El Poder Judicial, contra la ley que exige a los jueces saber catal¨¢n

La mayor¨ªa conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opone a la proposici¨®n de ley org¨¢nica presentada al Congreso de los Diputados por el Parlament para que se exija a los jueces que ejerzan en Catalu?a el dominio del catal¨¢n y del derecho propio. Tres de los cinco miembros de la Comisi¨®n de Estudios e Informes del CGPJ, propuestos por el PP, votaron el informe sobre dicha propuesta, mientras que el vicepresidente Fernando Salinas, que vot¨® en contra, estima l¨®gico que los jueces conozcan la lengua del lugar donde ejercen.

El ponente del informe fue el conservador Adolfo Prego. Los otros dos consejeros miembros de la mencionada comisi¨®n, ambos propuestos por el PSOE, votaron de forma diferente: el vicepresidente Fernando Salinas vot¨® en contra del informe, que "dramatiza el problema", seg¨²n explic¨® a este peri¨®dico, y el vocal Luis Aguiar se abstuvo. "Tengo dudas sobre el fondo", dijo, "pero en todo caso hay que suavizar ese informe, que hace exageradas declaraciones de inconstitucionalidad que no corresponden al CGPJ".

En efecto, el informe considera: "La propuesta de configurar el conocimiento del idioma y derecho propios de las comunidades aut¨®nomas como requisito de capacidad (y no como mero m¨¦rito preferente) para obtener plaza en ¨®rganos judiciales radicados en sus respectivos territorios se juzga de dudosa constitucionalidad".

Carrera judicial ¨²nica

En cuanto al conocimiento y dominio del catal¨¢n por los jueces que ejerzan en Catalu?a "como un genuino requisito de capacidad", el informe aprobado por la mayor¨ªa conservadora argumenta que esa exigencia "para la provisi¨®n de destinos de la carrera judicial en ¨®rganos radicados" en Catalu?a, "conducir¨ªa de facto a una compartimentaci¨®n territorial de la carrera, que desvirtuar¨ªa de hecho su car¨¢cter ¨²nico o nacional". El informe invoca el art¨ªculo 122.1 de la Constituci¨®n, que establece que los jueces y magistrados de carrera "formar¨¢n un cuerpo ¨²nico".

En cuanto a la traducci¨®n al castellano de todos los documentos en catal¨¢n que deban surtir efecto en tribunales radicados en Madrid, mientras que la propuesta legislativa prev¨¦ que la traducci¨®n la realicen los servicios de los ¨®rganos jurisdiccionales centrales del Estado, el informe "aboga por el mantenimiento de la obligaci¨®n de traducci¨®n en origen de todas las actuaciones" redactadas en catal¨¢n o en el idioma auton¨®mico de que se trate.

Seg¨²n el informe que previsiblemente har¨¢ suyo el CGPJ, la obligaci¨®n de conocer el catal¨¢n o el idioma auton¨®mico correspondiente que la propuesta legislativa impone a los jueces y magistrados destinados en comunidades aut¨®nomas con idioma propio "vulnera la norma constitucional que prescribe que los jueces y magistrados formar¨¢n un cuerpo ¨²nico de ¨¢mbito nacional".

Entender al ciudadano

El vicepresidente Salinas explica su voto en contra del informe, ante el que "parece que se va a romper la unidad del poder judicial por el hecho de que los jueces tengan que conocer el idioma y el derecho propio de cada autonom¨ªa, que es una exigencia l¨®gica". A?ade que, dado el derecho de los ciudadanos a expresarse en su lengua, "el juez debe entenderlos sin necesidad de traductores tras unos a?os en el cargo".

Salinas estima "l¨®gico, como una correspondencia al derecho de los ciudadanos a expresarse en su lengua, que el juez les entienda". Propone que, para ello, se establezca una fase que en el caso del catal¨¢n podr¨ªa ser de unos cinco a?os y en el del euskera de 8 o 10, y se niega a vincular estas medidas con "la unidad de Espa?a".