El Ejecutivo catal¨¢n retira 7 recursos contra el Gobierno ante el Constitucional

El Gobierno catal¨¢n acord¨® ayer la retirada de siete recursos de competencia contra el Ejecutivo central que se arrastraban desde hace a?os en el Tribunal Constitucional. Ninguno de los recursos tiene por s¨ª mismo una gran trascendencia, pero el gesto tiene importancia simb¨®lica: quiere subrayar el buen entendimiento entre el Gobierno central y la Generalitat a las puertas de abordar debates tan importantes como la reforma del Estatut, de la Constituci¨®n y del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica.

En el tramo final de la pasada legislatura el n¨²mero de recursos creci¨® por ambas v¨ªas. El Gobierno del Partido Popular (PP) recurr¨ªa contra normas de la Generalitat y el Ejecutivo de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) hac¨ªa lo propio con decretos impulsados por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Ahora la situaci¨®n es la inversa.Tras tomar posesi¨®n, el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero ya anunci¨® la retirada de al menos 80 de los 300 recursos presentados contra leyes auton¨®micas.

Los conflictos retirados ahora por la Generalitat fueron presentados entre 1994 y 2000. Son los siguientes: estatuto regulador de la distribuci¨®n de carburante y combustibles petrol¨ªferos, plan nacional de evaluaci¨®n de la calidad de las universidades, ayudas a las actividades mineras no energ¨¦ticas, ayudas a la reindustrializaci¨®n, selecci¨®n para el ingreso en los centros universitarios, concesiones de radiodifusi¨®n digital, y complemento de destino de determinados funcionarios. En todos los casos el Gobierno catal¨¢n considera periclitados los motivos que llevaron a la presentaci¨®n del recurso.

Pese al nuevo clima de entendimiento, el Gobierno catal¨¢n plante¨® ayer otro conflicto por una orden reciente del Ministerio de Justicia para proveer determinadas plazas del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. Y tambi¨¦n subvencion¨® con 550.000 euros a la Federaci¨®n Catalana de Patinaje para promover la participaci¨®n de sus equipos en competiciones oficiales, una posibilidad que inquieta al Ejecutivo del PSOE.

Oficina en Par¨ªs

El Gobierno de la Generalitat aprovech¨® su primera reuni¨®n tras las vacaciones de verano para reestructurar La Maison de la Catalogne en Par¨ªs y convertirla en oficina de la Generalitat en la capital de Francia. La instituci¨®n quedar¨¢ adscrita a Presidencia y no servir¨¢ s¨®lo para promocionar Catalu?a, sino que tambi¨¦n representar¨¢ al Gobierno catal¨¢n siguiendo el esquema de las oficinas de Madrid y Bruselas. El centro lo dirigir¨¢ la periodista Montserrat Casals. El Ejecutivo tambi¨¦n nombr¨® ayer a Josep Canicio como presidente del Consorcio para la Protecci¨®n Integral del Delta del Ebro.

El Consell Executiu acord¨® ayer la convocatoria de un concurso para contratar los servicios de telecomunicaciones de voz y datos de la Administraci¨®n catalana, que actualmente tiene Al-pi. El contrato se adjudic¨® en 1998 y fue prorrogado hasta diciembre de 2005.

Se da la circunstancia de que la Generalitat posee una participaci¨®n del 25% en Al-pi, mientras que el 75% restante est¨¢ en manos de Uni2, la filial espa?ola de France Telecom. Al-pi naci¨® como operador catal¨¢n especializado en empresas tras la privatizaci¨®n de la sociedad Catalana de Telecomunicaciones, desgajada del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.

La importancia de este contrato es clave para el operador catal¨¢n porque el 35% de sus ingresos a¨²n dependen del acuerdo con el Gobierno catal¨¢n, al que Al-pi proporciona servicios de voz y de datos, adem¨¢s de controlar la red de telecomunicaciones del Departamento de Justicia y una parte de los servicios del de Salud. Al-pi, que ha sufrido varias crisis, cerr¨® el ejercicio de 2003 con unas p¨¦rdidas de 200.000 euros y una facturaci¨®n de 48,4 millones de euros.

Fuentes del sector consultadas por la agencia Efe han cifrado el montante econ¨®mico de este contrato en unos 18 millones de euros anuales, aunque la cifra final depender¨¢ de las ofertas que reciba la Generalitat. El Ejecutivo se?ala que el nuevo concurso obligar¨¢ a construir una oferta homog¨¦nea de servicios de telecomunicaciones y a definir el plan de evoluci¨®n de la red en el horizonte 2006-2009, entre otros aspectos.