Cauces transparentes
La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir propone un acuerdo por el agua
La nueva cultura del agua, cuyos planteamientos estaban reservados hasta hace poco al movimiento ecologista y a aquellos sectores m¨¢s comprometidos de la Universidad o los centros de investigaci¨®n, ha terminado por empapar a algunos de los organismos que mayor resistencia opon¨ªa a esta corriente de pensamiento. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir no s¨®lo ha incorporado algunos de los planteamientos que apuestan por un aprovechamiento m¨¢s sostenible de este recurso limitado sino que, incluso, trata ahora de romper con una larga tradici¨®n de opacidad informativa, en la que ten¨ªan dif¨ªcil cabida el di¨¢logo y el consenso.
Desde el pasado lunes, y despu¨¦s de haberlo sometido a la opini¨®n del Consejo Andaluz del Agua, cualquier ciudadano puede consultar en la web de la confederaci¨®n (www.chguadalquivir.es) el documento con el que este organismo trata de promover un gran acuerdo en torno al agua en la principal cuenca andaluza. A lo largo de una docena de p¨¢ginas se establece un diagn¨®stico de la situaci¨®n actual y se proponen diversas soluciones a diferentes problemas, invitando a los lectores a que incorporen las sugerencias que crean necesarias.
La propuesta parte del convencimiento de que la soluci¨®n a los problemas que giran en torno al aprovechamiento del agua "no se encuentra en el ¨¢mbito puramente hidr¨¢ulico, sino en el m¨¢s amplio de la pol¨ªtica territorial, en el marco del desarrollo rural, con criterios econ¨®micos y sociales y en estrecha colaboraci¨®n con la administraci¨®n auton¨®mica". De esta manera se admite, al fin, que estamos en los ¨²ltimos momentos de una etapa hist¨®rica en la que el d¨¦ficit de agua tan s¨®lo se ha venido resolviendo mediante planes de infraestructuras de regulaci¨®n y trasvase, como si estos elementos fueran capaces de proporcionar recursos ilimitados.
La regulaci¨®n superficial en la cuenca del Guadalquivir se sit¨²a en torno al 45% de los recursos h¨ªdricos naturales, por lo que no parece razonable, a juicio de la confederaci¨®n, acometer la construcci¨®n de nuevas presas de cierta entidad. Tan s¨®lo se admite la incorporaci¨®n de La Bre?a y Arenoso, y, en determinadas circunstancias justificadas, la de Siles. Tampoco deber¨ªa incrementarse el aprovechamiento de los recursos subterr¨¢neos, ya que numerosos acu¨ªferos se explotan por encima de sus posibilidades de recarga, retirando cantidades cercanas, e incluso superiores, al 50% de sus recursos renovables.
En el documento se propone limitar la demanda de los regad¨ªos y establecer medidas de ahorro, entre las que se citan el fomento en el uso de aguas recicladas, la modernizaci¨®n de las redes de abastecimiento urbano y agr¨ªcola, la correcta medici¨®n de los consumos o la limitaci¨®n en el aprovechamiento de especies vegetales que demanden grandes cantidades de agua.
Como se ven¨ªa reclamando desde los colectivos conservacionistas, el agua, defiende el documento, no puede separarse de los ecosistemas acu¨¢ticos a ella asociados, de tal manera que la gesti¨®n del recurso debe incorporar las necesarias cautelas ambientales. En situaciones de sequ¨ªa, por ejemplo, se admite que adem¨¢s de garantizar las demandas b¨¢sicas deben tratar de reducirse los efectos ambientales adversos, contemplando ambos factores en un plan de gesti¨®n de este tipo de situaciones, ciertamente frecuentes en la comunidad andaluza.
Tambi¨¦n se proponen diferentes mecanismos para garantizar la correcta depuraci¨®n de las aguas residuales que se vierten a los cauces, ya que en la actualidad el 30% de los municipios de entre 15.000 y 100.000 habitantes carecen de plantas depuradoras, mientras que un buen n¨²mero de instalaciones de este tipo registran un mal funcionamiento. A este aporte de residuos se une la contaminaci¨®n difusa causada por malas pr¨¢cticas agr¨ªcolas, cuyo efecto m¨¢s grave es la presencia de diferentes sustancias qu¨ªmicas (abonos y productos fitosanitarios) en las aguas superficiales y subterr¨¢neas.
M¨¢s all¨¢ del cl¨¢sico principio de "quien contamina paga", la confederaci¨®n propone uno m¨¢s ambicioso por el que "quien genere distorsiones o problemas de cualquier ¨ªndole en la gesti¨®n del agua pague, a fin de compensar al resto de usuarios y a la sociedad en general". Estos buenos prop¨®sitos, sin embargo, no podr¨¢n materializarse si este organismo no mejora sus mecanismos de vigilancia y control.
Entre otros instrumentos novedosos, el acuerdo que ahora se somete a la opini¨®n de los ciudadanos propone la creaci¨®n de bancos p¨²blicos del agua, donde atesorar este recurso para emplearlo en los usos m¨¢s beneficiosos, comunidades de usuarios, capaces de autorregularse en el aprovechamiento de los acu¨ªferos, o redes de control dise?adas para proporcionar informaci¨®n sobre el conjunto de recursos de la cuenca, ya sean superficiales o subterr¨¢neos.
De dominio p¨²blico
El an¨¢lisis de la CHG no oculta la degradaci¨®n del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, considerando ¨¦ste como algo m¨¢s que "un simple canal que transporta agua". La invasi¨®n de los cauces, la miner¨ªa a cielo abierto, las escombreras, las alteraciones de los lechos fluviales, la p¨¦rdida de las funciones ecol¨®gicas de r¨ªos y humedales o la irregularidad de los caudales de mantenimiento de estos ecosistemas, son algunos de los problemas que se apuntan en lo que se refiere a la destrucci¨®n de este patrimonio com¨²n.
Esta es una de las principales preocupaciones de Ecologistas en Acci¨®n, que ya en junio solicit¨® a la ministra de Medio Ambiente un esfuerzo decidido en la protecci¨®n del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico. A¨²n cuando la actual legislaci¨®n ampara este af¨¢n conservacionista, este colectivo estima que son m¨¢s de 40.000 las construcciones ilegales que, en toda Espa?a, se levantan dentro de los cauces o en sus inmediatas zonas de influencia, y la cifra no para de crecer.
De estas construcciones, afirman los ecologistas, "la mayor¨ªa son viviendas, aunque tambi¨¦n existen un buen n¨²mero de campings, polideportivos e, incluso, colegios".
Ecologistas en Acci¨®n propone que, en el plazo de dos a?os, concluya el deslinde de la totalidad del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, y que en cinco a?os se eliminen todas las construcciones existentes en estas zonas, procediendo a la restauraci¨®n ambiental de las mismas, La Guardia Civil, por ¨²ltimo, deber¨ªa intensificar la vigilancia en estos terrenos de manera que se paralicen las obras ilegales y se impongan las oportunas sanciones .
Un paso m¨¢s en la conservaci¨®n de estos espacios ser¨ªa la creaci¨®n de reservas fluviales en todos aquellos tramos de r¨ªos "con escasa o nula intervenci¨®n humana".
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