Gil firm¨® en dos a?os 46 convenios urban¨ªsticos de los que no dio cuentas
Una promotora reclama 11,2 millones al consistorio marbell¨ª
El ex alcalde de Marbella ya fallecido Jes¨²s Gil y Gil gestion¨® de una forma muy personal los convenios urban¨ªsticos. S¨®lo entre los a?os 2000 y 2001 firm¨® 46 acuerdos con promotoras de los que no someti¨® a aprobaci¨®n de ning¨²n ¨®rgano municipal, seg¨²n constata el informe del Tribunal de Cuentas sobre dicho periodo, que denuncia la falta de sistemas de control y la inadecuada custodia de los convenios.
Seg¨²n consta en el documentode anteproyecto de fiscalizaci¨®n del Tribunal de Cuentas correspondientes a los a?os 2000 y 2001, el Ayuntamiento de Marbella suscribi¨® en ese periodo 75 convenios urban¨ªsticos, de los que 46 fueron negociados directamente por el alcalde, "sin conocimiento de otros ¨®rganos".
El tribunal ha descubierto tambi¨¦n otros 21 acuerdos anteriores al a?o 2000, de los que s¨®lo cuatro fueron ratificados por la Comisi¨®n de Gobierno. Seg¨²n los auditores, todo ello "evidencia la ausencia de un sistema de control de los pactos y negociaciones que suscrib¨ªa el alcalde y la inadecuada custodia de los convenios".
La mayor¨ªa de los convenios urban¨ªsticos no pasaron por el pleno, y las licencias se dieron con los nuevos par¨¢metros de una revisi¨®n del PGOU que no estaba aprobada. Seg¨²n los auditores el Ayuntamiento vendi¨® terrenos con la nueva calificaci¨®n no aprobada y negoci¨® y transmiti¨® los excesos de aprovechamientos. En el caso de no hacerse efectiva la edificabilidad convenida, pact¨® adem¨¢s la entrega de otros bienes con igual aprovechamiento o valoraci¨®n. Estas actuaciones han provocado ya las primeras reclamaciones.
Una de las m¨¢s llamativas es la presentada por la empresa Lardea S.L., que exige al Ayuntamiento que le indemnice con 11,2 millones de euros por "lucro cesante" al haber sido anulada la licencia de obras que le concedi¨® el consistorio para construir 240 viviendas en la avenida Benavente, en el Pecho de las Cuevas. El equipo de gobierno enajen¨® unas parcelas, calificadas como zona verde, sobre las que hab¨ªa una confusi¨®n de si eran de dominio p¨²blico o propiedad municipal. A pesar de ello hizo entrega mediante escritura p¨²blica de los terrenos, que fueron objeto de transmisiones posteriores antes de ser adquiridos por Lardea.
Seg¨²n el Tribunal de Cuentas hubo otras muchas irregularidades. Se entregaron bienes inmuebles para cancelar deudas, se suscribieron convenios sin tramitar expediente alguno, se enajen¨® otros para financiar gastos corrientes, se permutaron inmuebles por obras, se transfirieron propiedades por procedimiento negociado sin que resultara aplicable, y se celebraron subastas hasta con cinco a?os de antelaci¨®n al momento de la adjudicaci¨®n.
Pero sobre todo se enajenaron bienes "a precios sensiblemente inferiores" a los del mercado, con los consiguientes perjuicios a las arcas municipales.
El Ayuntamiento prescindi¨® de funcionarios municipales y contrat¨® tasadores externos para realizar las valoraciones. Los auditores se?alan que muchos de los informes de valoraci¨®n realizados a partir de marzo de 2000 est¨¢n incompletos; otros no tienen firma; en m¨¢s de 25 expedientes el informe tiene fecha posterior a la del convenio; y en algunos casos se suscribieron con fecha falseada.
Adem¨¢s parcelas en el mismo sector y con parecidas caracter¨ªsticas presentan diferencias significativas de precios; la determinaci¨®n del precio de los aprovechamientos enajenados se realiz¨® en el momento de firmar el convenio; en ocasiones se utilizaron informes emitidos a?os antes; o bien las adjudicaciones se realizaron conforme a los precios de subastas que quedaron desiertas a?os atr¨¢s.
Inventario
Otro aspecto significativo es que en los ¨²ltimos 12 a?os no ha existido un control ni inventario de bienes de titularidad municipal, cuya custodia debi¨® de corresponder al secretario municipal. Esto ha provocado que algunas parcelas fuesen sacadas a subasta en dos ocasiones, mientras otras eran anuladas por referirse a inmuebles que ya hab¨ªan sido incluidos en un convenio anterior o por equivocaci¨®n en la identificaci¨®n de las parcelas.
Por ejemplo, una permuta tuvo por objeto recuperar una zona verde p¨²blica que "por error" se hab¨ªa transmitido. Tambi¨¦n se suscribieron acuerdos sobre bienes que ni siquiera eran de propiedad municipal.
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