"Decidir¨¦ con autonom¨ªa, al margen del Gobierno y de las asociaciones"

A pocas semanas de su designaci¨®n como fiscal general del Estado por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, C¨¢ndido Conde-Pumpido Tour¨®n se comporta como un experimentado jurista que no se impresiona por las presiones corporativas y que tiene clara su voluntad de marcar distancias con la etapa de su antecesor, Jes¨²s Cardenal.

Pregunta. ?Qu¨¦ problemas se encontr¨® al llegar y abrir los cajones de la fiscal¨ªa?

Respuesta. La verdad es que los cajones los encontr¨¦ vac¨ªos...

P. Exce

pto el informe contrario a la inculpaci¨®n de Atutxa, que r¨¢pidamente envi¨® usted a la juez del Pa¨ªs Vasco, ?no?

R. Bueno, la verdad es que ese informe hubo que... buscarlo.

P. ?Va a pedir el archivo del caso Atutxa?

"Ordenar¨¦ al fiscal de la Audiencia Nacional que colabore con la comisi¨®n del 11-M"

"Mi obligaci¨®n es equilibrar los nombramientos de la carrera fiscal"

"La Constituci¨®n impone medidas, incluso penales, en favor de la mujer"

R. Mi criterio es que el fiscal general debe interferir lo menos posible en las decisiones profesionales de cada uno de los fiscales. De momento no he tomado ninguna decisi¨®n sobre esa materia y estoy a la espera de que el fiscal correspondiente me informe.

P. Tras sus primeros nombramientos, el PP le ha acusado de "ocupar la justicia", y la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales, de "nepotismo"...

R. He ejercido las facultades que me concede la ley. En todo caso, pienso nombrar siempre a la persona m¨¢s id¨®nea para el cargo y no a la que tenga m¨¢s apoyos asociativos.

P. O sea, que se va a seguir la tradici¨®n. No se va a hacer caso a los criterios profesionales.

R. Vamos a ver. La tradici¨®n era la coincidencia de la asociaci¨®n conservadora con la orientaci¨®n del anterior fiscal general del Estado. Esa l¨ªnea ha significado que pr¨¢cticamente la mitad de los profesionales de la justicia quedasen excluidos de la direcci¨®n del ministerio fiscal. Mi obligaci¨®n es equilibrar una carrera que se hab¨ªa escorado en una determinada direcci¨®n. Para eso har¨¦ como en esta ocasi¨®n, que, de 12 nombramientos, nueve se han hecho seg¨²n el criterio mayoritario, mientras que para nombrar a alg¨²n miembro de la asociaci¨®n progresista o alg¨²n independiente ha habido que separarse del criterio de la asociaci¨®n conservadora.

P. ?Cu¨¢l ven¨ªa siendo la relaci¨®n de fuerzas?

R. En la renovaci¨®n de los tribunales superiores de justicia, de las 10 fiscal¨ªas que se cubrieron, al menos la mitad se otorgaron a la asociaci¨®n conservadora de fiscales y ninguna a la asociaci¨®n progresista. Solamente en un supuesto se hizo una propuesta por parte del Consejo Fiscal a favor de un fiscal de la asociaci¨®n progresista, y el ministro [Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila] no le nombr¨®. Hay otros casos conocidos de fiscales propuestos y que, sin embargo, fueron censurados por el ministerio y no fueron nombrados. Yo lo que puedo decir es que en el futuro tratar¨¦ de ce?irme siempre a los criterios de profesionalidad y de equilibrio, porque una sociedad pluralista debe tener tambi¨¦n una representaci¨®n en el ministerio fiscal que sea tambi¨¦n pluralista.

P. Entre este a?o y el que viene se jubila media docena de fiscales de sala del Tribunal Supremo. ?Los va a poder sustituir por fiscales progresistas despu¨¦s de la que le han montado por nombrar a uno s¨®lo, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo?

R. En 30 a?os como magistrado nunca me he dejado influir por presiones pol¨ªticas ni medi¨¢ticas, y tampoco me he dejado influir por presiones asociativas. Ahora tambi¨¦n seguir¨¦ ese criterio. Nombrar¨¦ en cada caso al profesional m¨¢s id¨®neo y al m¨¢s acorde con el puesto que se va a cubrir. Tendr¨¦ en cuenta a aquellas personas que tengan un apoyo significativo del ministerio fiscal y, como he hecho en este caso, motivar¨¦ las decisiones y las har¨¦ p¨²blicas en el propio acto del consejo.

P. ?Va a facilitar la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional la informaci¨®n que le solicite la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n sobre el 11-M?

R. Ordenar¨¦ al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que sea lo m¨¢s respetuoso posible con la investigaci¨®n y que, dentro de los l¨ªmites que permitan las estrictas necesidades de salvaguardia del secreto del sumario, facilite al m¨¢ximo la documentaci¨®n que necesite la comisi¨®n parlamentaria sobre el 11-M. Habr¨¢ que examinar documento por documento. Pero el criterio gen¨¦rico va a ser de cooperaci¨®n con la comisi¨®n de investigaci¨®n.

P. ?Cree que la mejor forma de acabar con el terrorismo es la v¨ªa penal?

R. Contra el terrorismo es absolutamente indispensable la v¨ªa penal. Es un tipo de delincuencia contra la que no se concibe otra respuesta que la v¨ªa penal. Naturalmente, puede haber determinadas causas sobre las que se puede incidir pol¨ªticamente, pero eso nunca dejar¨¢ de hacer necesaria la v¨ªa penal.

P. Usted ha ordenado que varios fiscales se especialicen en terrorismo islamista, pero, entretanto, ?qu¨¦ se puede hacer con los 300 islamistas peligrosos que hay en Espa?a?

R. En la medida en la que podamos determinar en la investigaci¨®n policial que efectivamente esas personas est¨¢n implicadas en alguna red terrorista, ser¨¢ necesario actuar contra ellas. Pero siempre tambi¨¦n respetando los criterios generales del Estado de derecho, que no permiten establecer culpabilidades si no existen pruebas suficientes para deducirlas.

P. ?Y una expulsi¨®n cautelar de los que la polic¨ªa considera extremadamente peligrosos?

R. La ley contempla la posibilidad de que se deniegue la estancia en Espa?a a aquellas personas a las que se considere que puedan ser un peligro para el orden p¨²blico. Es una decisi¨®n que tendr¨¢ que adoptarse pol¨ªticamente, partiendo de la existencia de bases suficientes para tomar esa decisi¨®n.

P. ?Es partidario de la aproximaci¨®n de los presos a sus localidades de origen?

R. Es una decisi¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico en la que yo no me pronuncio. Hay que ser consciente de que la dispersi¨®n de presos se adopt¨® en el marco de un modelo concreto de lucha contra el terrorismo, de contenido pol¨ªtico.

P. Como magistrado del Tribunal Supremo usted se mostr¨® contrario a entregar la instrucci¨®n del proceso penal a los fiscales. ?Ahora lo ve de forma diferente?

R. Yo siempre he pensado que no se trata de cambiar el juez de instrucci¨®n por el fiscal de instrucci¨®n. Se trata de hacer un nuevo modelo de instrucci¨®n. No hay que cambiar el ¨®rgano, sino la instrucci¨®n misma. Hay que redistribuir los papeles que en este momento tienen el juez y el fiscal. El fiscal debe impulsar la investigaci¨®n sin convertirse ¨¦l en instructor, y el juez debe tutelar las garant¨ªas convirti¨¦ndose en juez de libertades o de garant¨ªas, pero no debe llevar ¨¦l la iniciativa de la instrucci¨®n.

P. ?Se puede compaginar la obediencia al superior jer¨¢rquico con la necesaria libertad de los fiscales para dirigir una investigaci¨®n, incluso contra personas pr¨®ximas al poder pol¨ªtico?

R. Se trata de uno de los problemas m¨¢s graves en cuanto al cambio de modelo de instrucci¨®n. Creo que en la propuesta en la que el fiscal lleva la iniciativa, pero sigue existiendo un juez de garant¨ªas que hace de ¨¢rbitro de la instrucci¨®n, este problema desaparece. En Espa?a tenemos la acci¨®n popular y la acusaci¨®n particular y, por lo tanto, siempre se garantiza que pueda haber un impulso de la investigaci¨®n que no sea necesariamente el del fiscal.

P. ?Debe continuar el sistema de que el fiscal general autorice las investigaciones de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n?

R. Lo m¨¢s importante no son las normas, sino las pr¨¢cticas. Yo he adoptado un criterio en sentido favorable a las propuestas que me haga la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En todos los casos en que Anticorrupci¨®n ha entendido que deb¨ªa asumir una investigaci¨®n, as¨ª he acordado. Es verdad que en un sistema de unidad de acci¨®n y dependencia jer¨¢rquica alguien tiene que tomar las decisiones. Por tanto, la decisi¨®n ¨²ltima es del fiscal general, pero siempre acogiendo las propuestas de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

P. ?Est¨¢ justificado que las diligencias de investigaci¨®n del fiscal puedan ser declaradas secretas por el propio fiscal como pretende Anticorrupci¨®n?

R. Las diligencias de investigaci¨®n del fiscal deber¨ªan poder declararse secretas en los mismos casos en que se declaran secretas las diligencias sumariales. En nuestro ordenamiento esa decisi¨®n, en la medida en que afecta a derechos fundamentales, la puede adoptar el propio fiscal o la deber¨ªa adoptar el juez. Quiz¨¢ ser¨ªa el estreno del juez de garant¨ªas, un modelo en el que el juez decidiese el secreto a propuesta del fiscal, continuando las diligencias de investigaci¨®n por parte del fiscal. Pero es absolutamente necesario que determinadas diligencias de investigaci¨®n se puedan declarar secretas.

P. ?Cree posible y conveniente la discriminaci¨®n o la acci¨®n positiva a favor de la mujer en el ¨¢mbito penal?

R. S¨ª. Creo que nuestra Constituci¨®n no s¨®lo permite la acci¨®n positiva en favor de las personas que est¨¦n en una situaci¨®n desfavorecida, sino que la impone. No es que sea posible, es que es obligada, porque el art¨ªculo 9.2 de la Constituci¨®n impone a los poderes p¨²blicos la obligaci¨®n de remover los obst¨¢culos que hagan efectiva la igualdad; establece un principio de igualdad promocional por el cual los poderes p¨²blicos no pueden quedarse en una concepci¨®n decimon¨®nica de igualdad formal, sino que tienen que actuar para eliminar las situaciones de desigualdad. Esa medida es absolutamente constitucional, y adem¨¢s, necesaria.

P. ?Y en qu¨¦ quedan los principios del derecho penal de generalidad e igualdad en la respuesta punitiva del Estado?

R. Si somos absolutamente sinceros, tenemos que apreciar que ese tipo de cr¨ªticas en estos momentos est¨¢ muy condicionado por una perspectiva pol¨ªtica. El C¨®digo Penal ya establece agravaciones en funci¨®n de las caracter¨ªsticas de las v¨ªctimas. Existe una agravante en el C¨®digo Penal para los delitos que tienen como v¨ªctimas a las personas discriminadas por su raza, religi¨®n o condici¨®n. Por tanto, determinados autores son sancionados m¨¢s gravemente por cometer determinados delitos en funci¨®n de la condici¨®n de las v¨ªctimas. Y esas normas establecidas en el C¨®digo Penal han sido consideradas por todos los autores como perfectamente constitucionales.

P. La modificaci¨®n de penas y de delitos en funci¨®n de qui¨¦n los comete y qui¨¦n es la v¨ªctima parece un poco fuerte...

R. Con un car¨¢cter de generalidad, que el derecho sancione con mayor gravedad los ataques a las v¨ªctimas m¨¢s desprotegidas no solamente no es contrario a los principios generales, sino que, al rev¨¦s, responde a los principios del nuevo derecho penal, en el que se pretende precisamente que constituya un instrumento de salvaguarda de las v¨ªctimas m¨¢s desfavorecidas. Y en la medida en la que hay que salvaguardar m¨¢s a los m¨¢s desfavorecidos, hay que sancionar m¨¢s a los que ataquen a ese tipo de v¨ªctimas.

P. ?Los menores que hayan cometido cr¨ªmenes brutales deben pasar a una prisi¨®n ordinaria cuando cumplan 18 a?os?

R. La Ley Penal del Menor signific¨® un avance importante y debe ser mantenida en sus l¨ªneas fundamentales. No voy a proponer reformas en la legislaci¨®n del menor. Debe dejarse que esa ley desarrolle toda su eficacia. Ya prev¨¦ un periodo suficientemente prolongado de internamiento, que puede llegar hasta 10 a?os.

P. ?Va a ser receptivo cuando el Gobierno excite el celo del fiscal general?

R. El Gobierno ha acudido al ministerio fiscal haciendo uso de los mecanismos que establece el Estatuto. Cuando el Gobierno inst¨® al fiscal para que considerase la lucha contra la violencia dom¨¦stica como una prioridad, se dirigi¨® p¨²blicamente al fiscal general del Estado, quien reuni¨® a la Junta de Fiscales de Sala y contest¨® al Gobierno que la petici¨®n era perfectamente razonable. El fiscal ha dictado una instrucci¨®n a todos los fiscales de Espa?a para que efectivamente se considere la violencia dom¨¦stica como una prioridad, se interese la suspensi¨®n de la guarda y custodia de los menores por parte del maltratador y se acuerde la detenci¨®n de las personas que incumplan la orden de alejamiento. No habr¨¢ en ning¨²n caso otro tipo de excitaci¨®n del celo del fiscal que no se haga de acuerdo con estos criterios estrictamente legales.

P. ?Seguro que no tomar¨¢ decisiones a impulso de una sugerencia telef¨®nica del Gobierno?

R. En absoluto. Llevo 30 a?os como magistrado y me he acostumbrado a tomar mis decisiones con absoluta autonom¨ªa. Me siento como un magistrado del ministerio p¨²blico, un magistrado que temporalmente est¨¢ ocupando la direcci¨®n del ministerio fiscal. Es para m¨ª muy dif¨ªcil liberarme de ese sistema de funcionamiento. Sigo adoptando las decisiones de acuerdo con el procedimiento judicial: o¨ªr a una parte, o¨ªr a la otra, practicar prueba y despu¨¦s tomar mis decisiones. Nunca he dictado una sentencia contando el n¨²mero de abogados que hay en cada parte, sino valorando sus argumentos. Y no voy a contar tampoco los apoyos asociativos para hacer un nombramiento, sino que voy a valorar los argumentos y luego a decidir como un juez imparcial.

P. ?Qu¨¦ m¨¢s novedades ha tra¨ªdo usted al ministerio fiscal?

R. Entre otras, se ha cambiado el criterio en materia de justicia universal. He ordenado que el fiscal apoye el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional para que Espa?a juzgue el genocidio maya de Guatemala, y tambi¨¦n he ordenado que se retire el recurso de casaci¨®n contra la decisi¨®n de la Audiencia Nacional de celebrar el juicio contra Adolfo Scilingo, implicado en un caso de genocidio en Argentina.

P. ?C¨®mo se va a abordar el problema de la siniestralidad laboral, poco atendido tradicionalmente?

R. Estamos preparando una instrucci¨®n espec¨ªfica, y para que sea efectiva voy a promover en todas las fiscal¨ªas el modelo de la de Barcelona, en donde existe la mejor secci¨®n de siniestralidad laboral de Espa?a, que act¨²a en coordinaci¨®n con la Inspecci¨®n de Trabajo de Catalu?a y con los servicios de seguridad e higiene.