Kioto y la asignaci¨®n de derechos

En el Protocolo de Kioto, el reparto de los derechos de emisi¨®n en el Plan Nacional de Asignaci¨®n entre sectores e instalaciones, as¨ª como la imputaci¨®n anual de los derechos del periodo 2005-2007, debe concretarse antes del 1 de octubre de 2004. El Plan Nacional de Asignaci¨®n es el primer paso para la puesta en marcha del mercado de emisiones de CO2 el 1 de enero de 2005. Desde ese momento, ciertas actividades productivas -generaci¨®n el¨¦ctrica, siderurgia, cemento, vidrio, papel, cal- precisar¨¢n permisos o "derechos de emisi¨®n".

En caso de que las emisiones superen la cuota de derechos, el emisor tendr¨¢ que adquirir derechos o soportar¨¢ una multa; con emisiones por debajo de los derechos asignados, la empresa podr¨¢ vender los derechos o acumularlos para el a?o siguiente. Los derechos podr¨¢n intercambiarse en la Uni¨®n Europea.

La imposici¨®n de restricciones al carb¨®n a trav¨¦s de la compra de derechos puede encarecer la factura el¨¦ctrica

La escasez de derechos puede derivar en comportamientos especulativos sin beneficios medioambientales

Una asignaci¨®n restrictiva obligar¨ªa a las empresas espa?olas a comprar derechos de emisi¨®n al resto de las europeas

Adem¨¢s de la reducci¨®n de emisiones, la UE contempla otros mecanismos de cumplimiento de Kioto que empezar¨¢n a funcionar a partir del a?o 2007. Tales instrumentos se definen como 1) Implantaci¨®n Conjunta, que establecen cr¨¦ditos de emisiones a cambio de la realizaci¨®n de proyectos de reducci¨®n de emisiones o de absorci¨®n de carbono de la atm¨®sfera, y 2) Mecanismos de Desarrollo Limpio, que otorgan cr¨¦ditos a proyectos que disminuyan las emisiones en pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo.

Es razonable esperar que en la propuesta del Plan Nacional de Asignaci¨®n para Espa?a el Gobierno tenga en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, es relevante nuestro grado de eficiencia energ¨¦tica, es decir, si contaminamos en t¨¦rminos relativos m¨¢s o menos que nuestros socios comunitarios. El Plan exige anticipar las necesidades de emisiones de los sectores productivos afectados y una asignaci¨®n de derechos restrictiva, que puede penalizar gravemente sectores cuya eficiencia energ¨¦tica es ¨®ptima. En segundo lugar, se conocen propuestas de planes de asignaci¨®n de otros pa¨ªses, y no parecer¨ªa razonable que la propuesta espa?ola adoptara posiciones extremas. Veamos ambos aspectos.

El objetivo de reducci¨®n de emisiones impuesto por el Protocolo de Kioto a la UE exige que en el a?o 2012 se emitan un 8% menos de gases de efecto invernadero que en 1990. La Directiva Europea que ratifica el Protocolo reparte este objetivo entre los pa¨ªses miembros, de forma que Espa?a puede aumentar un 15% sus emisiones de CO2. La utilizaci¨®n de las emisiones de 1990 en t¨¦rminos absolutos, sin tener en cuenta comparaci¨®n alguna sobre el nivel de emisiones por habitante o por unidad de PIB, tiene como consecuencia que el cumplimiento por pa¨ªses suponga niveles de eficiencia energ¨¦tica muy diferentes.

En Espa?a, seg¨²n la Agencia Europea de Medio Ambiente, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se encontraban en 2001 un 33% por encima del a?o 1990. La desviaci¨®n sobre el objetivo del 15% podr¨ªa interpretarse como un reflejo de ineficiencia energ¨¦tica. Nada m¨¢s lejos de la realidad. Nuestras emisiones por habitante se sit¨²an por debajo de la media de la UE de los Quince (9,5 Tm equivalentes de CO2 frente a 10,8 Tm). Las emisiones por unidad de PIB en Espa?a son inferiores a las de Grecia, Portugal, Irlanda y B¨¦lgica.

El aumento de nuestras emisiones desde 1990 en todos los sectores afectados por la Directiva ha sido sustancialmente inferior al de la demanda de sus productos, lo que ha dado lugar a una menor tasa de emisiones por unidad de producto. En el sector el¨¦ctrico, las emisiones han aumentado un 30% en un contexto de aumento de su demanda del 60%. En los pr¨®ximos a?os, las inversiones en centrales de generaci¨®n el¨¦ctrica con tecnolog¨ªas de bajas o nulas emisiones por kWh, -ciclos combinados y parques e¨®licos- mantendr¨¢n la senda de reducci¨®n de emisiones por kWh.

Comparada nuestra posici¨®n con la de nuestros socios, cabe analizar los planes nacionales de asignaci¨®n -definitivos o en borrador- de otros pa¨ªses miembros. La mayor parte de los publicados tienen en com¨²n: 1) asignaci¨®n gratuita de los derechos, frente a la opci¨®n de adjudicaci¨®n parcial por subasta; 2) asignaci¨®n entre sectores en funci¨®n de emisiones hist¨®ricas m¨¢s esfuerzo potencial de reducci¨®n de emisiones en cada sector, y 3) asignaci¨®n entre instalaciones en funci¨®n de emisiones hist¨®ricas.

El plan espa?ol debe avanzar en el cumplimiento del objetivo de emisiones planteado por la Directiva para 2012, siendo fiel a estas pautas generales. No tendr¨ªa sentido que en un mercado cada vez m¨¢s globalizado, nuestro pa¨ªs pusiese en marcha planteamientos m¨¢s restrictivos que los adoptados por nuestros socios, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra posici¨®n relativa est¨¢ en la media de la UE.

Una asignaci¨®n de derechos relativamente m¨¢s restrictiva que en nuestro entorno obligar¨ªa a la compra de derechos de emisi¨®n por parte de las empresas espa?olas al resto de las europeas. La adopci¨®n de una posici¨®n comparativamente m¨¢s restrictiva por nuestro pa¨ªs no tendr¨ªa como consecuencia una reducci¨®n de las emisiones globales, sino que, parad¨®jicamente, puede originar un aumento de las mismas. La posible deslocalizaci¨®n de industrias supondr¨ªa el traslado de la producci¨®n a ¨¢reas con menor eficiencia energ¨¦tica que, para producir lo mismo, generar¨ªan un nivel de contaminaci¨®n superior.

El argumento de concentrar el mayor esfuerzo de reducci¨®n de emisiones en sectores con una menor exposici¨®n al comercio exterior, como es la generaci¨®n el¨¦ctrica, resulta cuestionable. En primer lugar, la garant¨ªa de suministro no puede desvincularse de la equilibrada diversificaci¨®n de fuentes de energ¨ªa primaria que caracteriza nuestra producci¨®n el¨¦ctrica actual. Las directrices de planificaci¨®n energ¨¦tica ya proponen la utilizaci¨®n del gas natural y las energ¨ªas renovables para las nuevas centrales. Forzar una dr¨¢stica reducci¨®n de la utilizaci¨®n del carb¨®n supondr¨ªa escorar nuestra dependencia energ¨¦tica hacia una fuente de energ¨ªa como es el gas natural con un n¨²mero de pa¨ªses suministradores limitado. En segundo lugar, es dif¨ªcil imaginar que la imposici¨®n de restricciones a la utilizaci¨®n del carb¨®n a trav¨¦s de la compra de derechos no repercuta en un encarecimiento de la factura el¨¦ctrica. Si ¨¦sta fuera nuestra ¨²nica alternativa para cumplir el compromiso de Kioto, no habr¨ªa discusi¨®n. Pero no debe ser as¨ª cuando otros pa¨ªses, como Alemania e Italia, se est¨¢n planteando la construcci¨®n de nuevas centrales el¨¦ctricas de carb¨®n.

La asignaci¨®n de derechos de emisi¨®n se perfila como un delicado instrumento de pol¨ªtica industrial en el que un planteamiento restrictivo no est¨¢ exento de riesgos. Un entorno de escasez de derechos o de desequilibrios en su reparto puede derivar en el periodo 2005-2007 en comportamientos especulativos sin beneficios medioambientales, y con efectos no neutrales en nuestro crecimiento econ¨®mico y en la competitividad de nuestras empresas. Los mecanismos de flexibilidad definidos por el Protocolo de Kioto (sumideros de CO2 y proyectos medioambientales en el exterior) permiten definir estrategias comprometidas con el cumplimiento de Kioto y compatibles con un entorno de confianza en los sectores afectados.