Un macabro acr¨®stico

EL PLENO DEL CONGRESO escuch¨® el pasado jueves la demoledora intervenci¨®n del ministro de Defensa sobre la cat¨¢strofe ¨¢rea del Yakovlev-42 D, que cost¨® la vida a sus 13 tripulantes y a 62 militares espa?oles que regresaban a casa desde Afganist¨¢n y Kirguizist¨¢n despu¨¦s de concluir su misi¨®n humanitaria. El aparato, fabricado en la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica y con bandera de Ucrania, se estrell¨® el 26 de mayo de 2003 a 20 kil¨®metros del aeropuerto de Trebisonda, escala t¨¦cnica del vuelo. El Gobierno de Aznar tergivers¨®, ocult¨® y false¨® todos los datos sobre la cat¨¢strofe que pudieran resultar lesivos para su imagen corporativa. La mayor¨ªa absoluta del PP en la anterior legislatura permiti¨® al ministro de Defensa, Federico Trillo, vetar la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria y yugular las exigencias de responsabilidad pol¨ªtica. La cortina de humo esparcida desde los medios oficiales lleg¨® a densidades grotescas: las palabras iniciales de los seis p¨¢rrafos del editorial -"Un error humano"- publicado por la Revista Espa?ola de Defensa de julio-agosto de 2003 formaban -intencionada o casualmente- una frase susceptible de ser interpretada como el remedo en prosa de un macabro acr¨®stico de humor negro: "El responsable definitivo es el EMAD" (Estado Mayor de la Defensa).

El informe del ministro de Defensa sobre las causas del accidente a¨¦reo de Turqu¨ªa que cost¨® la vida a 62 militares espa?oles en mayo de 2003 puso de relieve las graves responsabilidades del Gobierno de Aznar

El apasionado libro Yak-42, honor y verdad (Pen¨ªnsula / Atalaya, 2004), del periodista del Heraldo de Arag¨®n Ram¨®n Javier Campo, no es s¨®lo un relato documentado de la tragedia, sino tambi¨¦n una cr¨ªtica acerba del bochornoso comportamiento del anterior Gobierno al respecto. Pero la mentira -por acci¨®n o por omisi¨®n- siempre tiene las patas cortas. El obstruccionismo desplegado inicialmente por la juez Palacios y el fiscal Fungairi?o para impedir que la Audiencia Nacional depure las eventuales responsabilidades penales de la cat¨¢strofe ha sido desbaratado por C¨¢ndido Conde Pumpido.

El ministro Bono hab¨ªa comparecido el 7 de julio ante la Comisi¨®n de Defensa del Congreso para aclarar los puntos oscuros y deshacer los embustes que imped¨ªan reconstruir la cr¨®nica del accidente. El Pleno hab¨ªa sido fijado inicialmente el 30 de septiembre, pero fue aplazado a fin de no perturbar el 15? Congreso del PP a principios de octubre; sin embargo, los compromisarios aprovecharon la pr¨®rroga para echar gasolina al fuego con el nombramiento de Federico Trillo -titular de Defensa en mayo de 2003- como presidente del Comit¨¦ de Derechos y Garant¨ªas del PP. El ministro Bono complet¨® su sombr¨ªo relato de hace tres meses con datos todav¨ªa m¨¢s s¨®rdidos; las amenazadoras, desvergonzadas y provocadoras intervenciones del obsceno portavoz del PP, Eduardo Zaplana, vejaron la dignidad del Congreso, el respeto a la verdad y la sensibilidad democr¨¢tica.

Buena parte de las informaciones dadas en su d¨ªa por el Gobierno de Aznar eran falsas. Los aviones de la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica utilizados para el traslado de las tropas no eran s¨®lo inh¨®spitos, sino tambi¨¦n peligrosos: antes de la cat¨¢strofe de Trebisonda, varios aparatos de ese tipo sufrieron hasta siete accidentes en diversos pa¨ªses. El Ministerio de Defensa hab¨ªa recibido 12 quejas de militares espa?oles que viajaron en alguno de los 44 vuelos fletados para misiones humanitarias. La sombra de la colusi¨®n entre pol¨ªtica y negocios tambi¨¦n se proyecta sobre ese drama. El arrendamiento del averiado Yak-42 pas¨® por cinco subcontrataciones: a lo largo de esa extra?a cadena se evapor¨® el seguro de 75.000 d¨®lares por pasajero. El alquiler del aparato era superior al precio de los aviones de pasajeros utilizados para los traslados desde Kuwait. La tripulaci¨®n del Yak-42 -cuya caja de voz en registro en cabina estaba estropeada desde hac¨ªa mes y medio- llevaba m¨¢s de 23 horas de servicio. Mientras los forenses turcos identificaron correctamente 32 de los 62 cad¨¢veres, el equipo espa?ol se equivoc¨® en el reconocimiento de los 30 cuerpos que les hab¨ªan sido confiados. Y la negativa a permitir que las familias abrieran los ata¨²des de sus deudos y la resistencia a utilizar la prueba del ADN para la identificaci¨®n de las v¨ªctimas hace suponer que el Gobierno de Aznar sospechaba o conoc¨ªa el fraude.