La UE, los derechos humanos en Colombia y el consumo de coca¨ªna
El autor se?ala la contradicci¨®n de aquellos que en Europa critican la debilidad institucional o el exceso de seguridad en Colombia sin vincular la violencia del narcotr¨¢fico con la demanda de droga en sus pa¨ªses.
El compromiso de Europa con los derechos humanos y el medio ambiente debe ser igualado por una autoevaluaci¨®n respecto al consumo de drogas.
Les dir¨¦ por qu¨¦.
Hace un mes sobrevol¨¦ un tramo de selva virgen en la costa pac¨ªfica colombiana, una de las ¨¢reas con mayor biodiversidad de nuestro planeta, seg¨²n ambientalistas. A medida que disfrutaba de la belleza de la inmensa alfombra verde de ¨¢rboles, se empezaban a divisar espacios negros en las tres capas de vegetaci¨®n. Estos hoyos antinaturales eran el producto de quemas y talas, no por empresas multinacionales, sino por cocaleros buscando nuevos campos para conseguir una nueva cosecha de hoja de coca para poder satisfacer la enorme demanda de coca¨ªna en Europa y Estados Unidos.
Los cocaleros en Colombia trabajan directamente para las FARC, el ELN y las AUC, los peores violadores de los derechos humanos en el continente americano. Y, adem¨¢s de asesinato de civiles, secuestros y otras actividades criminales, se estima que por lo menos 1.800.000 hect¨¢reas han quedado inutilizadas por el cultivo y procesamiento de coca¨ªna por las FARC, el ELN y las AUC.
Falt¨® tan s¨®lo una cosa en la destrucci¨®n de esta selva tropical, que contiene el 10% de la biodiversidad del planeta: no ha habido condenas por parte de grupos defensores de derechos humanos ni ambientalistas. En cambio, ¨¦stos se preguntan por qu¨¦ las pol¨ªticas del Gobierno nacional contra estas organizaciones terroristas es tan decidida. Los grupos de derechos humanos y ambientalistas serios deben dirigir su credibilidad a detener el inmenso da?o ambiental y las violaciones a los derechos humanos causados por estos actores no estatales que han sido clasificados como terroristas por la Uni¨®n Europea.
En Colombia, el proceso de producci¨®n de coca¨ªna no es la extensi¨®n de una cultura medicinal ind¨ªgena, como quieren hacer creer algunos grupos mal informados. La producci¨®n de coca¨ªna es una industria manejada por las FARC, las AUC y el ELN, que derraman millones de galones de fertilizantes t¨®xicos e insumos qu¨ªmicos en r¨ªos v¨ªrgenes y zonas selv¨¢ticas, adem¨¢s de la quema y tala de h¨¢bitat de especies en v¨ªas de extinci¨®n.
Las fuertes pol¨ªticas de seguridad del Gobierno colombiano no son un capricho; estas pol¨ªticas son una respuesta a la violencia financiada por el tr¨¢fico internacional de drogas y orquestada por estos grupos terroristas.
Los revolucionarios de ayer son los multimillonarios barones de la droga de hoy. Las ganancias ilegales obtenidas por el negocio de la coca¨ªna afectan a todas las comunidades, a todos los individuos, a cada sistema que tocan, sea ¨¦ste la banca, las finanzas internacionales o la corrupci¨®n de jueces, sindicalistas, fiscales y funcionarios gubernamentales.
Algunos europeos han sido cr¨ªticos de la debilidad de las instituciones en Colombia o, en ocasiones, de un excesivo gasto en seguridad. Nosotros pedimos a estos cr¨ªticos que den una mirada honesta al efecto del tr¨¢fico internacional de drogas y su rol en el debilitamiento de instituciones democr¨¢ticas que son indispensables para el imperio de la ley y la prevenci¨®n de violaciones a los derechos humanos.
El informe de derechos humanos de las Naciones Unidas de 2003 es directo y claro al vincular a las FARC, el ELN y las AUC con el narcotr¨¢fico, la extorsi¨®n y el uso de explosivos no convencionales. Adicionalmente, Human Rights Watch ha condenado el reclutamiento forzoso de menores al crimen y la violencia por los tres grupos. Sin embargo, los v¨ªnculos entre estas atrocidades y el consumo de drogas en el mundo parecen entrar por un o¨ªdo y salir por el otro, especialmente en Europa.
Si la industria del petr¨®leo, por ejemplo, financiara cualquiera de estos actos de violencia o produjera estos niveles de destrucci¨®n ambiental, los grupos de derechos humanos en Europa se rasgar¨ªan las vestiduras en indignaci¨®n. Pero, aunque la violencia y la destrucci¨®n ambiental en Colombia es producida directamente por la demanda y el consumo de coca¨ªna por miembros afluentes de su propia sociedad, los europeos est¨¢n guardando silencio, por lo que no es nada m¨¢s que un ciclo de "coca¨ªna por sangre" en el que se alimenta el consumo de la violencia y viceversa.
El intento deliberado por ocultar los v¨ªnculos entre el consumo de drogas en Europa y la violaci¨®n de derechos humanos presenta una paradoja moral; la misma Uni¨®n Europea cuyos h¨¢bitos de consumo de drogas contribuyen a la necesidad de una legislaci¨®n antiterrorista en Colombia est¨¢ compuesta de aquellos pa¨ªses que son los m¨¢s cr¨ªticos de las pol¨ªticas que el actual Gobierno de Colombia implementa para detener el asesinato y secuestro diario de nuestro pueblo.
Europa no puede seguir queriendo derechos humanos y coca¨ªna. Hasta que Europa tenga una posici¨®n decidida para reducir el consumo de coca¨ªna y un compromiso multilateral para luchar contra el crimen transnacional, se seguir¨¢ sacrificando el gasto necesario para reducir la pobreza y se usar¨¢ en la pol¨ªtica de defensa.
La Uni¨®n Europea acaba de incrementar el n¨²mero de Estados miembros a 25 pa¨ªses. Si se incrementa el consumo de coca¨ªna con la esperada expansi¨®n econ¨®mica de la Uni¨®n Europea, el pueblo de Colombia pagar¨¢ con m¨¢s violencia, m¨¢s minas antipersonas no convencionales, m¨¢s secuestros y m¨¢s hoyos negros en nuestras v¨ªrgenes selvas tropicales.
Francisco Santos Calder¨®n es vicepresidente de la Rep¨²blica de Colombia.
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