"No se pueden sacrificar derechos b¨¢sicos para proteger la seguridad nacional"

Wendy Patten es la directora de campa?as para Estados Unidos de Human Rights Watch (HRW), una ONG que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en m¨¢s de 70 pa¨ªses. Patten, que es abogada de profesi¨®n, ha analizado con lupa las pol¨ªticas y las leyes relacionadas con la seguridad y los derechos humanos que el Gobierno de George Bush ha llevado a cabo en Estados Unidos despu¨¦s de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La activista estuvo ayer en Barcelona para participar en una sesi¨®n de la ¨²ltima jornada del di¨¢logo Hacia un mundo sin violencia.

Pregunta. ?Podr¨ªamos decir que los derechos humanos han sido v¨ªctima de la lucha contra el terrorismo emprendida por el Gobierno de Bush tras el 11-S?

"Bush ha ampliado sus poderes y eso est¨¢ socavando la estructura de nuestra democracia"

Respuesta. Hemos visto una serie de pr¨¢cticas llevadas a cabo por el Gobierno estadounidense que han erosionado algunos derechos b¨¢sicos. Se han ampliado los periodos de detenci¨®n y se han recortado las posibilidades de supervisar estos procesos. Tambi¨¦n se ha limitado el poder del Congreso, que adem¨¢s de ser el ¨®rgano que aprueba las leyes, tambi¨¦n tiene la funci¨®n de controlar lo que hace el Ejecutivo. El Gobierno de George Bush ha ampliado sus poderes al mismo tiempo que ha limitado el papel constitucional del Congreso y de los tribunales. Esto est¨¢ socavando la estructura b¨¢sica de nuestra democracia constitucional.

P. ?C¨®mo afecta todo esto a la ciudadan¨ªa?

R. La primera ley que aprob¨® el Congreso pocas semanas despu¨¦s de los atentados del 11-S fue la Patriot Act. La ley tiene una serie de disposiciones que nos preocupan, porque no hay garant¨ªas de que si se aplican se protejan los derechos humanos. Hay una disposici¨®n que permite al Gobierno recopilar informaci¨®n tanto de los ciudadanos estadounidenses como de los que no lo son. Se puede recoger informaci¨®n de las bibliotecas y de los centros m¨¦dicos, entre otros. Pero resulta que nadie controla que s¨®lo se haga con las personas sospechosas de terrorismo. No se distingue a las personas sospechosas de las que no lo son y esto no ayuda al Gobierno a combatir el terrorismo.

P. ?C¨®mo ha reaccionado la sociedad estadounidense?

R. Desde que entr¨® en vigor la Patriot Act, la sociedad civil se ha movilizado aprobando resoluciones para condenar esta ley o para decir que no colaborar¨¢n con ella. Hay mucha gente que dice que no se pueden sacrificar los derechos b¨¢sicos para proteger la seguridad nacional. Debe haber un equilibrio. Pero tambi¨¦n tengo que decir que a finales del a?o pasado se empezaron a revisar algunos de los puntos de esta ley. Esto es muy importante, porque justo despu¨¦s del 11-S era muy dif¨ªcil hacer que el Congreso se enfrentara a las medidas antiterroristas del Gobierno. Sin embargo, algunas de las disposiciones m¨¢s controvertidas no provienen de esta ley, sino de los poderes que el Gobierno se ha autoadjudicado.

P. ?Puede dar alg¨²n ejemplo de ello?

R. Tras el 11-S se detuvo a centenares de inmigrantes, los llamados "detenidos de especial inter¨¦s", y no sabemos exactamente cu¨¢ntos fueron. El Gobierno s¨®lo dijo en noviembre de 2001 que en las semanas siguientes a los atentados se detuvo a 1.200 personas, 766 de las cuales no eran ciudadanos estadounidenses. Despu¨¦s de noviembre ya no dio m¨¢s cifras. Human Rights elabor¨® un informe titulado Presunci¨®n de culpabilidad en el que revel¨® una serie de abusos: detenciones prolongadas -de hasta cuatro meses-, irregularidades con el derecho a tener un abogado de oficio, negaci¨®n de la libertad bajo fianza y tambi¨¦n casos de abusos f¨ªsicos y verbales. Y todo esto se llev¨® bajo una pol¨ªtica de absoluto secretismo. Se llev¨® a cabo la deportaci¨®n de 600 personas totalmente en secreto, incluso para sus familiares.

P. ?El 11-S marca un antes y un despu¨¦s en los temas relacionados con los derechos humanos en Estados Unidos?

R. Realmente el 11-S marca un punto de inflexi¨®n en el modo en que entendemos los derechos humanos y los est¨¢ndares legales que los arropan. Despu¨¦s de los atentados, mucha gente en Estados Unidos dijo que los derechos humanos ten¨ªan que sacrificarse para proteger la seguridad nacional y que las leyes vigentes ya no serv¨ªan para hacer frente a la nueva amenaza que supon¨ªa Al Qaeda. Y dejaron que el Gobierno de Bush decidiera cu¨¢les eran estas nuevas normas. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha producido un debate interno sobre c¨®mo puede el Gobierno proteger tanto la seguridad nacional como los derechos b¨¢sicos de las personas. Creo que la pr¨®xima semana podremos observar mejor cu¨¢l es la opini¨®n de la gente, porque el Tribunal Supremo tiene que decidir si los tribunales estadounidenses son competentes para juzgar a los detenidos en Guant¨¢namo. El Gobierno de Bush siempre ha jugado con el hecho de que los detenidos no ten¨ªan derecho a un juicio porque estaban fuera de la competencia jur¨ªdica de Estados Unidos.

P. ?Qu¨¦ opina Human Rights Watch de las torturas de Irak?

R. Desde 2002 llevamos diciendo que estamos muy preocupados sobre las t¨¦cnicas de interrogaci¨®n en las prisiones. Cuando vimos las fotos no nos sorprendimos, ya que son la consecuencia l¨®gica de las decisiones del Gobierno de Bush. Nosotros hemos documentado c¨®mo el Gobierno cre¨® el clima para que ocurriera lo que ocurri¨® en la prisi¨®n de Abu Ghraib. Estas fotos demuestran que si no se respetan las normas b¨¢sicas de derechos humanos, la habilidad para hacer frente al terrorismo disminuye. Si recortamos estos est¨¢ndares, estamos recortando a largo plazo nuestra habilidad para luchar contra el terrorismo.