Gobierno y Parlamento discrepan sobre el env¨ªo de documentaci¨®n

Una nueva protesta de la oposici¨®n por un retraso de dos meses y medio en el env¨ªo de una documentaci¨®n solicitada al Gobierno ha motivado que la Mesa del Parlamento inste a concertar una reuni¨®n entre los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara y los del ejecutivo para intentar "aunar criterios" y establezca que, en caso de desacuerdo, prevalezca la interpretaci¨®n del Parlamento. Este incidente, originado en torno a una petici¨®n del PSE-EE, se a?ade al registrado por la recriminaci¨®n que el Gobierno realiz¨®, en acuerdo formal de consejo, a la Mesa de la C¨¢mara en junio.

El Parlamento quiere que su criterio sobre los plazos en los que el Gobierno debe responder a las solicitudes de informaci¨®n de la oposici¨®n prevalezca sobre el del ejecutivo cuando se produce un desacuerdo y busca celebrar una reuni¨®n entre los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara y los del Gobierno con el fin de "aunar criterios" en torno a los plazos en los que deben sustanciarse respuestas escritas y env¨ªo de documentaci¨®n pedida por la oposici¨®n.

As¨ª lo estableci¨® un acuerdo adoptado por la Mesa el pasado 21 de septiembre, a ra¨ªz de un nuevo conflicto entre ambas instituciones, que se a?ade al registrado en el mes de junio, cuando el ejecutivo deneg¨® por segunda vez la documentaci¨®n pedida por un parlamentario del PP y al que el ¨®rgano de gobierno de la C¨¢mara otorg¨® su amparo, tambi¨¦n por dos veces.

El ejecutivo lleg¨® a recriminar a la Mesa su comportamiento y lo hizo adem¨¢s con la solemnidad de un acuerdo de Gobierno en el que le reprochaba dejarse "instrumentalizar" y la acusaba de proceder de modo "no adecuado".

En el origen de este nuevo conflicto est¨¢ una diferente interpretaci¨®n sobre los plazos en los que el Gobierno est¨¢ obligado a responder a las demandas de la oposici¨®n y que en la pr¨¢ctica se salda con la imposici¨®n por la v¨ªa de los hechos del criterio del ejecutivo.

La protesta se la plante¨® al presidente del Parlamento la diputada socialista Joana Madrigal el 14 de julio, una vez sobrepasado en una semana el plazo en el que el ejecutivo deber¨ªa haberle remitido diversa informaci¨®n documentada sobre el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Atutxa respondi¨® a la parlamentaria con un escrito en el que atribu¨ªa el retraso a la existencia de "criterios contrapuestos" entre el Parlamento y el Gobierno en la contabilizaci¨®n de los plazos que rigen para respuestas escritas y env¨ªo de documentaci¨®n. "Mientras el Parlamento entiende que los per¨ªodos inh¨¢biles (enero, julio y agosto) deben ser considerados como d¨ªas normales a los efectos mencionados, el Gobierno interpreta lo contrario".

Controversia recurrente

Atutxa defin¨ªa tal discrepancia como "controversia nunca aclarada" y se?alaba a la parlamentaria que, "seg¨²n el criterio mantenido por el Gobierno, el plazo para la remisi¨®n de la documentaci¨®n por usted solicitada expirar¨ªa el 7 de septiembre pr¨®ximo". Fuentes socialistas estiman que el presidente se limit¨® a "describir una situaci¨®n" pero le acusan de "lavarse las manos".

El ejecutivo no respet¨® en todo caso ni siquiera ese plazo mencionado por Atutxa, ya que la documentaci¨®n no entr¨® en la C¨¢mara hasta la semana pasada, el 28 de septiembre, diez d¨ªas despu¨¦s de que la parlamentaria presentara un escrito de queja y amparo en el que solicitaba "la inmediata remisi¨®n de la documentaci¨®n solicitada".

La diputada inst¨® tambi¨¦n a la Mesa a tomar medidas para unificar los criterios de ambas instituciones "teniendo presente en todo momento que es el Ejecutivo el que responde de sus actuaciones en la C¨¢mara Legislativa".

Este nuevo incidente motiv¨® el acuerdo de la Mesa del pasado 21 de septiembre en el que se decidi¨® que el ¨®rgano de gobierno de la C¨¢mara se hiciera cargo de la reclamaci¨®n al ejecutivo de la documentaci¨®n pedida por la diputada socialista. Tambi¨¦n se acord¨® la preparaci¨®n de la reuni¨®n entre los servicios jur¨ªdicos de Gobierno y Parlamento, que, en la medida que este peri¨®dico ha podido saber, todav¨ªa no ha tenido lugar. La Mesa reclamaba tambi¨¦n la prevalencia de la interpretaci¨®n de la C¨¢mara sobre el Gobierno en caso de desacuerdo.

Fuentes de la presidencia del Parlamento reconocen la existencia de problemas, cuya soluci¨®n sit¨²an en "un abordaje integral" por medio de la paralizada reforma reglamentaria. No fue posible obtener la explicaci¨®n del Gobierno.