Una supuesta gran estafa inmobiliaria llega a juicio al cabo de 27 a?os

La Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Madrid celebrar¨¢ desde el pr¨®ximo jueves un juicio por una presunta macroestafa inmobiliaria que lleva casi 27 a?os investig¨¢ndose en la v¨ªa judicial y que en su d¨ªa, a finales de los a?os setenta, afect¨® a unas 3.000 familias de la capital, Torrej¨®n, Villalba y M¨®stoles. El esc¨¢ndalo estall¨® a fines de 1977, aunque cuatro a?os antes los vecinos ven¨ªan denunciando irregularidades. La investigaci¨®n judicial comenz¨® en torno a 1980. El pr¨®ximo jueves empieza el proceso, que se alargar¨¢ durante meses. En cada sesi¨®n ser¨¢n interrogados unos 40 testigos.

Se trata de la presunta estafa de pisos del entonces llamado caso Promocisa (familias que anticiparon sus ahorros para cuatro promociones de casas en distintos barrios de Madrid, Torrej¨®n, Villalba y M¨®stoles, y otras familias que se vieron forzadas a pagar m¨¢s de lo pactado para al final conseguir las viviendas prometidas).

Despu¨¦s de tantos a?os y de que el asunto haya pasado por las manos de cinco jueces de instrucci¨®n, el jueves se sentar¨¢n en el banquillo de la Audiencia de Madrid los cinco acusados (en realidad eran seis, pero uno de ellos ya falleci¨®) de este caso, que tiene similitudes con el m¨¢s reciente de la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV), 1.200 familias que adelantaron 30 millones de euros para obtener una vivienda en los nuevos barrios del norte de Madrid.

Fuentes judiciales no recuerdan en Espa?a un precedente similar de demora judicial como el del caso Promocisa: una instrucci¨®n que haya estado m¨¢s de 20 a?os en tr¨¢mite o estancada en los juzgados.

Las cifras que rodean este juicio son mastod¨®nticas: ante el tribunal deber¨¢n desfilar unos 1.500 testigos/afectados y el juicio durar¨¢ al menos seis meses (salvo que las partes lleguen a un acuerdo el jueves y los acusados se conformen con las penas que solicita el fiscal).

Edad avanzada

El primer escrito de acusaci¨®n del fiscal, en el que se ped¨ªa para los acusados penas que oscilan entre los seis y los ocho a?os de c¨¢rcel, se redact¨® en la d¨¦cada de los noventa. Han pasado varias d¨¦cadas desde que estall¨® el esc¨¢ndalo y casi todos los acusados tienen una edad muy avanzada, alguno de ellos roza los noventa a?os. La idea inicial, si finalmente se opta por la celebraci¨®n del juicio y no hay acuerdo, es que se celebren una o dos sesiones semanales y que sean interrogados en cada una de ellas unos 30 o 40 afectados. El catedr¨¢tico de Derecho Penal Luis Rodr¨ªguez Ramos y el actual decano de los abogados de Madrid, Luis Mart¨ª Mingarro, son dos de los letrados que intervienen en este proceso.

Fuentes judiciales atribuyen la descomunal demora en la celebraci¨®n de este juicio a los continuos cambios de juez, a los innumerables recursos interpuestos por las partes a lo largo del dilatado proceso y, fundamentalmente, a que "la Administraci¨®n de Justicia espa?ola no est¨¢ preparada ni tiene medios para absorber y juzgar una estafa de esta envergadura", se?alan. Un experto en derecho se?ala al respecto: "Esto ni es justicia ni es nada; c¨®mo es posible que ahora, casi 25 a?os despu¨¦s, se celebre un juicio por una estafa que tantas manifestaciones y protestas suscit¨® en su d¨ªa; nadie se acordar¨¢ de nada, los acusados ya est¨¢n muy mayores; y, adem¨¢s, ?c¨®mo trasvasamos a la etapa actual el valor que ten¨ªa entonces el dinero? No es igual un mill¨®n de pesetas de los de entonces que de los de ahora".

Inicialmente fueron cerca de 3.000 las familias que adelantaron sus ahorros a Promocisa para la compra de un piso y que se quedaron sin la vivienda que les hab¨ªan prometido o tuvieron que pagar por ella m¨¢s de lo pactado. Fuentes pr¨®ximas a los acusados aseguran, sin embargo, que "la inmensa mayor¨ªa de los afectados consigui¨® una casa o recuper¨® su dinero". No obstante, el Gobierno del PSOE que surgi¨® de las urnas en 1982, medi¨® en el asunto, a trav¨¦s del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y gracias a ello la lista de afectados se redujo de forma ostensible. Muchos lograron recuperar su dinero o parte de ¨¦l; otros pagaron m¨¢s dinero del previsto.

Tras saltar el esc¨¢ndalo, se cifr¨® en unos 8.000 millones de pesetas, de las de entonces, el volumen de la supuesta estafa. La cantidad se redujo luego, dado que muchos afectados lograron casa a?os despu¨¦s tras la mediaci¨®n del Gobierno socialista, el juez la dej¨® en unos 2.000 millones de pesetas en 1986. Hoy por hoy, m¨¢s de 20 a?os despu¨¦s, son 1.500 las familias que la justicia considera afectadas de una u otra forma por esta estafa, y que deber¨¢n comparecer ante el tribunal a partir del jueves. Los afectados constituyeron en su d¨ªa una asociaci¨®n para defender sus intereses y se quejaron de "la lenidad e irresponsabilidad" de la Administraci¨®n de UCD, cuyos altos cargos defendieron que no exist¨ªa ning¨²n tipo de irregularidad.