"Un juicio que se celebra 30 a?os despu¨¦s es un juicio in¨²til"

Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro (Madrid, 1954) forma parte de la minor¨ªa progresista del Consejo General del Poder Judicial (el ¨®rgano de gobierno de los jueces). Esposo de juez y padre de dos hijos, ha ejercido de magistrado en casi todas las jurisdicciones. Su ¨²ltimo destino fue la Secci¨®n Penal de la Audiencia de Madrid. Atiende a EL PA?S en su despacho del Consejo. Su ordenador est¨¢ abierto en ese momento en una web que anuncia con grandes titulares que la Federaci¨®n Internacional de Patinaje ha decidido inadmitir a Catalu?a como selecci¨®n. Mart¨ªnez L¨¢zaro asegura que la situaci¨®n de la justicia de Madrid, atosigada por end¨¦micos atascos, es deficitaria en cuanto a medios e infraestructuras.

"En la jurisdicci¨®n civil el n¨²mero de asuntos ha aumentado un 50% en el ¨²ltimo quinquenio"

"Para ponernos a niveles razonables, la capital necesita 80 plazas judiciales"

Pregunta. Se est¨¢ celebrando ahora en la Audiencia, 30 a?os despu¨¦s de los hechos, el juicio por el caso de la estafa de Promocisa. ?Es ¨¦sta la justicia ¨¢gil, r¨¢pida y eficaz que pregonan los pol¨ªticos?

Respuesta. Es un caso extraordinario, una gran estafa en la que se vieron involucradas 4.000 o 5.000 personas. El aparato judical no ha sido capaz de dar una soluci¨®n eficaz en un plazo razonable. Un juicio que se celebra 30 a?os despues es un juicio in¨²til. El aparato judicial no est¨¢ preparado para ese tipo de asuntos.

P. Y la Audiencia de Madrid tambi¨¦n acaba de archivar otro asunto de hace 19 a?os, con 140 estafados, debido al tiempo transcurrido.

R. Todo esto refleja un mal funcionamiento de la justicia. Las causas son m¨²ltiples. Tenemos una de las ratios m¨¢s bajas de jueces y fiscales por habitantes y hacen falta m¨¢s medios econ¨®micos. Tambi¨¦n es necesaria una buena organizaci¨®n y control del trabajo judicial.

P. ?Es el Consejo, ustedes, los que tienen que controlar?

R. Esto quiere decir que no lo realizamos suficientemente bien. Un juicio como el de Promocisa ten¨ªa que haber disparado todas las alarmas. Y ¨¦ste y otros Consejos deber¨ªan haber abordado el tema buscando las causas del retraso y poniendo soluciones.

P. Pero esto lo dice usted cuando ya no hay soluci¨®n.

R. Hay verdaderas patolog¨ªas. Hay tribunales y juzgados de pueblos con importantes retrasos. Por ejemplo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior ten¨ªa 49.000 asuntos pendientes a finales de diciembre de 2003. En los ¨²ltimos a?os se han puesto refuerzos y se ha logrado reducir en unos 15.000 la bolsa de asuntos pendientes. El 31 de diciembre de 1999 hab¨ªa 64.626.

P. O sea que, pese el plan de apoyo, s¨®lo se ha logrado reducir 15.000 casos en cinco a?os.

R. S¨ª, pero hay que tener en cuenta que los asuntos registrados han aumentado en los ¨²ltimos a?os y, pese a ello, la bolsa ha disminuido en 15.000, y, adem¨¢s, se han resuelto 10.000 casos m¨¢s de los que se resolv¨ªan en 1999. El tiempo medio de respuesta al ciudadano ha bajado en esta Sala de los 30 meses de entonces a los 24 de ahora. Aun as¨ª, es un tiempo excesivamente elevado.

P. ?Trabajan lo suficiente los jueces?

R. La inmensa mayor¨ªa cumple perfectamente su trabajo y algunos superan ampliamente lo que se les exige. Aunque en una colectividad tan grande como ¨¦sta siempre hay alguien que no cumple sus obligaciones. El Consejo persigue estas conductas y sanciona a los incumplidores. Bien es verdad que es dif¨ªcil expulsar a un juez por una cuesti¨®n disciplinaria. De hecho, s¨®lo se ha expulsado a uno en los ¨²ltimos 25 a?os, pese a que hay incumplimientos graves: retrasos manifiestos, maltrato a los litigantes... En aquellos casos en que el Consejo ha decidido expulsar, la resoluci¨®n es revocada despu¨¦s por el Tribunal Supremo. Esto nos ha llevado a preferir imponer sanciones de larga duraci¨®n, o incapacitar a un juez, antes que acudir a la expulsi¨®n disciplinaria.

P. Da la impresi¨®n de que el legislador hace las leyes y olvida dotarles de medios econ¨®micos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, impone que la audiencia previa debe celebrarse a los 20 d¨ªas de que el ciudadano interponga la demanda. En Madrid, raro es el juez que tarda menos de un a?o en celebrarla. Luego, hay que esperar otros tres o cuatro meses m¨¢s para el juicio y otros tantos para que salga la sentencia...

R. Estas situaciones causan un perjuicio y vulneran el derecho del ciudadano a una justicia r¨¢pida y eficaz. Es cierto que en la jurisdicci¨®n civil el n¨²mero de asuntos se ha incrementado un 50% en el ¨²ltimo quinquenio: de 44.441 asuntos registrados en 1999 hemos pasado a 62.756 en 2003. Pero esto no justifica que no se preste la justicia de calidad a la que tiene derecho el ciudadano. Madrid ha tenido un crecimiento econ¨®mico de poblaci¨®n muy significativo, acompa?ado de un incremento de la litigiosidad y, sin embargo, no se han aumentado los medios.

P. ?Hay una huelga de celo encubierta en la jurisdicci¨®n civil?

R. No s¨¦ si hay una huelga encubierta. Es posible que alg¨²n magistrado no est¨¦ realizando su trabajo adecuadamente, aunque la mayor¨ªa cumple los m¨®dulos de trabajo y resuelve m¨¢s asuntos de los que exige el m¨®dulo [en torno a 750 casos por a?o]. Los jueces est¨¢n resolviendo un 37% de asuntos por encima del m¨®dulo.

P. Los juzgados de ejecutorias, los que se encargan de que se cumplan las sentencias, tienen 25.000 asuntos pendientes; los de familia tardan nueve meses en citar a las parejas que se quieren separar...

R. Ahora, con los juicios r¨¢pidos, se resuelven m¨¢s r¨¢pido los asuntos y se ha producido cierta acumulaci¨®n de causas para ejecutar. No es un problema s¨®lo de Madrid. Se est¨¢ estudiando reforzar la plantilla para dar salida al problema.

P. Los jueces se?alan que la justicia de Madrid es tercermundista. ?Qu¨¦ pasa en Madrid?

R. Ha crecido mucho la poblaci¨®n y no tanto la cifra de jueces. La proporci¨®n, la tasa de jueces por habitante en Madrid es la m¨¢s baja de Espa?a. En concreto, tiene 8,63 jueces por cada 100.000 habitantes; Asturias, 11,62; Pa¨ªs Vasco, 9,42. La media en Espa?a es 9,58; es decir, Madrid est¨¢ un punto por debajo de la media de Espa?a. Tambi¨¦n tenemos uno de los n¨²meros m¨¢s bajos de fiscales: 3,18 por cada 100.000 habitantes, frente a los 5,49 de Baleares. La media es de 3,53. Por contra, la media de entrada de asuntos por cada juzgado es la m¨¢s elevada del Estado: 2.663 asuntos por juzgado y a?o. En Catalu?a, por ejemplo, la media de entrada de asuntos por cada juzgado es de 1.712, lo que significa que cada juzgado o tribunal de Madrid tiene 900 asuntos m¨¢s.

P. Dibuja usted un panorama desolador para los madrile?os.

R. Es desolador y esperanzador. Tanto el ministerio como la Comunidad de Madrid son conscientes del problema. El ministerio ha hecho un gran esfuerzo y se van a construir 40 unidades judiciales este a?o pr¨®ximo. Para ponernos a niveles razonables, Madrid necesita 80 plazas judiciales. Que en este pr¨®ximo a?o se creen 40 nuevas plazas es un esfuerzo que no se ha visto en los ¨²ltimos decenios. La Comunidad tambi¨¦n se ha comprometido a crear la Ciudad de la Justicia para evitar la actual dispersi¨®n en cerca de 20 sedes judiciales.

P. Pero la Comunidad lleva hablando de la Ciudad de la Justicia desde 1996 y a¨²n no se ha hecho nada.

R. La Comunidad ha asumido esa responsabilidad, la de hacer la Ciudad de la Justicia, y a los ciudadano les corresponder¨¢ valorar si cumple o no.