La naturaleza compartida

Las principales organizaciones ecologistas de ¨¢mbito nacional han escogido duros calificativos a la hora de valorar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que otorga a las comunidades aut¨®nomas, en exclusiva, las competencias de gesti¨®n en los parques nacionales. A juicio de Ecologistas en Acci¨®n, SEO-Birdlife y WWF-Adena, el fallo del Constitucional supone un "golpe mortal a la red de parques nacionales y un claro retroceso que s¨®lo viene a satisfacer las pretensiones de algunas comunidades aut¨®nomas". En definitiva, concluyen estos colectivos, el nuevo criterio "no aporta nada nuevo ni positivo a la conservaci¨®n de la biodiversidad de estos espacios".

En id¨¦nticos t¨¦rminos se han expresado profesionales implicados en tareas ambientales, como es el caso de los ingenieros t¨¦cnicos forestales. El colegio oficial que los agrupa considera la sentencia como "una mala noticia para la conservaci¨®n de la naturaleza en Espa?a", ya que ceder la gesti¨®n de los parques nacionales a las comunidades aut¨®nomas supone "exponerlos a mayores presiones sociales y econ¨®micas locales". No es de extra?ar, por tanto, que este colectivo defienda el modelo de cogesti¨®n que ven¨ªa funcionando hasta ahora, por considerarlo "el m¨¢s l¨®gico". Incluso sostienen que este modelo ha hecho posible una buena gesti¨®n de estos territorios "independientemente del color pol¨ªtico del gobierno de la naci¨®n".

Con todo, han sido precisamente los conflictos entre administraciones de distinto signo pol¨ªtico los que en su d¨ªa llevaron a la Junta a buscar el arbitrio del Tribunal Constitucional, ya que la pretendida cogesti¨®n estaba siendo administrada con notable cicater¨ªa desde Madrid.

Tambi¨¦n resulta parad¨®jico el argumento de las presiones locales como factor que puede alterar la conservaci¨®n de los parques ya que, invirti¨¦ndolo, tambi¨¦n podr¨ªa defenderse que las comunidades aut¨®nomas conocen mejor los problemas de sus propios territorios y son m¨¢s sensibles, por pura cercan¨ªa, a las inquietudes que manifiestan todos aquellos colectivos relacionados de alguna manera con estos territorios excepcionales. Sin embargo, este factor tiene un notable peso en buena parte del movimiento ecologista andaluz, que no perdona al Gobierno auton¨®mico el haber sido tolerante con actuaciones como la de Costa Do?ana, la macrourbanizaci¨®n que origin¨® una contundente reacci¨®n en defensa del cercano parque nacional y que acab¨® por descartarse.

Pero quiz¨¢ lo m¨¢s llamativo de estas reacciones, vista la serenidad con la que el Ministerio de Medio Ambiente ha acogido la sentencia y la l¨®gica satisfacci¨®n que ha expresado la Junta, es que se producen al hilo de una interpretaci¨®n jur¨ªdica que los propios ecologistas sab¨ªan que, tarde o temprano, acabar¨ªa por imponerse. Ya en 1992 un informe, redactado por expertos juristas a petici¨®n de varias asociaciones ecologistas representadas en los patronatos de parques nacionales, anunciaba, de alguna manera, el modelo que ahora consagra el Constitucional y que, por otra parte, era ya com¨²n a la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos.

Aquel informe, que recobra plena vigencia diez a?os despu¨¦s de publicarse en la Revista de Administraci¨®n P¨²blica, afirmaba, con clara contundencia, "que el modelo espa?ol, que reserva en exclusiva al Estado la declaraci¨®n y gesti¨®n de los parques nacionales, no tiene precedente en los estados federales o pol¨ªticamente descentralizados integrantes de la Comunidad Europea". Estas competencias, precisaba el documento, "corresponden a los estados federados, comunidades o regiones aut¨®nomas, all¨¢ donde han sido constituidos, de forma exclusiva o compartida".

Incluso en el caso de que estas atribuciones fueran compartidas entre las dos administraciones, central y regional, es com¨²n que prevalezca el criterio de esta ¨²ltima, y a este respecto se citaba el caso de Alemania, donde, en lo que respecta a los parques nacionales, el Gobierno central comparte algunas atribuciones con los l?nders (iniciaci¨®n e instrucci¨®n del proceso declarativo), aunque, a la hora de la verdad, "la administraci¨®n federal se limita a la tutela de los intereses propios de la federaci¨®n, entre los que se encuentra la verificaci¨®n de los requisitos que, para la declaraci¨®n, imponen las normas b¨¢sicas".

La sentencia del Constitucional no anula una cierta labor de tutela que seguir¨¢ correspondiendo al Gobierno central. De esta manera, el Ministerio de Medio Ambiente continuar¨¢ encarg¨¢ndose de aprobar el Plan Director de los Parques Nacionales de Espa?a, en el que se recogen los principios b¨¢sicos de conservaci¨®n, y que se dise?ar¨¢ de acuerdo a la opini¨®n del Consejo de la Red de Parques Nacionales, en el que estar¨¢n representadas las comunidades aut¨®nomas. Se mantienen, asimismo, los patronatos, en los que hay representaci¨®n de las diferentes administraciones, y tampoco sufre modificaciones el proceso de declaraci¨®n, que sigue dependiendo del Parlamento de la Naci¨®n.