El Gobierno propone 15 plantas desaladoras como alternativa al trasvase del Ebro

El Gobierno tiene previsto aprobar ma?ana la derogaci¨®n del trasvase del Ebro y dar v¨ªa libre a la alternativa que ha dise?ado el Ministerio de Medio Ambiente, seg¨²n inform¨® ayer la titular del departamento, Cristina Narbona. Dicha alternativa prev¨¦ una aportaci¨®n de 1.058 hect¨®metros c¨²bicos anuales a Catalu?a, Valencia, Murcia y Andaluc¨ªa, 621 de los cuales ser¨¢n producto de la desalaci¨®n y el resto, de una mejor gesti¨®n de los regad¨ªos y la demanda. El nuevo proyecto recoge una serie de actuaciones, como la construcci¨®n de 15 plantas desaladoras, y unas inversiones de 3.747 millones de euros.

El Consejo de Ministros planea derogar ma?ana los art¨ªculos 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y parte del 36 de la Ley del Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN), que son los referentes al trasvase del Ebro, seg¨²n recoge el borrador del Real Decreto-Ley de Modificaci¨®n del PHN que ayer debati¨® el Consejo Nacional del Agua y hoy debatir¨¢ la Comisi¨®n Mixta del Congreso y el Senado, en la que participar¨¢n los presidentes murciano, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, y valenciano, Francisco Camps, ambos del PP, as¨ª como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

La ministra explic¨® ayer que su departamento ha fijado, en su nuevo proyecto, un precio del agua para uso agr¨ªcola de entre 0,12 y 0,30 euros por metro c¨²bico; entre 0,50 y 0,70 para uso industrial; entre 0,70 y 0,90 para abastecimiento urbano, y entre 1,10 y 1,30 para nuevas urbanizaciones, campos de golf y turismo, informa Efe.

En el decreto-ley, al que ha tenido acceso EL PA?S, el Gobierno explica las razones por las que ha decidido la derogaci¨®n, que se resumen en "evitar la realizaci¨®n de actuaciones que pueden implicar un despilfarro de recursos e impedir o retrasar la realizaci¨®n de medidas estructurales de inversi¨®n y de gesti¨®n, que son necesarias para satisfacer las necesidades h¨ªdricas de las cuencas mediterr¨¢neas y asegurar la estabilidad de un desarrollo m¨¢s equilibrado, sostenible y concertado en todos los territorios a los que hubiera afectado el trasvase del Ebro".

El decreto-ley insiste en los argumentos del Ejecutivo de Zapatero para tumbar el trasvase, como son la supuesta exageraci¨®n de los beneficios, as¨ª como la infravaloraci¨®n de sus costes. Tambi¨¦n pone como motivo que la estructura de precios para la industria, la agricultura o los consumidores no ha sido bien explicada y que se han sobrestimado las previsiones de creaci¨®n de empleo.

En cuanto a las repercusiones medioambientales, el Gobierno considera que en el PHN del PP no se han analizado los efectos de una posible reducci¨®n de las cantidades de agua a trasvasar, "no estando despejadas las incertidumbres sobre el caudal futuro del Ebro, al mismo tiempo que no se han adoptado las medidas necesarias para la protecci¨®n del r¨ªo y del Delta". Tampoco recoge, seg¨²n el decreto-ley, el consumo de energ¨ªa y su impacto en el cumplimiento por Espa?a del Protocolo de Kioto, ni tampoco el aumento de la salinidad en la cuenca cedente y en las receptoras.

Sin el rigor necesario

Sobre los aspectos t¨¦cnicos, el decreto-ley subraya la ausencia del "rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible determinar cu¨¢nta agua puede ser transferida, ni con qu¨¦ garant¨ªas, existiendo por otra parte un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar el agua en las cuencas receptoras".

"Estas graves deficiencias", prosigue el documento, "han quedado corroboradas en buena medida por la valoraci¨®n cr¨ªtica que ha merecido el proyecto a las autoridades comunitarias, lo que resulta determinante para estimar que las posibilidades de obtener financiaci¨®n con cargo a Fondos de Cohesi¨®n como Feder resultan pr¨¢cticamente inexistentes". Por todo ello, para el Gobierno, de realizarse el trasvase, se ver¨ªa comprometido el desarrollo de la cuenca cedente, especialmente Arag¨®n y Catalu?a, al mismo tiempo que no quedar¨ªa garantizada la circulaci¨®n del caudal ambiental aguas abajo de la toma de derivaci¨®n y el mantenimiento de los ecosistemas asociados, tal y como exige la Directiva Marco sobre Pol¨ªtica de Aguas". Adem¨¢s, el Ejecutivo de Zapatero considera que el principio de recuperaci¨®n de los costes asociados al trasvase har¨ªa inviable la utilizaci¨®n de los recursos aportados para el regad¨ªo, mientras que existen alternativas t¨¦cnicamente m¨¢s recomendables, ligadas a la gesti¨®n de la demanda, a la utilizaci¨®n de desaladoras y a la reutilizaci¨®n de recursos. Todas estas alternativas pueden subsanar, manifiestan, los d¨¦ficit estructurales, paliar la sobreexplotaci¨®n y contaminaci¨®n de los acu¨ªferos y asegurar el mantenimiento de los ecosistemas de inter¨¦s natural, garantizando un uso m¨¢s racional y sostenible de los recursos hidr¨¢ulicos. Por ello, desde el Gobierno central consideran que el trasvase del Ebro cuestiona gravemente los principios, que la propia ley establece, de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad econ¨®mica y vertebraci¨®n del territorio. Para evitar todos los problemas que, seg¨²n el Ejecutivo, vendr¨ªan asociados al trasvase, el decreto-ley incluye dos anexos en los que se especifican todas las actuaciones.

Entre las medidas urgentes que se recogen de forma definitiva en el decreto-ley el Gobierno se incluyen unos 14 millones de euros para desarrollar "medidas urgentes para dotar de recursos al Altiplano y al Alto Guadalent¨ªn" (Murcia), que, seg¨²n argumentan fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, podr¨ªan consistir en la construcci¨®n de un minitrasvase desde el embalse del Talave al Altiplano, en el caso de Yecla y Jumilla, y la construcci¨®n de una desaladora que consolide los regad¨ªos del Alto Guadalent¨ªn, tal y como se comprometi¨® la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ante los sindicatos agrarios.