El Congreso acuerda aplazar la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario tras un pol¨¦mico debate

El Congreso convalid¨® ayer, por 184 votos a favor y 137 en contra, el Real Decreto por el que se aplaza hasta el 31 de diciembre la entrada en vigor de la Ley Ferroviaria. ?sta establec¨ªa que el sector deb¨ªa comenzar a abrirse a la competencia el 18 de mayo pasado para poner fin al monopolio de Renfe. El debate en el Congreso estuvo marcado por la pol¨¦mica. El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Andr¨¦s Ayala, acus¨® a la ministra de Fomento, Magdalena ?lvarez, de mentir y tener "razones ocultas" para aplazar la ley. Desde su esca?o, ?lvarez replic¨® de inmediato: "Usted ha mentido", tal como recoge el Diario de Sesiones. ?lvarez exigi¨® despu¨¦s que la pidieran perd¨®n. Y ret¨® a Ayala: "Si conoce esas razones [ocultas], suba a la tribuna y expl¨ªquenoslas". "Aqu¨ª el ¨²nico que miente es usted", afirm¨®. Pero Ayala se reafirm¨®. En el turno de r¨¦plica, el diputado dijo: "Confirmo, mantengo y sostengo todo lo que he dicho, y me reafirmo en que yo no he mentido y usted s¨ª".

El enfrentamiento no acab¨® ah¨ª. El debate subi¨® de tono con la participaci¨®n del diputado socialista Salvador de la Encina, quien llam¨® a Ayala "mamarracho". La bancada del PP contest¨® con una bronca que tuvo como momento ¨¢lgido a los diputados populares corenando la palabra "talante". De la Encina entendi¨® que le llamaban "botarate". El presidente, Manuel Mar¨ªn, intervino. Reclam¨® al socialista que retirase el insulto y, como no lo logr¨®, opt¨® por ordenar que se retirase del Diario de Sesiones. Los taqu¨ªgrafos lo suprimieron. Y Mar¨ªn se encontr¨® con una inesperada ovaci¨®n del PP que no fue secundada por ning¨²n diputado socialista.

M¨¢s tarde, Ayala agreg¨® que la decisi¨®n de aplazar la ley est¨¢ "aparentemente pactada" con los partidos nacionalistas que apoyaron la investidura de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y es una de las condiciones del pacto de gobernabilidad. La pol¨¦mica ha rodeado a la Ley Ferroviaria desde que se aprob¨® en el Congreso, en noviembre pasado. Ha sido objeto de cr¨ªticas por parte de los sindicatos -consideraban que no aseguraba la viabilidad futura de Renfe ni daba soluci¨®n a su deuda hist¨®rica (unos 7.400 millones de euros)- y de seis recursos de inconstitucionalidad.

Para liberalizar el ferrocarril se separaba la gesti¨®n de la infraestructura (v¨ªas), que quedaba en manos de un ente p¨²blico (Adif), y el transporte, un mercado en el que Renfe tendr¨ªa que competir con otras empresas y pagar, como ¨¦stas, un canon al Adif por el uso de la v¨ªa.