Zapatero anuncia la derogaci¨®n de la ley que encarcelar¨ªa a Ibarretxe por el refer¨¦ndum
El PSOE recaba el apoyo de todos los grupos, menos el PP, para reformar del C¨®digo Penal
Los tres art¨ªculos del C¨®digo Penal introducidos en diciembre de 2003 para castigar con la c¨¢rcel la convocatoria o apoyo a un refer¨¦ndum ilegal ser¨¢n derogados. El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, anunci¨® ayer en el Congreso, en respuesta a una pregunta del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que hoy mismo el Grupo Parlamentario Socialista presentar¨¢ una proposici¨®n de ley para liquidar la que calific¨® como "reforma desafortunada e inapropiada". Zapatero quiere compartir la reforma con otros grupos parlamentarios. S¨®lo el PP se opone a derogar lo que aprob¨® en solitario.
En la direcci¨®n del Grupo Socialista se inform¨® ayer que las negociaciones est¨¢n avanzadas y que la proposici¨®n tendr¨¢, posiblemente, la firma de todos los grupos, excepto el PP que, ayer mismo, anunci¨® su rechazo frontal a la medida, a trav¨¦s de su portavoz de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa.
El 18 de diciembre de 2003 el Congreso vivi¨® una sesi¨®n borrascosa y sin precedentes parlamentarios. La oposici¨®n en pleno se neg¨® a votar la inclusi¨®n de tres art¨ªculos del C¨®digo Penal que hab¨ªan llegado a la C¨¢mara como enmiendas del Senado a la Ley de Arbitraje, y que condenaban a entre tres y cinco a?os de c¨¢rcel la convocatoria de un refer¨¦ndum ilegal. Lo ins¨®lito del procedimiento provoc¨® la unanimidad airada de la oposici¨®n y ayer el portavoz del PNV record¨® como se corearon gritos de "?Manos arriba esto es un atraco!", o que IU exhibi¨® pancartas con la leyenda "Todos a la c¨¢rcel".
Temor del PNV a los plazos
No hubo la menor duda de que era una ley ad hoc para "meter al lehendakari a la c¨¢rcel", como se repet¨ªa sin ambages en los pasillos del Congreso.
El entonces diputado socialista y hoy ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, asegur¨® en aquella sesi¨®n que se hab¨ªa superado "cualquier margen de degradaci¨®n parlamentaria". Incluso Luis Mardones, portavoz del grupo de Coalici¨®n Canaria, socio del PP en toda la legislatura, reaccion¨® con extremada dureza.
La pregunta de Josu Erkoreka fue muy directa al pedir al presidente fechas concretas para reformar el C¨®digo Penal e impedir "que un dirigente pol¨ªtico pueda ser condenado por recabar en refer¨¦ndum la opini¨®n de los ciudadanos". El pol¨ªtico peneuvista le record¨®, entre otras cosas, que en su discurso de investidura, en abril, ya se comprometi¨® a derogar "ese desprop¨®sito antidemocr¨¢tico". Ese compromiso tambi¨¦n lo reaviv¨® ayer la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate. El consejero catal¨¢n de Relaciones Institucionales, Joan Saura, fue m¨¢s all¨¢ y pidi¨® que se "acelere" el proceso de transferencia a Catalu?a de la posibilidad de convocar referendos.
En nombre del PP, Astarloa se apresur¨® a rechazar la iniciativa por razones de fondo y de forma. El PP no entiende que se anuncie la despenalizaci¨®n de la convocatoria de un refer¨¦ndum ilegal, pocos d¨ªas despu¨¦s de que el lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, anunciase "en sede parlamentaria" , "que le da igual si las Cortes le aprueban su plan porque lo someter¨¢ a refer¨¦ndum". Un plan que el portavoz popular no olvid¨® en calificar de "secesionista". En cuanto a la forma, Astarloa denuncia que con la f¨®rmula de la proposici¨®n de ley se pretende evitar el dictamen tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo de Estado.
Tambi¨¦n desliz¨® una sospecha pol¨ªtica: que se anuncie la reforma que desea el PNV cuando se est¨¢n negociando los apoyos para los Presupuestos Generales del Estado.
En efecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, continuaba ayer la negociaci¨®n de los Presupuestos con los grupos y, entre tanto, el secretario general, Diego L¨®pez Garrido, trabajaba en la tarea de aunar voluntades para que hoy todos los grupos firmen esta proposici¨®n, con la excepci¨®n del PP. La direcci¨®n socialista asegura que el PNV no conoc¨ªa de antemano la respuesta que se le iba a dar aunque s¨ª que el presidente iba a realizar alg¨²n anuncio. L¨®pez Garrido considera que hay coincidencia en que se trat¨® de una "decisi¨®n pol¨ªtica, ajena al Derecho Penal y a la pol¨ªtica penal y, por tanto, s¨®lo cabe la decisi¨®n pol¨ªtica de derogarla".
Pero en el PNV existe el resquemor de que la derogaci¨®n se demore en exceso por cuanto que hay otras muchas proposiciones de ley que esperan debate y que no pueden ser adelantadas por ¨¦sta; a no ser que haya unanimidad de los grupos parlamentarios. Y no la habr¨¢ porque el PP se opondr¨¢.
No hay fecha para la convocatoria de ese refer¨¦ndum pero en ning¨²n caso, al parecer, podr¨¢ ser antes de un a?o, despu¨¦s de las elecciones al Parlamento Vasco que se celebrar¨¢n el pr¨®ximo mes de mayo si no hay adelanto.
Tres art¨ªculos contra una consulta unilateral
El texto de los tres art¨ªculos que, con toda seguridad ser¨¢n derogados, una vez que concluya el tr¨¢mite parlamentario, es el siguiente:
Art¨ªculo 506 bis.
1. La autoridad o funcionario p¨²blico que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, auton¨®micas o locales o consultas populares por v¨ªa de refer¨¦ndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constituci¨®n, ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de tres a cinco a?os e inhabilitaci¨®n absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco a?os al de la duraci¨®n de la pena de privaci¨®n de libertad impuesta.
2. La autoridad o funcionario p¨²blico que, sin realizar la convocatoria o autorizaci¨®n a que se refiere el apartado anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, auton¨®micas o locales o consultas populares por v¨ªa de refer¨¦ndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constituci¨®n convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de uno a tres a?os e inhabilitaci¨®n absoluta por un tiempo superior entre uno y tres a?os al de la duraci¨®n de la pena de privaci¨®n de libertad impuesta.
Art¨ªculo 521 bis.
Los que, con ocasi¨®n de un proceso de elecciones generales, auton¨®micas o locales o consultas populares por v¨ªa de refer¨¦ndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constituci¨®n convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realizaci¨®n una vez acordada la ilegalidad del proceso, ser¨¢n castigados con la pena de prisi¨®n de seis meses a un a?o o multa de 12 a 24 meses.
Art¨ªculo 576 bis.
1. La autoridad o funcionario p¨²blico que allegara fondos o bienes de naturaleza p¨²blica, subvenciones o ayudas p¨²blicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos pol¨ªticos disueltos o suspendidos por resoluci¨®n judicial por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta secci¨®n, as¨ª como a los partidos pol¨ªticos, personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas, entidades sin personalidad jur¨ªdica y, en particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de electores que, de hecho, contin¨²en o sucedan la actividad de estos partidos pol¨ªticos disueltos o suspendidos ser¨¢ castigado con la pena de tres a cinco a?os de prisi¨®n.
2. Se impondr¨¢ la pena superior en grado a la prevista en el apartado anterior a la autoridad o funcionario p¨²blico que continuase con las conductas previstas en este art¨ªculo una vez requerido judicial o administrativamente para que cese en las citadas conductas.
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