La memoria y el olvido

La vida de una sociedad depende mucho de dos dimensiones que parecen contrapuestas y que, sin embargo, son complementarias. Me refiero a la memoria y al olvido, que juntas van acumulando o excluyendo materiales para construir la historia de los pueblos. Espa?a no pod¨ªa ser una excepci¨®n, y es deudora de ambas. Cuando el equilibrio memoria-olvido no es adecuado y se recuerda lo que no se debe y se olvida lo que es fundamental recordar, los pueblos pueden naufragar y precipitarse en un abismo de dif¨ªcil retorno. Nuestro pa¨ªs ha pasado muchas ¨¦pocas de su recorrido temporal entre esas confusiones y esos errores. Con grandes dificultades enderez¨® su rumbo en 1977 y hoy, veintisiete a?os m¨¢s tarde, conviene recordar las exigencias que se deben respetar y los peligros que se deben evitar. Es una reflexi¨®n abierta, constructiva, respetuosa y finalista. Pretende que el pac¨ªfico progreso del que, con avatares y zozobras, disfruta nuestro pa¨ªs pueda mantenerse e incrementarse si es posible.

A veces, las nuevas generaciones, los nuevos gobernantes, pueden actuar sin consideraci¨®n a la dial¨¦ctica memoria-olvido y considerar trascendente lo que s¨®lo es accesorio y accesorio lo que es trascendente. El error puede producir desequilibrios de complicada reparaci¨®n.

Mayor¨ªa, oposici¨®n, sociedad civil y personas individuales con relevancia deben tener en cuenta esa situaci¨®n y sus posibles consecuencias.

En la memoria deben estar los criterios fundamentales del pacto social, el consenso b¨¢sico que fundament¨® nuestra Constituci¨®n. A la hora de su reforma, que se plantea leg¨ªtimamente en esta legislatura, con cuatro dimensiones que parecen juiciosas y pertinentes, se debe tener en cuenta que existen aspectos muy arraigados en la mayor¨ªa de quienes se adhieren al gran consenso de la Constituci¨®n que deben estar en la memoria y no pueden ser olvidados.

Todos deben recordar algunas dimensiones procedimentales y materiales que est¨¢n en la base de la adhesi¨®n y de la legitimidad del sistema. En primer lugar, la mayor¨ªa muy reforzada que debe apoyar la reforma. No basta con la mayor¨ªa jur¨ªdica suficiente, es menester alcanzar la mayor¨ªa jur¨ªdica necesaria. Eso pasa por el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, y por los representantes de minor¨ªas ideol¨®gicas, como IU, con sus aliados, y nacionalistas, al menos una parte representativa de los que existen en Catalu?a y en Galicia. Ser¨ªa muy deseable tambi¨¦n rescatar a muchos nacionalistas vascos de su andadura imposible. En todo caso, no se puede exigir el consensum omnium, es decir, la unanimidad.

En segundo lugar, entre las dimensiones formales debe, adem¨¢s, a?adirse la idea de jerarqu¨ªa normativa, que es una condici¨®n sine qua non para el funcionamiento de cualquier sistema democr¨¢tico. Iniciar de forma encubierta y poco visible una reforma de estatutos de autonom¨ªa, que conlleva y obliga a una reforma de la Constituci¨®n, supone una flagrante violaci¨®n de cualquier pacto social, y una desconsideraci¨®n de la seguridad jur¨ªdica. La falta de credibilidad por exceso y desmesura del llamado plan Ibarretxe se funda principalmente en esa manipulaci¨®n de la raz¨®n jur¨ªdica.

La principal de las dimensiones materiales que son objeto del pacto social que alumbra la adhesi¨®n constitucional de 1978, tiene una vieja historia en nuestro pa¨ªs. Ya en el umbral del Barroco y la Ilustraci¨®n lo trata Feijoo en el Teatro Cr¨ªtico Universal, cuando contrapone la propia patria y la communis patria, con reflexiones muy cr¨ªticas para ambas por sus dimensiones excluyentes e incompatibles, que le llevan a reclamar un patriotismo constitucional con m¨¢s de dos siglos de antelaci¨®n sobre Sternberger y Habermas, donde los ciudadanos vivir¨ªan unidos por el af¨¢n de libertad, bajo la coyunda de unas mismas leyes. Es la reclamaci¨®n de la sociedad frente a la comunidad, de la raz¨®n frente a los sentimientos y sus desvar¨ªos.

El problema que detect¨® l¨²cidamente Feijoo, le sobrevivi¨® y se acrecent¨®, y lo encontramos en efervescencia los constituyentes de 1978. El franquismo hab¨ªa exacerbado los errores del centralismo liberal y el choque entre las propias patrias y la patria com¨²n se aproximaba peligrosamente.

El esp¨ªritu constitucional contribuy¨® a desactivar ese peligro con una exclusi¨®n de los nacionalismos excluyentes, tanto del nacionalismo espa?ol -que no reconoce la existencia de naciones culturales en el interior de Espa?a- como de los nacionalismos perif¨¦ricos -que no aceptan la existencia de la naci¨®n Espa?a-. La Constituci¨®n considera al pueblo espa?ol soberano, es el componente humano de la naci¨®n Espa?a, y reconoce a las comunidades aut¨®nomas -algunas de ellas naciones culturales y otras regiones- derechos pol¨ªticos, instituciones pol¨ªticas propias -parlamentos y gobiernos- y amplias competencias de organizaci¨®n y de gesti¨®n. A este sistema lo hemos calificado como de federalismo funcional y a la comunidad que lo sustenta, Espa?a, como una naci¨®n de naciones y de regiones.

Evidentemente, la Constituci¨®n tiene otras dimensiones b¨¢sicas del pacto social, como la Monarqu¨ªa parlamentaria y el Estado social y democr¨¢tico de derecho, que parecen muy asentadas y no sometidas a tensiones ni a fuerzas desequilibradoras. Sin embargo, el Estado de las autonom¨ªas puede perder el equilibrio por exceso y por defecto. La importancia del pacto social en este ¨¢mbito es excepcional y su resquebrajamiento o ruptura puede producir el derrumbamiento de todo el edificio constitucional. De ah¨ª la necesidad de la prudencia y de la contenci¨®n de todos los actores pol¨ªticos y sociales, y la mesura con la que los profesores y los te¨®ricos deben abordarlo. Los arrebatos pasionales de cualquier signo, la arrogancia intelectual, con la creencia dogm¨¢tica en la propia verdad, la valoraci¨®n desproporcionada del ¨¦xito electoral, o la vocaci¨®n cainita y destructiva derivada de derrotas no esperadas, son tentaciones que se deben conjurar.

Ya desde los a?os primeros de la Constituci¨®n estuvieron latentes unas desviaciones en ambos extremos. Por un lado, un espa?olismo intransigente que se represent¨® en el voto negativo a la Constituci¨®n de cualificados representantes de AP y de los senadores reales, y por otro, las reticencias de los nacionalistas vascos, y adem¨¢s de otros muchos nacionalistas, tambi¨¦n en Catalu?a y en otros

lugares de Espa?a, sobre la organizaci¨®n territorial igualitaria hasta donde es posible, con exclusi¨®n de los hechos diferenciales, y de los privilegios constitucionales, otorgados "apartadamente" a Navarra y al Pa¨ªs Vasco. En los ¨²ltimos tiempos el Gobierno del Partido Popular exacerb¨® alguna de esas pol¨ªticas espa?olistas, mientras que desde el nacionalismo vasco y catal¨¢n, cada uno con sus motivos propios, se empujaba en el sentido contrario; en Euskadi, de manera radical con el plan Ibarretxe. En esa dial¨¦ctica de los contrarios no se puede apreciar d¨®nde est¨¢ el efecto y d¨®nde la causa, aunque lo m¨¢s probable es que ambos sean al tiempo causa y efecto.

Despu¨¦s de las elecciones del 14 de marzo, un nuevo clima aparece en el horizonte con las ofertas de di¨¢logo y de consenso del presidente Zapatero, aspecto que, sin duda, mereci¨® el apoyo del electorado. El tema del pacto social aumenta en estos momentos su importancia, ante el anuncio de reformas constitucionales. ?stas, en s¨ª no afectan al modo esencial del pacto social, pero aparecen signos que deben ser considerados por si su arraigo puede o no poner en peligro ese cimiento que evita movimientos desestabilizadores. En primer lugar, est¨¢ en juego el principio del trato igual, que es violado de manera llamativa en ¨¢mbitos auton¨®micos o religiosos. Los s¨ªmbolos del Estado recogidos en la Constituci¨®n, bandera, himno, escudo, etc., deben ser tratados con respeto en el ¨¢mbito auton¨®mico, igual que los s¨ªmbolos auton¨®micos en el estatal. No son an¨¦cdotas, ni asuntos secundarios o intrascendentes, sino que afectan a las reglas del juego limpio. Como tampoco lo es el respeto a la laicidad del Estado, que hace inconcebible que las m¨¢ximas autoridades del Estado juren o prometan sus cargos ante una Biblia y un crucifijo, adem¨¢s de la Constituci¨®n.

Si no queremos enturbiar los buenos tiempos que pueden ser los futuros deben aumentarse acciones como la del Gobierno de proponer al catal¨¢n, al euskera y al gallego como lenguas comunitarias, y evitarse mezquindades rid¨ªculas como la que hemos visto en la inauguraci¨®n del Foro de las Culturas. Pero, sobre todo, mant¨¦ngase el gran consenso que rechazaba los nacionalismos excluyentes. Los ciudadanos ya han rechazado el nacionalismo espa?ol excluyente, evitemos la necesidad de pronunciarse contra las otras exclusiones y pidamos a todos los pol¨ªticos responsables que eviten tropezar de nuevo en la misma piedra. Hay n¨²cleos b¨¢sicos del pacto social que no debemos modificar.

Soy un profesor en activo y un pol¨ªtico retirado en general, pero que se siente responsable en apoyar la paz y la libertad de nuestros ciudadanos y de nuestros pueblos. S¨®lo tengo la experiencia y la palabra. Uso la segunda desde la raz¨®n hist¨®rica para transmitir mi experiencia. Los pueblos de Espa?a son diferentes en lo que lo son sustancialmente o en los privilegios que les concedi¨® la Constituci¨®n de 1978. No veo razones para que se deban a?adir nuevas diferencias en los tratos, en los niveles jer¨¢rquicos de los estatutos, en las instituciones, ni en las competencias. El sistema del federalismo funcional est¨¢ asentado y debe funcionar mejor¨¢ndose, como lo pretenden las reformas constitucionales propuestas. Pero cualquier cambio hacia la diferencia entre comunidades debe ser justificado, con razones te¨®ricas y con razones de oportunidad. Es el equilibrio entre la memoria y el olvido. En la buena gesti¨®n y en el buen fin de este tema se juega el presidente y el PSOE buena parte del enorme cr¨¦dito que justificadamente le han otorgado los electores.

Gregorio Peces-Barba es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho y rector de la Universidad Carlos III de Madrid.