El PP dej¨® en la calle a 85.019 inmigrantes con orden de expulsi¨®n desde enero de 2002

Entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de junio de 2004, la Administraci¨®n dict¨® 117.768 ¨®rdenes de expulsi¨®n de ciudadanos extranjeros, pero s¨®lo ejecut¨® 32.749. Es decir, en los ¨²ltimos dos a?os y medio, el Ministerio del Interior dej¨® en las calles a 85.019 inmigrantes con una orden de expulsi¨®n imposible de ejecutar pero que les impide trabajar legalmente. Su n¨²mero es superior al de los habitantes de ciudades como Toledo, Girona, Pontevedra o Zamora. La Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n remiti¨® ayer al Congreso estos datos, que el Gobierno del PP hab¨ªa negado repetidamente al Parlamento.

Una respuesta parlamentaria escrita, remitida al diputado socialista Antonio Hernando, muestra el fracaso de la pol¨ªtica de expulsiones de extranjeros, publicitada por los Gobiernos del Partido Popular como el camino principal para luchar contra la inmigraci¨®n irregular. En el periodo mencionado, la Administraci¨®n abri¨® 110.000 expedientes y dict¨® 117.768 ¨®rdenes de expulsi¨®n, pero s¨®lo logr¨® ejecutar 32.749, de los cuales casi el 40% fueron marroqu¨ªes.

Las ¨®rdenes de expulsi¨®n dictadas crecieron considerablemente entre 2002 (38.783) y 2003 (53.778), y entre el a?o pasado y el global de los seis primeros meses de este a?o (25.207). Sin embargo, en este ¨²ltimo periodo se observa un claro descenso tras la toma de posesi¨®n del Gobierno socialista, a finales de abril.

Las 4.108 ¨®rdenes dictadas en mayo de 2003 (726 m¨¢s que en el mismo mes del a?o anterior) descienden este a?o a 3.760. La tendencia a la baja se afianza en junio: frente a las 3.738 ¨®rdenes dictadas el a?o pasado, este a?o s¨®lo hab¨ªan sido dictadas 300 hasta el d¨ªa 14 de ese mes.

Por el contrario, el n¨²mero de expulsiones ejecutadas mantiene el ligero aumento experimentado entre los a?os 2002 (12.159) y 2003 (14.104). A 14 de junio, ascend¨ªan a 6.486.

Los marroqu¨ªes, perjudicados

Los ciudadanos m¨¢s afectados por las ¨®rdenes de expulsi¨®n dictadas fueron los marroqu¨ªes: 9.349 en 2002, 10.969 en 2003 y 4.951 en el periodo contabilizado de este a?o. En total, 25.269 en los dos ¨²ltimos a?os y medio. De ellos, fueron expulsados aproximadamente la mitad: 12.811.

Los actuales responsables de la Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n desconocen el motivo de la desproporci¨®n del n¨²mero de expulsiones dictadas contra los marroqu¨ªes en relaci¨®n a las que afectaron a ciudadanos de otras nacionalidades. Fuentes del departamento que dirige Consuelo Rum¨ª alegaron que las directrices fueron dictadas por los pol¨ªticos del PP que entonces desempe?aban el Gobierno. Fuentes policiales recordaron, no obstante, que la cercan¨ªa de Marruecos hace que la expulsi¨®n de marroqu¨ªes sea mucho m¨¢s barata que la de personas de pa¨ªses m¨¢s alejados.

El colectivo marroqu¨ª no fue s¨®lo el blanco de la mayor¨ªa de las ¨®rdenes de expulsi¨®n dictadas, sino que su grado de cumplimiento fue mucho m¨¢s alto que en el caso de las dirigidas contra inmigrantes de otros pa¨ªses.

Los rumanos, por ejemplo, fueron el segundo colectivo m¨¢s afectado por las ¨®rdenes de expulsi¨®n dictadas: 15.290. Pero s¨®lo la tercera parte (5.458) fueron expulsados.

Llama todav¨ªa m¨¢s la atenci¨®n el caso de los colombianos: de los 8.074 afectados por ¨®rdenes de expulsi¨®n, s¨®lo fueron repatriados la cuarta parte (1.978).

Pero m¨¢s chocante a¨²n es el caso de los ecuatorianos, contra los que fueron dictadas 11.735 ¨®rdenes de expulsi¨®n, de las que s¨®lo se cumplieron 1.033, menos del 10%.

En cuanto al alto n¨²mero de nigerianos expulsados en 2003 (1.199), parece ser consecuencia del acuerdo de regulaci¨®n de los flujos migratorios firmado con las autoridades del pa¨ªs africano. Su descenso en los seis primeros meses del a?o en curso responder¨ªa a que los subsaharianos indocumentados que llegan ahora en pateras, conocedores del destino que les espera si declaran proceder de Nigeria, afirman ser originarios de otros pa¨ªses con los que no existen acuerdos de repatriaci¨®n.

Todos los datos remitidos por la Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n al Congreso fueron negados a los diputados en repetidas ocasiones durante el Gobierno del PP. La actual secretaria de Estado, Consuelo Rum¨ª, entonces en la oposici¨®n, manifest¨® su "m¨¢s profunda indignaci¨®n" por el "ocultamiento" y exigi¨® al entonces ministro, ?ngel Acebes, que determinara "qui¨¦n asumir¨¢ la responsabilidad", porque "este comportamiento es incompatible con las reglas del control democr¨¢tico que ha de ejercer el Parlamento sobre el Gobierno".

Fuentes de la Secretar¨ªa de Estado han asegurado que, a partir de ahora, las cifras estar¨¢n a disposici¨®n de los diputados: "Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurre y por qu¨¦".