Urge una pol¨ªtica de la vivienda

El dato m¨¢s relevante del ¨²ltimo soci¨®metro elaborado por el Gobierno Vasco ha sido, sin lugar a dudas, el espectacular incremento del ¨ªndice de preocupaci¨®n ciudadana respecto a la continua elevaci¨®n del precio de la vivienda. Esta cuesti¨®n ha pasado de ocupar niveles inferiores, del 15 y del 19% en febrero y octubre de 2003, a situarse, con un porcentaje del 43%, en el tercer puesto del ranking de los problemas sociales, a poca distancia de la violencia y el paro. Es decir, el grado de alarma social ante esta cuesti¨®n se ha triplicado en poco m¨¢s de un a?o, y la reciente ratificaci¨®n estad¨ªstica corrobora el diagn¨®stico que adelant¨¢bamos a finales del pasado a?o: carecemos de una pol¨ªtica integral de vivienda, que afronte con garant¨ªas este problema de tan hondo calado social.

Seguimos careciendo de legislaci¨®n auton¨®mica sobre el suelo, y la pol¨ªtica de vivienda protegida es insuficiente

Los j¨®venes constatan la irremisible perspectiva de tener que hipotecarse de por vida para poder disponer de un techo

Los j¨®venes constatan la irremisible perspectiva de tener que hipotecarse de por vida para poder disponer de un techo familiar. No se trata, sin embargo, de un efecto natural inevitable del mercado inmobiliario. Como en tantas otras formas de opresi¨®n social indirecta, asistimos a un formidable trasvase o drenaje de rentas. De poco sirve, en t¨¦rminos globales, la negociaci¨®n colectiva de dos puntos de la masa salarial si el precio de la vivienda se dispara un 15% cada a?o. Adquirir una vivienda en condiciones l¨ªmite de endeudamiento significa comprometer la totalidad del ahorro de la vida futura para costear un bien de primera necesidad. Esta apropiaci¨®n o concentraci¨®n del excedente productivo hipoteca y subordina adem¨¢s las opciones vitales a lo largo de la vida laboral. El efecto laminador de las libertades individuales y colectivas que la persistencia de esta situaci¨®n provoca tampoco est¨¢ encontrando respuesta adecuada por parte de la Administraci¨®n.

Un resultado tan negativo cuestiona globalmente los objetivos de la pol¨ªtica combinada en materia de vivienda desarrollada por los diferentes niveles ejecutivos: los gobiernos central y auton¨®mico, las diputaciones forales y la gran mayor¨ªa de los ayuntamientos. La preocupante situaci¨®n actual deber¨ªa acometerse con un enfoque integral, que regule la convergencia de cada una de las administraciones responsables. Esa nueva pol¨ªtica integral de vivienda deber¨ªa reformular a fondo las cuatro grandes instancias que inciden en el precio final:

-La legislaci¨®n sobre r¨¦gimen del suelo, ordenaci¨®n territorial y urbanismo.

-La promoci¨®n p¨²blica de vivienda protegida.

-La fiscalidad de las diferentes formas de acceso a la residencia.

-La gesti¨®n del patrimonio municipal de suelo.

-La regulaci¨®n eficiente del mercado de la vivienda requiere, en consecuencia, una intervenci¨®n en cuatro frentes:

1.-Una legislaci¨®n del suelo no supeditada al crecimiento urbano. Que se aparte decididamente de la tradici¨®n legislativa espa?ola, fundamentada en una torpe y lenta compensaci¨®n en especie de las plusval¨ªas gratuitas generadas por la clasificaci¨®n urban¨ªstica, incentivando as¨ª la presi¨®n especulativa inherente a este mecanismo y agudizando el problema de sostenibilidad derivado de la escasez de suelo. El nuevo gobierno socialista deber¨ªa abordar una reforma profunda de la vigente legislaci¨®n estatal b¨¢sica (la Ley 6/98), que lleva este extremo al paroxismo de promover la clasificaci¨®n como urbanizable de cualquier suelo r¨²stico.

2.-Una promoci¨®n de vivienda protegida que supere el 50% de la oferta residencial global. Que es el umbral de reanimaci¨®n de la expectativa del posible comprador de vivienda. S¨®lo cuando la adquisici¨®n de una vivienda protegida empiece a concebirse como una posibilidad real, no como una loter¨ªa, la promoci¨®n p¨²blica incidir¨¢ realmente en los precios del mercado de la vivienda libre. Esto significa superar con creces el nivel del 30% fijado como objetivo en el Plan de Vivienda 2002-2005, aprobado por el Gobierno Vasco, que establece como meta la puesta en el mercado de 25.400 pisos en cuatro a?os. Un verdadero plan de choque supondr¨ªa elevar el ritmo actual (muy inferior a las 6.000 viviendas/a?o previstas), colocando el list¨®n de la oferta en 10.000 viviendas protegidas anuales, prestando atenci¨®n preferente a las operaciones de rehabilitaci¨®n urbana y de reocupaci¨®n de vivienda vac¨ªa (86.000 en la CAPV); hasta el a?o 2.010.

3.-El refuerzo intensivo del alquiler como forma de acceso a la vivienda, con el objetivo de aproximaci¨®n a la media europea del 39%. Especialmente a trav¨¦s de la regulaci¨®n fiscal, actualmente discriminatoria a favor de la propiedad en perjuicio del arrendamiento, y de las pol¨ªticas espec¨ªficas de alquiler social. Es decir, lo contrario a lo que desde hace mucho tiempo se viene aplicando, y que sit¨²a a la Comunidad Aut¨®noma en el nivel m¨¢s bajo de los pa¨ªses europeos, con un parque residencial de tan s¨®lo el 5% de viviendas en r¨¦gimen de alquiler. Panorama que deja sin protecci¨®n al segmento social con menores ingresos, estrangula la movilidad laboral y anula en la pr¨¢ctica las opciones de autonom¨ªa residencial de los j¨®venes.

4.La dinamizaci¨®n de los patrimonios municipales de suelo. Cuya finalidad primordial es la construcci¨®n de vivienda protegida, adem¨¢s del control del desarrollo y de la renovaci¨®n urbana. La mayor¨ªa de los ayuntamientos no gestiona su patrimonio municipal de suelo como un programa espec¨ªfico, ni vincula los porcentajes legales (Ley 20/98 del Parlamento Vasco) de sus ingresos a este destino, obstruyendo as¨ª sus posibilidades de colaboraci¨®n, mediante la gesti¨®n de suelos patrimoniales, con otras administraciones y, en especial, con el Gobierno Vasco. La traslaci¨®n del acuerdo tripartito a los ayuntamientos est¨¢ resultando, en ese sentido, m¨¢s que decepcionante; destacando el decidido apoyo de Ezker Batua a figuras de ordenaci¨®n territorial contrarias a la legislaci¨®n auton¨®mica sobre cuotas m¨ªnimas de reserva de suelo para vivienda protegida.

Ante un problema tan sensible y tan determinante para la ciudadan¨ªa, la gesti¨®n de los socios del gobierno tripartito, examinada en su conjunto, no supera la calificaci¨®n de insuficiente en ninguna de las cuatro asignaturas clave que acabamos de repasar, por lo que merece un suspenso global.

A lo largo de la legislatura el consejero Madrazo ha tratado de presentar el tratamiento del problema de la vivienda como la faceta m¨¢s amable de la gesti¨®n gubernamental, atribuy¨¦ndose en exclusiva supuestos m¨¦ritos independientes que justificar¨ªan la inclusi¨®n de su partido en el tripartito. Hoy comprobamos que los resultados reales distan mucho de las proclamas iniciales. Seguimos careciendo de legislaci¨®n auton¨®mica sobre el suelo. Su pol¨ªtica de vivienda protegida se revela insuficiente para cubrir la demanda actual e inoperante a la hora de regular los precios de la vivienda libre. El continuo desencuentro con la administraci¨®n local impide una gesti¨®n eficaz del suelo orientada a la promoci¨®n p¨²blica de vivienda. La reciente confrontaci¨®n de la Consejer¨ªa de Vivienda del Gobierno Vasco con Eudel y la Diputaci¨®n Foral de Bizkaia, m¨¢s all¨¢ de divergencias de criterio sobre las f¨®rmulas de adjudicaci¨®n y promoci¨®n, pone de manifiesto el n¨²cleo del problema del precio de la vivienda: la ausencia de una pol¨ªtica convergente en la materia, coordinada entre las diferentes administraciones p¨²blicas competentes. Evaluaci¨®n negativa en la que cabe corresponsabilizar a las tres fuerzas pol¨ªticas implicadas en el acuerdo gubernamental.

Fernando Hevia es miembro del comit¨¦ ejecutivo de Aralar.