El Gobierno rechaza que su ¨®rgano consultivo dictamine sobre las reformas estatutarias

El Gobierno no quiere que la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, el m¨¢ximo ¨®rgano consultivo vasco, cuyo futuro estatus se terminar¨¢ de debatir en ponencia en el Parlamento tras las vacaciones, tenga entre sus competencias dictaminar sobre la legalidad de las propuestas de reforma estatutaria. ?ste es uno de los principales escollos que est¨¢ encontrando la negociaci¨®n del proyecto de ley con la oposici¨®n, adem¨¢s de los que ata?en al nombramiento de los miembros de la comisi¨®n y de su presidente y vicepresidente.

El proyecto de ley no incluye entre las competencias del ¨®rgano asesor las propuestas de reforma estatutaria, entre las que se incluir¨ªa el plan Ibarretxe, en contra de lo que sucede en los consejos consultivos de otras comunidades. Tambi¨¦n reserva al Gobierno el nombramiento de sus componentes, diez en total, mientras que la oposici¨®n quiere que sea el Parlamento, por una mayor¨ªa de dos tercios, el que elija a los miembros de este ¨®rgano. En otras autonom¨ªas este organismo tiene la forma de un consejo consultivo externo a los ejecutivos, como ocurre con el Consejo de Estado en el ¨¢mbito nacional. En cambio, el Gobierno vasco prefiere articularlo a trav¨¦s de sus propios servicios jur¨ªdicos.

La ponencia que estudia el proyecto de ley que regular¨¢ la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de Euskadi, que se consolidar¨¢ como el ¨®rgano consultivo superior de la comunidad aut¨®noma, no pudo terminar su trabajo en el periodo de sesiones cerrado el pasado mes de junio con un acuerdo entre el Gobierno y los grupos de la oposici¨®n, que desean para ella una menor dependencia del Ejecutivo.

La comisi¨®n, creada en 1999, tiene como misi¨®n informar antes de la aprobaci¨®n de cualquier norma con rango o fuerza de ley y, en concreto, todos los anteproyectos y las disposiciones que desarrollen normativas estatales o reglamentos y directivas de la UE.El objeto de la intervenci¨®n de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, a trav¨¦s de sus dict¨¢menes previos, es que la actuaci¨®n administrativa se ajuste a la ley y al Derecho velando por que las normas que se sometan a su an¨¢lisis se acomoden al ordenamiento jur¨ªdico. El proyecto de ley convierte a ese ¨®rgano asesor, que hasta el momento lo era s¨®lo del Ejecutivo, en Comisi¨®n Asesora de Euskadi, con lo que tambi¨¦n los ayuntamientos entrar¨¢n en su ¨¢mbito de actuaci¨®n. ?sta es otra de las razones en las que los grupos de la oposici¨®n apoyan su demanda de independencia absoluta respecto de la Administraci¨®n General de la comunidad, como garant¨ªa de neutralidad en su actuaci¨®n frente a otras instituciones que deber¨¢n recurrir a ella.

Los grupos parlamentarios acordaron proseguir las discusiones el pr¨®ximo mes de septiembre, pero el acercamiento no parece probable tampoco entonces. El Partido Popular cuestiona de ra¨ªz el planteamiento de la comisi¨®n, mientras que los socialistas se mantienen en una postura intermedia entre el actual contenido del proyecto de ley y la posici¨®n de los populares.

Independencia

El proyecto propone que todos los miembros de la comisi¨®n sean designados por el Gobierno de entre los letrados de sus propios servicios jur¨ªdicos y que el presidente, con voto de calidad, y el vicepresidente sigan siendo, como sucede ahora, el secretario general de R¨¦gimen Jur¨ªdico y el director de Desarrollo Normativo, ambos dependientes de la Vicelehendakaritza.

El PP, por su parte, quiere que todos los miembros de la comisi¨®n sean designados por el Parlamento entre letrados de las distintas administraciones -en la actualidad todos sus componentes son abogados de la Administraci¨®n General- as¨ª como entre juristas de reconocido prestigio que no provengan de las administraciones p¨²blicas.

En una posici¨®n intermedia, los socialistas aceptan que el Ejecutivo designe a la mitad de los componentes de la comisi¨®n, mientras que el nombramiento de la otra mitad quedar¨ªa en manos del Parlamento. El PSE reclama, al igual que los populares, que el ¨®rgano consultivo se abra a los letrados de todas las administraciones y a juristas externos a ellas de reconocido prestigio. Ambos grupos coinciden en reclamar que el presidente y el vicepresidente los elijan los propios integrantes de la comisi¨®n de entre sus miembros.

El Gobierno, por el contrario, considera que, pese a ello y a estar integrada en la Secretar¨ªa General de R¨¦gimen Jur¨ªdico, la comisi¨®n no se integra en la estructura jer¨¢rquica y que ello le confiere una independencia org¨¢nica y funcional y la deja a salvo de las acciones de mando, direcci¨®n e influencia de la Administraci¨®n. Su car¨¢cter colegiado es, a juicio del Ejecutivo, una garant¨ªa m¨¢s de objetividad. Ni socialistas ni populares est¨¢n de acuerdo con esas argumentaciones.

A juicio de Ant¨®n Damborenea, ponente del PP, la composici¨®n de la comisi¨®n, tal y como la plantea el actual proyecto de ley, no garantiza unas m¨ªnimas condiciones de independencia en su trabajo. "Es evidente la carencia de independencia. Si uno es funcionario del Gobierno y es su jefe en la Administraci¨®n quien le nombra para ir a la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, al final ser¨¢ tambi¨¦n su jefe en ¨¦sta". Damborenea vislumbra pocas posibilidades de entendimiento con el tripartito y reclama un ¨®rgano independiente "como lo es en todas las comunidades aut¨®nomas". Esa necesidad resulta a¨²n m¨¢s evidente, a su juicio, porque a partir de la aprobaci¨®n del proyecto de ley, en su ¨¢mbito de actuaci¨®n entrar¨¢n tambi¨¦n los ayuntamientos. "?Qu¨¦ garant¨ªa van a tener ¨¦stos en una situaci¨®n de conflicto con el Gobierno si la comisi¨®n a la que deben acudir est¨¢ nombrada por ¨¦ste?", argumenta. Damborenea reclama el mismo procedimiento que para la configuraci¨®n del Tribunal Vasco de Cuentas.

En opini¨®n de Joana Madrigal, representante socialista en la ponencia, el hecho de que el secretario general de R¨¦gimen Jur¨ªdico y el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, ambos altos cargos de la Vicepresidencia del Gobierno, sean miembros natos de la comisi¨®n y su presidente y vicepresidente, respectivamente, plantea dudas sobre su neutralidad.