Burlada valora el lenguaje no sexista en convocatorias de empleo y servicios

El Ayuntamiento navarro de Burlada es el primero de Espa?a cuya ordenanza valora con un 5% el uso de un lenguaje no sexista en todas las pruebas de acceso a un puesto de trabajo p¨²blico y en los contratos para la gesti¨®n indirecta de servicios p¨²blicos. La iniciativa est¨¢ respaldada por un informe del Instituto de la Mujer que asegura que "no hay ninguna norma ni estatal ni auton¨®mica que impida expresamente incluir en una ordenanza municipal" una cl¨¢usula semejante.

El instituto, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, considera adem¨¢s que el 5% "es una pauta de valoraci¨®n ajustada, proporcional y ampliamente justificada". Sin embargo, la normativa de este municipio de 18.000 habitantes pr¨®ximo a Pamplona nace entre voces discrepantes. La Junta de Contrataci¨®n Administrativa de Navarra, en un informe remitido a trav¨¦s del Gobierno de Navarra, advierte de la "inviabilidad jur¨ªdica" de tal pretensi¨®n desde la ¨®ptica de la regulaci¨®n p¨²blica de los contratos administrativos.

El proceso de alumbramiento de la norma no ha sido f¨¢cil. Cuando Silvia Vel¨¢squez, concejal del PSN-PSOE, y Anacar Senosi¨¢in, t¨¦cnica del ¨¢rea de la Mujer del Ayuntamiento, decidieron emprender este camino como un aspecto m¨¢s del Plan de Igualdad de Oportunidades local, aprobado en 2002, se encontraron con que no exist¨ªa ninguna ordenanza similar en Espa?a. "Ahora nos piden la nuestra desde numerosos ayuntamientos espa?oles y tambi¨¦n algunos franceses", subraya Vel¨¢squez.

El pasado 3 de junio el equipo de gobierno (PSN-PSOE, IU, Aralar y Batzarre) aprob¨® la nueva ordenanza con la abstenci¨®n de los dos partidos de la oposici¨®n, Uni¨®n del Pueblo Navarro (UPN) y Convergencia de Dem¨®cratas de Navarra (CDN). La primera regulaci¨®n de Espa?a de estas caracter¨ªsticas est¨¢ ahora a la espera de su publicaci¨®n definitiva en el Bolet¨ªn Oficial de Navarra, una vez que se concrete el programa de formaci¨®n del personal municipal. La norma no ha recibido ni una sola alegaci¨®n en el periodo de treinta d¨ªas transcurridos desde su publicaci¨®n inicial en el bolet¨ªn.

El art¨ªculo d¨¦cimo de la ordenanza contiene el n¨²cleo de la norma. Dice textualmente: "En todas las convocatorias p¨²blicas de puestos de trabajo efectuadas por el Ayuntamiento se valorar¨¢ con un 5% el uso de un lenguaje no discriminatorio en las pruebas". Y a?ade: "En los expedientes de contrataci¨®n para la gesti¨®n indirecta de servicios p¨²blicos (...) se incluir¨¢ una cl¨¢usula que recoja el compromiso de no utilizar im¨¢genes o mensajes degradantes y/o discriminatorios para las mujeres y se valorar¨¢ con un 5% el uso no discriminatorio del lenguaje en la redacci¨®n del proyecto t¨¦cnico".

Disposici¨®n "neutra"

Mar¨ªa ?ngeles Barr¨¨re Unzueta, profesora de Filosof¨ªa del Derecho de la UPV, considera "neutra" la disposici¨®n, ya que no diferencia en el trato a hombres y mujeres ni, por consiguiente, "genera a unos u otros hipot¨¦ticos prejuicios o beneficios". En su informe, la profesora considera que la ordenanza responde "a la plasmaci¨®n sin ning¨²n tipo de extralimitaciones, del art¨ªculo 9.2 de la Constituci¨®n Espa?ola" De ah¨ª, a?ade, "que no pueda argumentarse la puesta en cuesti¨®n de los principios de m¨¦rito y capacidad que rigen el acceso a la funci¨®n p¨²blica".

La junta de Contrataci¨®n Administrativa de Navarra, por el contrario, se?al¨® que no existen normas que regulen la materia, ni institutos o servicios oficiales u homologados que acrediten "la conformidad con referencia a estas normas", por lo que "solamente de forma subjetiva se puede apreciar la existencia de ese uso discriminatorio". El principal problema de baremar el uso de ese lenguaje, seg¨²n la Junta de Contrataci¨®n, lo aporta la legislaci¨®n vigente. El art¨ªculo 89 de la ley foral de Contratos de las Administraciones P¨²blicas de Navarra exige "criterios objetivos" de adjudicaci¨®n, tales como "el precio, la f¨®rmula de revisi¨®n, el plazo de ejecuci¨®n o entrega, el coste de utilizaci¨®n, la rentabilidad, el valor t¨¦cnico o las caracter¨ªsticas est¨¦ticas" entre otros, unos aspectos similares a los exigidos por la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo. "Determinar de forma objetiva si en la redacci¨®n de un proyecto se hace un uso discriminatorio del lenguaje parece una tarea imposible", seg¨²n la Junta de Contrataci¨®n, que concluye afirmando que "el uso no discriminatorio del lenguaje no es un criterio objetivo que pueda servir de base para la adjudicaci¨®n del contrato".