El Tribunal de la UE abre la v¨ªa a un nuevo juicio contra Berlusconi
La fiscal general cree que no debe aplicarse una ley modificada en su beneficio
La alemana Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de la UE, un cargo similar al de fiscal general en Espa?a, difundi¨® ayer sus conclusiones sobre la pol¨¦mica ley que promovi¨® en 2002 el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y que le sirvi¨® para eludir las causas abiertas contra ¨¦l por presentar cuentas falsas en algunas de sus sociedades. Juliane Kokott asegura en su escrito que a Berlusconi hay que aplicarle la correspondiente ley anterior a 2002, m¨¢s dura, pero tambi¨¦n m¨¢s acorde con las normas comunitarias.
La opini¨®n de la abogada general, que en el 80% de los casos es seguida despu¨¦s por el Tribunal de la UE, con sede en Luxemburgo, podr¨ªa desembocar en una revisi¨®n de la causa contra Berlusconi en Italia o en condenas contra ¨¦l en casos a¨²n pendientes. De hecho, el tribunal europeo entr¨® en el caso a ra¨ªz de una consulta que le plante¨® la propia justicia italiana, que pregunt¨® qu¨¦ tipo de sanciones o penas deb¨ªan recaer, a la luz del derecho comunitario, sobre quienes falsificaran la contabilidad de sus empresas.
La duda entre los jueces italianos surgi¨® porque, nada m¨¢s llegar al poder en mayo de 2001, Berlusconi y su grupo parlamentario modificaron la ley contra quienes falsificaran contabilidades. "El legislador italiano ha dificultado la persecuci¨®n penal de estos delitos en relaci¨®n con la situaci¨®n jur¨ªdica antes vigente", opina la abogada general. En efecto, la nueva ley fij¨® nuevos l¨ªmites porcentuales tolerables de falsificaci¨®n contable, abrevi¨® los plazos de prescripci¨®n y exigi¨® el requisito de presentar una querella para abrir una causa judicial.
"L¨ªmites de tolerancia"
La abogada general sostiene que las penas o sanciones en estos casos deben ser "efectivas, proporcionadas y disuasorias" y que, aunque cada Estado tiene "un amplio margen de apreciaci¨®n", en la nueva ley italiana "los l¨ªmites de tolerancia no satisfacen las exigencias del derecho comunitario". Acortar el tiempo de prescripci¨®n puede ser admisible, pero siempre "que las sanciones previstas, de hecho, no lleguen a imponerse o s¨®lo se impongan en raras ocasiones". En cuanto a la necesidad de una querella previa, "las sanciones deben poder imponerse de oficio".
"Seg¨²n los datos facilitados por los tribunales penales italianos que conocen estos asuntos", recuerda Juliane Kokott, "la aplicaci¨®n ahora de la nueva normativa penal italiana tendr¨ªa como consecuencia que los inculpados no ser¨ªan sancionados". Es exactamente lo que ya ha con pasado Berlusconi y sus colaboradores en determinadas causas y con algunos de los m¨¢ximos responsables de Fiat.
La abogada general de Luxemburgo afirma que los tribunales nacionales est¨¢n obligados a respetar el derecho comunitario y "a dejar inaplicada la ley penal m¨¢s favorable" cuando ¨¦sta haya sido aprobada despu¨¦s de cometerse el delito y sea incompatible con el derecho de la UE. Por eso, agrega que la aplicaci¨®n con car¨¢cter retroactivo de una ley m¨¢s favorable al procesado debe ser una excepci¨®n que "s¨®lo est¨¢ justificada cuando esa ley m¨¢s favorable es compatible con el derecho comunitario". La Comisi¨®n Europea dijo ayer que "comparte" la opini¨®n de Kokott.
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