Elevadas las condenas a los responsables de CPV por estafar a 2.000 madrile?os

El Tribunal Supremo (TS) ha elevado de diez a?os y medio de c¨¢rcel a 12 a?os la condena impuesta el a?o pasado por la Audiencia Provincial de Madrid al director de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), Francisco Garc¨ªa Moreno, por estafar a cerca de 2.000 personas en Madrid. As¨ª lo ha acordado el Alto Tribunal en una sentencia, en la que estima el recurso de la Fiscal¨ªa y acuerda aumentar tambi¨¦n de ocho a?os y medio de c¨¢rcel a diez a?os la condena a los dos hijos de Garc¨ªa Moreno que ejerc¨ªan como administradores, Francisco Javier y Miguel ?ngel, y a otro administrador de la empresa, Miguel Angel Morillo, a quienes se les impone una multa de cerca de 13.000 euros.

El Supremo justifica el incremento de las penas en la "especial gravedad" del delito y confirma el resto de la sentencia de la Audiencia madrile?a, que estableci¨® indemnizaciones que alcanzan los 73 millones de euros para los afectados por la estafa inmobiliaria, que nunca consiguieron las viviendas por las que hab¨ªa pagado. El TS hace hincapi¨¦ en que este hecho tuvo una "notoria gravedad" y los perjudicados fueron una generalidad de personas. "Se est¨¢ en presencia de un fraude colectivo en materia de un bien de tan primera necesidad como es la compra de una vivienda", concluye.

Tambi¨¦n se?ala que los condenados "no dudaron en poner sus conocimientos al servicio de la operaci¨®n defraudatoria que ideada y dise?ada por Francisco Garc¨ªa cont¨® con la insustituible colaboraci¨®n de sus dos hijos y de Morillo". Francisco Garc¨ªa Moreno es condenado al pago de una multa de 26.000 euros y los cuatro lo son por un delito continuado de estafa agravada por recaer sobre viviendas y revestir especial gravedad en la modalidad de delito masa.

En total, casi 2.000 personas resultaron estafadas por la CPV desde que la sociedad se constituy¨® en diciembre de 1997 hasta que se realizaron las primeras denuncias en el a?o 2000. La Audiencia de Madrid consider¨® probado que los cuatro fueron autores materiales de la estafa cometida por CPV, que promocionaba pisos que nunca llegaron a construirse en los barrios madrile?os de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo. Seg¨²n explica la sentencia, los ingresos obtenidos por CPV de las ventas de los pisos efectuadas ascendieron a 35.798.231 euros y el quebranto econ¨®mico causado a los perjudicados en total fue de 25.175.128 euros. Para otros dos acusados, Alfredo V¨¢zquez y Adelina Erles, la Audiencia madrile?a les impuso una condena de dos a?os y medio y tres a?os de c¨¢rcel, respectivamente, lo que ahora confirma el Supremo.