Ley contra la morosidad: urgencia

El pasado dieciocho de junio el Gobierno acord¨® enviar a las Cortes Generales para su tramitaci¨®n por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley por que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de la que es ponente por el Grupo Socialista el diputado que suscribe.

Esta ley transcribe la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo que ten¨ªa que haber entrado en vigor como muy tarde el 8 de agosto de 2002, cuesti¨®n que no ha ocurrido por la dejadez y falta de valoraci¨®n que supone la problem¨¢tica de la morosidad por parte del anterior Gobierno del PP.

En la legislaci¨®n vigente existe, con car¨¢cter general, la libertad de pactos para fijar los plazos de pago y los tipos de inter¨¦s de demora aplicables a las operaciones comerciales, con excepci¨®n a las que se realizan entre la distribuci¨®n comercial y sus proveedores. El sistema est¨¢ dise?ado por la Ley de Ordenaci¨®n del Comercio Minorista que intentaba introducir mecanismos reforzados para proporcionar a los proveedores razonable seguridad. Sin embargo las previsiones contenidas en esta ley y sus modificaciones posteriores de 1999 y 2002 se han revelado ineficaces para reducir amplios aplazamientos de pagos que permiten tener a los distribuidores y contratantes importantes beneficios financieros adicionales.

Aunque no se disponen de estad¨ªsticas a este respecto, s¨ª puede obtenerse un acercamiento a la realidad a trav¨¦s de la Central de Balances del Banco de Espa?a que en empresas de distribuci¨®n muestra un periodo medio de pago de 80 d¨ªas en 2002 que cubre ampliamente los 12 d¨ªas de aplazamiento de clientes y los 30 d¨ªas de rotaci¨®n en los que permanece la mercanc¨ªa en poder de los distribuidores. Tambi¨¦n podemos citar casos concretos sangrantes como el periodo medio de pago a los proveedores del sector de la construcci¨®n que es de 193 d¨ªas o a los subcontratistas de este sector que es de 210 d¨ªas. La guinda la pone la Generalitat Valenciana, tan perfecta ella, que paga a sus proveedores hasta con una a?o y medio de retraso, suministradores sanitarios incluidos y que recientemente ha provocado que los empresarios se agrupen para defenderse de esta lacra que puede acabar con sus compa?¨ªas. Ni que decir que esta hipermorosidad excluye a la mayor¨ªa de las pymes valencianas de acudir a la contrataci¨®n de obras, suministros y servicios de la Generalitat por ser insoportable la financiaci¨®n que se impone, al mismo tiempo que repercute en un mayor coste de las prestaciones al tenerse que incorporar estos tremendos aplazamientos en el pago.

Las medidas sustantivas contra la morosidad propuestas en esta nueva Ley consisten en establecer con car¨¢cter general un plazo de exigibilidad, de fijaci¨®n de intereses de demora determinando su devengo autom¨¢tico, de la indemnizaci¨®n por los costes de cobro, etc.

Adem¨¢s impide que el principio de libertad de contrataci¨®n ampare pr¨¢cticas abusivas ya que el juez podr¨¢ modificar estos acuerdos si valoradas las circunstancias del caso resultasen abusivas para el acreedor siendo lo relevante si proporcionan al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor. Es asimismo relevante la inclusi¨®n de las Administraciones Publicas en el ¨¢mbito de la Ley, dispens¨¢ndoles igual tratamiento que al resto de agentes econ¨®micos. ?Cu¨¢ntos millones de euros le costar¨¢ a la Generalitat, es decir a todos los valencianos, esta norma tan justa para los proveedores?

En definitiva, una ley muy importante pues todos debemos colaborar en la erradicaci¨®n de la morosidad que en ocasiones amenaza la propia supervivencia de las peque?as y medianas empresas, de los trabajadores aut¨®nomos y de los profesionales.

Dada la magnitud del problema, de inter¨¦s general para proteger el tr¨¢fico mercantil, es decir, la actividad econ¨®mica, desde el grupo socialista trabajaremos para que todos los grupos parlamentarios consensuen la mejora de esta ley para erradicar eficazmente la morosidad y el abuso de posici¨®n dominante que tanto da?o hace a nuestro tejido productivo.

Ricard Torres es portavoz de Econom¨ªa y Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso.