La Audiencia Nacional investigar¨¢ posibles responsabilidades penales sobre el Yak-42

La Audiencia Nacional investigar¨¢ el accidente del Yak-42, ocurrido en Trebisonda (Turqu¨ªa) el 26 de mayo de 2003, en el que murieron 62 militares espa?oles. As¨ª lo decidi¨® ayer un tribunal de la Audiencia, que dio la raz¨®n a las familias de las v¨ªctimas, por lo que la juez Teresa Palacios deber¨¢ investigar ahora las posibles irregularidades en la contrataci¨®n del vuelo siniestrado, que podr¨ªan constituir delitos de omisi¨®n cometidos por responsables del Ministerio de Defensa encabezado por Federico Trillo, as¨ª como en las identificaciones err¨®neas de los militares fallecidos.

La juez Palacios hab¨ªa rechazado, con el informe favorable del fiscal de la Audiencia, la denuncia que el 31 de octubre de 2003 present¨® la Asociaci¨®n de Familias Afectadas por la Cat¨¢strofe del Accidente A¨¦reo Yak-42, as¨ª como la ampliaci¨®n de la misma el 5 de marzo de 2004, por considerar que la Audiencia Nacional no era competente para investigar los hechos.

Los familiares denunciaban irregularidades cometidas por responsables del Ministerio de Defensa, encabezado en ese momento por Federico Trillo (PP), en la contrataci¨®n del vuelo, que carec¨ªa de cualquier tipo de inspecci¨®n; irregularidades en el plan de vuelo; defectos en el funcionamiento de determinadas prestaciones esenciales del avi¨®n; transporte de carga y personal conjuntamente sin mecanismos de aseguramiento de la carga; transporte de armas y explosivos; defectuoso funcionamiento de las cajas negras, as¨ª como irregularidades en la identificaci¨®n y repatriaci¨®n de los cad¨¢veres de los fallecidos.

Los magistrados destacan que no cabe abrir un proceso sobre c¨®mo se produjo el accidente a¨¦reo en Turqu¨ªa, ya que hay una investigaci¨®n abierta sobre el asunto en aquel pa¨ªs, que es el competente, ya que fue all¨ª donde ocurri¨® el siniestro.

Distinta es la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas espa?olas antes y despu¨¦s del accidente por supuesta dejaci¨®n de sus obligaciones en el control de la contrataci¨®n y del modo de transporte de los militares espa?oles que regresaban de Afganist¨¢n tras prestar labores de asistencia humanitaria, ya que puede constituir una omisi¨®n delictiva. Tambi¨¦n puede haber responsabilidad penal por las certificaciones emitidas por un general de divisi¨®n m¨¦dico y un teniente general del Aire sobre la identificaci¨®n de los cad¨¢veres, ya que pudieran constituir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricaci¨®n.

Competencia jurisdiccional

El tribunal detalla los requisitos para que unos hechos delictivos sean investigados y juzgados en la Audiencia Nacional. Entre ellos incluye que los delitos cometidos fuera de Espa?a tengan autores espa?oles; que el hecho sea punible en el lugar en que se cometi¨®; que sea denunciado ante los tribunales espa?oles y que el responsable no haya sido absuelto, indultado o condenado en el extranjero. El tribunal concluye que todos esos requisitos se cumplen en el caso del Yak-42.

La Sala se?ala que los il¨ªcitos penales que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas en el proceso de contrataci¨®n del Yak-42 seguido por el Ministerio de Defensa se produjeron en territorio no espa?ol. Las comunicaciones y el contrato de charter entre las empresas subcontratadas tambi¨¦n se realizaron en el extranjero. Las irregularidades relativas al anormal funcionamiento del Yak-42, as¨ª como las producidas despu¨¦s del accidente -entre ellas, las referidas a la identificaci¨®n de los cad¨¢veres y el irregular funcionamiento de la comisi¨®n que investig¨® el accidente- se produjeron igualmente fuera del territorio nacional.

"Es preciso", se?ala la resoluci¨®n, "instruir las oportunas diligencias penales (...) para depurar las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido determinados funcionarios espa?oles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspecci¨®n y control dentro y fuera de Espa?a en las etapas de contrataci¨®n y desarrollo del vuelo del Yak-42 que result¨® accidentado, por los presuntos delitos con resultado de muerte cometidos por omisi¨®n de los mismos, y que de haberse llevado a cabo quiz¨¢ hubieran evitado la muerte de los 62 militares espa?oles que regresaban de Afganist¨¢n".

El tribunal puntualiza que, "igualmente, ha de atribuirse la competencia de esta Audiencia Nacional con respecto a la segunda denuncia (...) formulada (...) contra dos Generales de Divisi¨®n M¨¦dicos [Vicente C. Navarro Ruiz y Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n Do?a] destacados a Turqu¨ªa que firmaron las certificaciones de identificaci¨®n de los cad¨¢veres por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricaci¨®n de funcionario p¨²blico, ante el c¨²mulo de irregularidades denunciadas y documentaci¨®n aportada, a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, depurar las responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir".