Abusos no

Son 20.000, o eso proclaman, los miembros de la plataforma Abusos Urban¨ªsticos No, colectivo de propietarios damnificados por la todav¨ªa vigente Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU). Han movilizado a los embajadores de 17 pa¨ªses europeos para que defiendan su queja ante el gobierno espa?ol y, todo al tiempo, la han hecho llegar a las principales instituciones de la Uni¨®n Europea. O sea, que han sacudido todas las instancias pol¨ªticas posibles para denunciar y enmendar los expolios a que ha dado lugar la mentada norma. Por lo pronto -pues el caso no est¨¢ cerrado- ya han logrado que se modifique la ley, mejorando las garant¨ªas de los propietarios frente a los promotores o agentes urbanizadores, algunos o muchos de los cuales han cometido buen n¨²mero de tropel¨ªas en el curso de estos diez ¨²ltimos a?os.

De este episodio, con tan extraordinaria proyecci¨®n medi¨¢tica en Espa?a y en Europa, nos resultan especialmente llamativos unos aspectos. El primero de ellos, que todav¨ªa est¨¦ en vigor una ley, la LRAU, que ha propiciado los abusos y que, obviamente, puede seguir ampar¨¢ndolos en tanto no se suspenda o derogue. Constatadas las brechas del texto legal por donde se colaban los expoliadores, ?qu¨¦ ha impedido que se suspenda o derogue tal normativa, siendo as¨ª, adem¨¢s, que es inminente la aprobaci¨®n de la nueva? Da la impresi¨®n de que la Administraci¨®n -local y auton¨®mica- quiere dar las ¨²ltimas oportunidades a los truhanes rezagados.

No es menos chocante el tiempo transcurrido desde que se constataron los fallos de la ley y estallaron los primeros quejidos hasta que la autoridad competente toma cartas en el asunto -ayer, como quien dice- y comprueba, en efecto, que hay mucho agente urbanizador que, envuelto con el texto legal, epata a Al¨ª Bab¨¢ ante la indefensi¨®n de sus v¨ªctimas. Quiz¨¢ nos equivoquemos y debamos hacer alguna excepci¨®n, pero creemos que ning¨²n partido pol¨ªtico se dio por aludido en este conflicto que reputaron -o eso parece- un contencioso subalterno promovido por extranjeros residentes en el pa¨ªs. Ahora vemos que tambi¨¦n son legi¨®n los ind¨ªgenas que han pasado -o est¨¢n en ello- por el aro de los promotores.

A poco que se lea con detenimiento la informaci¨®n publicada a este respecto se constata que no todos los motivos de la protesta hay que adjudic¨¢rselos a la repetida LRAU valenciana. Algunos son de origen estatal y en cuanto a los abusos -unos ciertos y otros m¨¢s aparentes- son en parte homologables a la pr¨¢cticas urban¨ªsticas que se observan en otros pa¨ªses pr¨®ximos. Pr¨¢cticas que propenden, como es sabido, a liberar suelo privado, mermando razonablemente el sacrosanto derecho de propiedad. Un derecho, todo hay que decirlo, que no pocos extranjeros adquirieron por estos lares a precio de ganga, aunque leg¨ªtimamente, y hoy lo ven multiplicado. Eso lo sabe muy bien el presidente de la beligerante plataforma citada al comienzo, Charles Svoboda, beneficiario ¨¦l mismo del desarrollo del mercado inmobiliario.

No ha sido ¨¦sta una buena noticia para el Pa¨ªs Valenciano, que probablemente no est¨¢ m¨¢s involucrado que cualquier otra autonom¨ªa litoral en el agio de la especulaci¨®n urban¨ªstica. Pero mucho peor ser¨ªa que, a la postre, se demostrase la existencia de tramas expoliadoras con connivencias pol¨ªticas. Ser¨ªa escandaloso, pero no ins¨®lito.