralizar su aplicaci¨®n, pues no crea ninguna disfunci¨®n en el sistema educativo, y abre una puerta a la esperanza para hacer una Ley de Educaci¨®n que responda a la Espa?a moderna y solidaria que la mayor¨ªa queremos.

Actuar en un ¨¢mbito tan importante y complejo como es la educaci¨®n requiere un elevado grado de consenso entre la comunidad social y los profesionales de la educaci¨®n, que no puede proceder sino de un amplio debate que permita penetrar en los conceptos de calidad, relevancia y justicia social. Primero los debates y consensos, despu¨¦s las leyes. En dicho debate deber¨ªamos guiarnos por la consolidaci¨®n de algunos principios b¨¢sicos, que permitan posteriormente avanzar propuestas concretas. Entre ellos propondr¨ªa los siguientes.

Nuestro sistema educativo debe procurar el grado de educaci¨®n, formaci¨®n y capacitaci¨®n que requiere una sociedad moderna y avanzada, cuyo bienestar y posibilidad de desarrollo depender¨¢, cada vez m¨¢s, de las mismas. Aumentar el n¨²mero de j¨®venes y adultos con titulaci¨®n superior; hacer de la educaci¨®n a lo largo de la vida uno de nuestros empe?os; introducir el biling¨¹ismo; incorporar las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n a los sistemas de ense?anza-aprendizaje como una herramienta habitual, y dise?ar unos curr¨ªculos flexibles y acordes con los avances de los campos del saber son algunos de los retos que tiene por delante nuestro sistema. Una educaci¨®n m¨¢s cosmopolita y m¨¢s abierta.

Esa educaci¨®n p¨²blica necesita un proyecto de vida colectivo y compartido, que facilite la integraci¨®n cultural y social. Ello implica un sistema educativo laico, respetuoso con los diferentes credos, culturas y tradiciones, y justo en la distribuci¨®n de oportunidades y recursos; as¨ª como el compromiso de elevar el nivel de todo el alumnado, sea cual sea su origen, sin segregar ni jerarquizar. La educaci¨®n debe garantizar la equidad en la distribuci¨®n de esfuerzos, recursos y oportunidades y la solidaridad con quienes tienen m¨¢s dificultades. La funci¨®n profesional de educadores requiere, igualmente, introducir cambios sustantivos en el proceso de formaci¨®n (inicial y permanente), en el estatus profesional y la carrera docente, as¨ª como en la selecci¨®n y adscripci¨®n del profesorado.

Y en cuanto a los alumnos y alumnas, deben ser sujetos de responsabilidad en las actividades que se desarrollan y asumir los deberes que de su participaci¨®n se derivan. El grado de implicaci¨®n del alumnado ha de ser un indicador b¨¢sico de la calidad de los aprendizajes. El aprendizaje del alumnado as¨ª no ser¨¢ consecuencia s¨®lo de su necesario esfuerzo individual sino del esfuerzo del sistema para lograr su participaci¨®n. La escuela es y ha de ser un lugar de aprendizaje privilegiado de la participaci¨®n ciudadana y de la toma de decisiones individuales y colectivas. Por ello la formaci¨®n de la ciudadan¨ªa, que constituye el principio b¨¢sico de la educaci¨®n obligatoria, requiere que la escuela constituya, en todos sus ¨¢mbitos, un escenario democr¨¢tico.

Merece la pena, pues, paralizar una ley que no permiti¨® tener ni estos ni otros debates, y abrir un proceso de di¨¢logo sereno y riguroso que busque con ah¨ªnco el acuerdo y el compromiso por la mejor educaci¨®n para todos.

C¨¢ndida Mart¨ªnez L¨®pez es consejera de Educaci¨®n, del PSOE, de la Junta de Andaluc¨ªa.