El fiscal ve indicios de prevaricaci¨®n en la gesti¨®n municipal de Urnieta
Pide la apertura de un procedimiento penal contra el Ayuntamiento
La Fiscal¨ªa de Guip¨²zcoa ha solicitado al Juzgado de Instrucci¨®n Decano de San Sebasti¨¢n la apertura de un procedimiento contra el Ayuntamiento de Urnieta al apreciar indicios de un presunto "delito continuado de prevaricaci¨®n" en la gesti¨®n municipal en 2001. La petici¨®n fiscal se produce tras analizar la fiscalizaci¨®n practicada por una empresa auditora a instancias del propio consistorio y el informe del Tribunal Vasco de Cuentas (TVCP), que revelan m¨²ltiples irregularidades en gastos, contratos y compras y la desaparici¨®n de abundante documentaci¨®n.
El caso Urnieta ha entrado de lleno en la v¨ªa judicial. A la luz del informe aprobado, a finales de septiembre pasado, por el pleno del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de este Ayuntamiento del a?o 2001, la Fiscal¨ªa de Guip¨²zcoa considera que a lo largo del ejercicio presupuestario del a?o 2001 el Ayuntamiento de Urnieta incurri¨® en conductas que "revisten indiciariamente los caracteres propios de un delito continuado de prevaricaci¨®n", por lo que anuncia la apertura de un procedimiento penal contra el consistorio.
Las presuntas ilegalidades que el fiscal cita en su escrito fueron cometidas por los responsables pol¨ªticos de este municipio cuando estaba gobernado con mayor¨ªa absoluta por el PNV. En concreto, se refieren al periodo en que el Ayuntamiento estaba regido por Maixa Lizeaga, quien present¨® su dimisi¨®n en febrero de 2002.
Las diligencias informativas tramitadas por la Fiscal¨ªa tienen su origen en la denuncia presentada en julio de 2002 por los concejales socialistas de Urnieta Maite Pagazaurtundua y Hermenegildo Gonz¨¢lez ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que a su vez la remiti¨® en noviembre de 2003 a la Audiencia Provincial al entender que era ¨¦sta la instituci¨®n competente para investigar unos hechos ocurridos en su jurisdicci¨®n.
Entre las diligencias figura el resultado de la primera fiscalizaci¨®n de las cuentas del Consistorio y de las empresas municipales Kulturnieta (gesti¨®n cultural) Urnieta Eraiki (urbanismo) y Urnietatel (telecomunicaciones) realizada por la empresa privada Z&B Auditores a comienzos de 2003 por encargo del actual alcalde de Urnieta, el tambi¨¦n peneuvista Florentino Ugalde. La auditor¨ªa constat¨® una gesti¨®n ca¨®tica. El asunto ha estado paralizado en la Fiscal¨ªa a la espera de conocer las conclusiones de fiscalizaci¨®n del Tribunal de Cuentas. En su informe hecho p¨²blico a comienzos de este mes, este organismo oficial emite, con la disconformidad de tres de sus siete miembros, una opini¨®n positiva sobre el cumplimiento de la legalidad del Ayuntamiento. Pero se?ala varias irregularidades de gesti¨®n y, sobre todo, no emite opini¨®n, por falta de datos, sobre el funcionamiento de las sociedades Urnieta Eraiki y Urnietatel, cuya an¨®mala gesti¨®n fue precisamente la desencadenante de la auditor¨ªa p¨²blica.
"Actuaciones ilegales"
Con toda la documentaci¨®n en su poder, la Fiscal¨ªa formula ahora una denuncia al considerar que a lo largo del citado ejercicio "se produjeron en el Ayuntamiento de Urnieta diversas actuaciones ilegales". En su escrito al juzgado apunta la realizaci¨®n de gastos sin consignaci¨®n presupuestaria por importe de 33.000 euros, la adjudicaci¨®n directa de nueve contratos que totalizan 280.000 euros, la pr¨®rroga de contratos que expiraban en 1995 y presuntas irregularidades en el expediente urban¨ªstico de Casa Mikaela Enea.
Respecto a Kulturnieta, adjudic¨® tres contratos que suman 309.000 euros sin cumplir el principio de publicidad. La misma ilegalidad se aprecia en cinco adjudicaciones por 397.000 euros realizadas por Urnieta Eraiki. Adem¨¢s, el fiscal sostiene que la labor fiscalizadora "se ha visto dificultada o, en algunos casos, impedida por la desaparici¨®n de diversa documentaci¨®n".
A la vista de estas anomal¨ªas, solicita abrir un procedimiento penal en el que deber¨¢n comparecer los peritos autores de las auditor¨ªas del TVCP y de Z&B Auditores, con el fin de que se ratifiquen en el contenido de sendos trabajos. Durante la fase instructora, se recabar¨¢ del secretario del Ayuntamiento los documentos p¨²blicos que permitan acreditar la identidad de "las personas que por acci¨®n u omisi¨®n autorizaron o favorecieron las conductas denunciadas". La Fiscal¨ªa asegura que se tomar¨¢ declaraci¨®n en calidad de inculpadas a "las personas que resulten as¨ª identificadas acerca de las imputaciones que se les hace en el escrito fiscal". Los ediles Pagazaurtundua y Gonz¨¢lez declarar¨¢n como testigos, por ser "las personas que formularon denuncia".
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