Juristas expertos critican la ley integral porque da protecci¨®n penal por ser mujer

El Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, integrado por m¨¢s de 150 penalistas -en su mayor¨ªa catedr¨¢ticos, seguidos de jueces- ha objetado el proyecto de Ley Org¨¢nica Integral contra la Violencia de G¨¦nero, entre otros motivos, porque introduce una protecci¨®n penal reforzada en favor de la mujer, s¨®lo por serlo. Dicho colectivo cuestiona la criminalizaci¨®n que hace la futura ley de todo el espacio familiar.

La junta directiva del grupo ha remitido a sus integrantes un manifiesto sobre el mencionado proyecto de ley -que ayer todav¨ªa no hab¨ªa entrado en el Congreso de los Diputados-, a partir del cual se elaborar¨¢ un documento m¨¢s detallado. En la elaboraci¨®n del manifiesto han participado los catedr¨¢ticos de Derecho Penal Carmen Lamarca, Josep Mar¨ªa Tamarit, Adela Asua, Juan Carlos Carbonell, Octavio Garc¨ªa, Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s y Carlos Mart¨ªnez Buj¨¢n; los magistrados Jos¨¦ Ricardo de Prada, Ram¨®n S¨¢ez y Carmen S¨¢nchez Albornoz, y el fiscal F¨¦lix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesto por IU.

El manifiesto lamenta que "la acertada iniciativa encaminada a (...) resolver esa lacra social, se haya visto oscurecida y distorsionada por la, al parecer irrefrenable, tentaci¨®n de seguir abusando de las intervenciones penales para intentar resolver, ingenuamente, problemas sociales".

Discriminaci¨®n penal

El colectivo de juristas estima que la discriminaci¨®n positiva es procedente para desarrollar pol¨ªticas sociales, "pero no encuentra f¨¢cil acomodo dentro de los fines propios del derecho penal".

As¨ª, el manifiesto razona que cuando hay sujetos m¨¢s vulnerables a sufrir una lesi¨®n de determinados intereses, "la ley penal debe dejar claro que la protecci¨®n reforzada se debe a la mayor vulnerabilidad de esas personas y no al mero hecho de pertenecer a un determinado g¨¦nero", como hace el proyecto de ley respecto a las lesiones agravadas, las coacciones y las amenazas.

La transformaci¨®n de las coacciones o amenazas leves en delito por ser la v¨ªctima una mujer "significa una criminalizaci¨®n irrealizable y disfuncional de todo el espacio familiar, cuya improbable puesta en pr¨¢ctica exige la generalizaci¨®n de una aut¨¦ntica e invasiva polic¨ªa de buenas costumbres", agrega el manifiesto.

El grupo critica que la iniciativa del Gobierno socialista "supone la continuidad de las pol¨ªticas elaboradas por el anterior Gobierno en el ¨²ltimo tramo de la legislatura, que se caracterizaron por un uso desmedido y autoritario del derecho penal".

El Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal ha elaborado desde 1989 documentos en favor de la legalizaci¨®n de las drogas, despenalizaci¨®n de la eutanasia y de la objeci¨®n de conciencia, as¨ª como ha criticado el retroceso democr¨¢tico de las reformas penales.