El delegado del Gobierno admite que el 80% de las obras sufre extorsiones
Las mafias imponen su 'servicio de seguridad' y cobran hasta 2.500 euros al mes
La inmensa mayor¨ªa de las obras de construcci¨®n en Madrid, entre el 80% y el 90%, sufre la extorsi¨®n de bandas que obligan a las empresas constructoras a contratar sus servicios de seguridad. Si no lo hacen, estas mafias les roban y destrozan sus equipos. El delegado del Gobierno, Constantino M¨¦ndez, dio ayer este dato tras anunciar la detenci¨®n de diez personas -siete espa?oles y tres marroqu¨ªes- como presuntos miembros de una organizaci¨®n que extorsionaba a unas treinta empresas de construcci¨®n que trabajan en las obras de ampliaci¨®n del aeropuerto de Barajas.
El encargado de una obra recibe la visita de uno o dos hombres que le ofrecen sus servicios de seguridad para proteger la construcci¨®n durante la noche. Si el encargado se niega, a los pocos d¨ªas la obra sufre un robo o alg¨²n percance. Por ejemplo, aparecen rotos los cristales de las excavadoras. Acto seguido, regresan las mismas personas para volver a ofrecerse como vigilantes nocturnos. Contratados, la obra no vuelve a sufrir ning¨²n percance, a no ser que la organizaci¨®n quiera negociar una subida en el precio.
Esta historia, calcada de cualquier pel¨ªcula de g¨¢nsteres, podr¨ªan estar sufri¨¦ndola los responsables del 80% o el 90% de las obras de construcci¨®n de toda la regi¨®n, seg¨²n admiti¨® ayer el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino M¨¦ndez.
Teniendo en cuenta que la construcci¨®n es uno de los sectores que m¨¢s dinero generan en la regi¨®n, se puede deducir la magnitud de la actividad de estas mafias de extorsi¨®n. En el primer trimestre de este a?o hab¨ªa en marcha en la Comunidad de Madrid 18.947 obras de edificaci¨®n de vivienda nueva, seg¨²n los datos del Ministerio de Fomento. Si las bandas cobran entre 1.200 y 2.500 euros mensuales por obra, ¨¦ste supondr¨ªa un negocio ilegal que mueve, aproximadamente, entre 20 y 40 millones de euros al mes.
Esa tarifa est¨¢ tomada de lo que presuntamente cobraba una organizaci¨®n que extorsionaba a m¨¢s de 30 empresas del denominado Plan Barajas. La banda ha sido desarticulada por la Guardia Civil, seg¨²n dieron ayer a conocer el delegado de Gobierno y el coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, Jos¨¦ Navarro. Esta operaci¨®n, en la que el cuerpo armado detuvo a diez personas, supone el primer paso para erradicar "una pr¨¢ctica hist¨®rica" en la regi¨®n, seg¨²n afirm¨® M¨¦ndez.
'Pepe el Patriarca'
Los siete arrestados espa?oles responden a las iniciales de J. S. M., Pepe el Patriarca, de 48 a?os, presunto cabecilla; M. B. P., de 46; S. S. B., de 26 a?os; J. M. V., de 29 a?os; J. S. M., de 27; J. J. B. P., de 38 a?os, y A. J. B., de 34. Los otros tres detenidos son de origen marroqu¨ª: A. B. A., de 26 a?os; I. S., de 23, y M. S. K., de 27 a?os. Todos ellos tienen antecedentes policiales que suman m¨¢s de quince delitos, entre ¨¦stos, contra el patrimonio, por detenci¨®n ilegal, extorsi¨®n o agresi¨®n sexual. El instituto armado ya les ha puesto a disposici¨®n judicial.
La Guardia Civil explic¨® ayer que, una vez que la organizaci¨®n mafiosa consegu¨ªa ser contratada, un vigilante pagado por ella, normalmente un inmigrante sin papeles, empezaba a trabajar a cambio de unos 460 euros al mes (el resto, hasta cerca de 2.000 euros, se lo quedaba la banda). Esos vigilantes desarrollaban su labor en furgonetas o casetas en las que viv¨ªan en condiciones infrahumanas. Adem¨¢s, los miembros de la banda se desplazaban habitualmente a la obra para intimidar a los encargados.
Tras los arrestos, la Guardia Civil llev¨® a cabo varios registros en los que se incaut¨® de armas de fuego -un rifle del calibre 22, una escopeta del calibre 12 y una pistola del calibre 9 mil¨ªmetros- y abundante munici¨®n. Asimismo, los agentes requisaron tres furgonetas utilizadas en la vigilancia de las obras, un todoterreno de lujo, 2.134 euros en met¨¢lico y diversa documentaci¨®n.
Despu¨¦s de dos meses de investigaciones, la Guardia Civil lleg¨® hasta los integrantes de la organizaci¨®n gracias a diferentes denuncias por robos y desperfectos en algunas obras del Plan Barajas, que estaban vigiladas por esta mafia. La operaci¨®n sigue abierta. No se descarta que la banda tuviera ramificaciones, no s¨®lo en otras obras de Barajas, sino tambi¨¦n en otros puntos de la regi¨®n. Las investigaciones, seg¨²n el delegado del Gobierno, podr¨ªan traspasar el ¨¢mbito de la Comunidad. Constantino M¨¦ndez conmin¨® a todos los responsables de las empresas constructoras a que denuncien, si los sufren, hechos similares, con el objeto de que puedan investigarse y no queden impunes.
Hace ahora un a?o, este peri¨®dico public¨® que tanto los constructores, jefes de obra y aparejadores como la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa reconoc¨ªan la existencia de estas pr¨¢cticas. Sin embargo, ambos cuerpos armados coincid¨ªan en se?alar que el problema era que los extorsionados no se atrev¨ªan a denunciarlo.
La Asociaci¨®n de Empresas Constructores de ?mbito Nacional (Seopan) no va a hacer declaraciones al respecto hasta que no conozca los detalles de la investigaci¨®n.
La vieja 'ley del silencio'
Las denuncias por las extorsiones que sufren las obras de construcci¨®n en Madrid no son nuevas. Tanto los responsables de las construcciones como los cuerpos policiales lo admitieron hace poco m¨¢s de un a?o (v¨¦ase El PA?S del 27 de junio de 2003).
Los municipios de la zona norte y los nuevos barrios en construcci¨®n en el norte de la capital -Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas- fueron se?alados en aquel momento como el objetivo preferente de estas mafias. Tambi¨¦n se habl¨® entonces del precio que estos extorsionadores sol¨ªan pedir por su protecci¨®n, alrededor de 1.200 euros mensuales. La organizaci¨®n detenida ayer cobraba entre esa cifra y 2.500 euros, seg¨²n la Guardia Civil.
Los jefes de obra relataron, sin atreverse a dar sus nombres, algunas escenas -robos y destrozos de material, conflictos entre vigilantes que acababan con el incendio de las casetas que usan para pernoctar- que no fueron corroboradas por los responsables de sus respectivas empresas. El gran problema con el que se encuentra la polic¨ªa en estas situaciones es que los empresarios no denuncian las amenazas.
En 2002, diez empresarios extorsionados que trabajaban en los alredores de Pozuelo de Alarc¨®n salieron de la ley del silencio autoimpuesta y testificaron en los juzgados, pero durante la investigaci¨®n no se lleg¨® a probar ning¨²n delito.
La patronal del sector en Madrid, representada por el presidente de Aecom, Jos¨¦ Escribano, se mostr¨® muy sorprendida por la noticia, y anunci¨® la urgente convocatoria de su ¨®rgano directivo para recabar informaci¨®n sobre un asunto "m¨¢s propio de los tiempos del franquismo".
Otro de los sectores directamente afectados por estas extorsiones, el de las compa?¨ªas de seguridad privada, tambi¨¦n manteniendo siempre su anonimato por miedo a las represalias, confirm¨® las informaciones: "Todo el mundo lo comenta, pero nadie quiere problemas", afirm¨® entonces el directivo de una de estas compa?¨ªas con sede en Madrid.
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