El desencuentro de la Comunidad de Madrid con la Universidad p¨²blica

La Universidad p¨²blica madrile?a est¨¢ desarrollando unas jornadas de huelga. El desencadenante ha sido la alteraci¨®n unilateral de las condiciones del complemento retributivo, pactadas entre la Comunidad de Madrid, las universidades madrile?as y los sindicatos en el a?o 2000. No es un hecho aislado, sino que ha sido la ¨²ltima manifestaci¨®n del desencuentro que se est¨¢ produciendo desde la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional.

?ste no es, como se ha querido plantear por el Gobierno madrile?o, un conflicto de universidades gobernadas por equipos progresistas contra un Gobierno aut¨®nomo conservador. Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades de la Comunidad de Madrid se est¨¢n recordando diariamente todos los problemas que tenemos y que suelen ser comunes en todas ellas, con diferencias s¨®lo de grado. Y todas no est¨¢n gobernadas por rectores del mismo color pol¨ªtico, pero todos est¨¢n sufriendo el mismo maltrato por el Ejecutivo madrile?o.

Desde la Comunidad no se aborda una inversi¨®n suficiente en infraestructuras para atender a todas las necesidades que tenemos, que afectan tanto a la construcci¨®n y acondicionamiento de los nuevos edificios como a la rehabilitaci¨®n de edificios antiguos. No basta con decir, como hace la directora general de Universidades de la Comunidad de Madrid, Clara Eugenia N¨²?ez, que se ha ampliado la cuant¨ªa, porque las dificultades distan mucho de estar cubiertas. Cuando se plantean las necesidades de financiaci¨®n de las obras iniciadas y para afrontar lo imprescindible en reparaci¨®n, mantenimiento y seguridad, nos hemos encontrado con la callada por respuesta. Es el resultado de una mala pol¨ªtica en los ¨²ltimos a?os del anterior Gobierno del Partido Popular, pero la soluci¨®n es la continuaci¨®n de la misma.

La soluci¨®n que se ha o¨ªdo y que se ha publicado en los medios ha sido que alguna se dedique al urbanismo. Frente a eso, que resulta intolerable si se quiere defender a la Universidad p¨²blica, s¨®lo se reclama una respuesta p¨²blica que cambie las exiguas cuant¨ªas actuales por las necesarias. Por supuesto, nada de nuevas obras imprescindibles ni de rehabilitaci¨®n de edificios que est¨¦n en malas condiciones o que requieran adaptaci¨®n. Se supone que para la excelencia que se dice que se busca no hacen falta instalaciones.

En el planteamiento de la actividad universitaria, el Gobierno de la Comunidad est¨¢ de espaldas a lo que se avecina con la implantaci¨®n del espacio europeo de educaci¨®n superior. Cuando se cambie el modo educativo y la clase magistral se haya de complementar con ense?anza personalizada, a trav¨¦s de tutor¨ªas, ser¨¢ exigible profesorado preparado a las nuevas condiciones y en un n¨²mero mayor al que tenemos en la actualidad. Frente a comunidades como Catalu?a, que han aprobado incluso un plan piloto, en Madrid no se ha hecho nada.

En este sentido, la ausencia de pol¨ªtica para adaptar la Universidad madrile?a al espacio europeo de educaci¨®n superior s¨®lo se podr¨¢ paliar con una sobrecarga de trabajo sobre el profesorado, que, adem¨¢s, le impedir¨¢ cumplir las obligaciones legales. Se supone que lo que se pretende es que el profesorado abandone su funci¨®n investigadora y que se dedique en exclusiva a la actividad docente. Idea que, por cierto, estaba ya en el borrador de real decreto del anterior equipo del PP.

De hecho, en esta materia no hay, por parte de la Comunidad de Madrid una pol¨ªtica global que determine necesidades y ofrezca soluciones. Su ¨²nico rumbo es la reducci¨®n de costes, tanto mediante la minoraci¨®n del profesorado como de las cuant¨ªas que se perciben. Debe ser considerado algo parecido a una misi¨®n hist¨®rica.

La situaci¨®n del profesorado depende, eso es cierto, en buena medida del Estado, y se supone que en un futuro pr¨®ximo se iniciar¨¢ un proceso para modificar sus condiciones econ¨®micas. Pero frente al acuerdo al que he hecho referencia con anterioridad -que incluye, dicho sea entre par¨¦ntesis, cuant¨ªas inferiores a las de otras comunidades aut¨®nomas-, este Gobierno aut¨®nomo limita la cuant¨ªa por universidad, con lo que deja de ser individualizado; no valora los m¨¦ritos del ¨²ltimo a?o, sino que remite en un tercio a obtenidos en a?os anteriores. A ello se a?ade que todo el profesorado contratado, el que se encuentra en peores condiciones, pierde, de entrada, un tercio de las cuant¨ªas que percib¨ªa durante los a?os anteriores. Y todo ello realizado de forma unilateral, sin abrir la mesa de negociaci¨®n, sin recurrir a los procedimientos de alteraci¨®n de los acuerdos de las condiciones del profesorado.

En materia retributiva, el profesorado universitario, en el marco que le proporciona la LOU, s¨®lo quiere su equiparaci¨®n a las del resto del funcionariado de la Comunidad de Madrid. Los estudios comparativos que se han hecho demuestran que hay un notable agravio frente al resto de personal funcionario, a pesar de la alta cualificaci¨®n que posee y que la Comunidad no reconoce.

Las condiciones del alumnado tampoco son las mejores. No hay una pol¨ªtica para la mejora de sus condiciones presentes o futuras. As¨ª, entre otras, se han reducido sustancialmente las cantidades para los programas de becas en el extranjero y se han alterado las condiciones de las becas generales de estudio. Son dos ejemplos entre otros. El "derecho a la ignorancia", del que la presidenta Aguirre tambi¨¦n ha hecho bandera de su pol¨ªtica educativa, no es ni ¨¦ticamente tolerable ni constitucionalmente admisible.

Todas estas cuestiones y otras complementarias no son sino ejemplos del desencuentro. Desencuentro que se manifiesta en un hostigamiento hacia la actividad de los rectores, acusados de malos gestores. Es un prejuicio afirmar que todos lo sean, y, adem¨¢s, no poner ning¨²n argumento encima de la mesa m¨¢s all¨¢ del d¨¦ficit, provocado por una exigua financiaci¨®n para hacer una Universidad a la altura de lo exigible en el siglo XXI. Adem¨¢s, demuestra el desconocimiento por parte del Gobierno de Aguirre de lo mucho que se ha avanzado con el exiguo presupuesto del que se dispone, muy inferior al de las universidades europeas.

Con todo ello, no se est¨¢ sino atentando contra la autonom¨ªa universitaria, constitucionalmente reconocida. La autonom¨ªa requiere presupuestos suficientes para el cumplimiento de las funciones, lo que la Comunidad est¨¢ lejos de satisfacer. Requiere, adem¨¢s, que exista di¨¢logo y negociaci¨®n en los asuntos que sean de inter¨¦s universitario, no practicar el mon¨®logo como mecanismo de actuaci¨®n. Requiere respeto hacia unos rectores elegidos democr¨¢ticamente por la comunidad universitaria. Adem¨¢s, con la pol¨ªtica que est¨¢ siguiendo la Comunidad se est¨¢ poniendo de espaldas a la sociedad, que, como demuestran los estudios, pone a la Universidad como la instituci¨®n mejor valorada.

Julio Gonz¨¢lez Garc¨ªa es secretario general de la Universidad Complutense de Madrid.